La CNMC alerta: las comercializadoras eléctricas elevan a 300 millones el agujero por impagos
El regulador propone exigir un mínimo de 60.000 euros para ejercer la actividad para frenar impagos
El precio de la electricidad es un problema para la mayoría de los consumidores. Foto EFE
Comentarios
Las comercializadoras eléctricas que han cesado su actividad, han sido inhabilitadas o han acumulado importantes incumplimientos económicos han dejado un agujero cercano a los 300 millones de euros en el sistema eléctrico español. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone endurecer los requisitos a las empresas del sector que quieran acceder al mercado.
La crisis energética desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania puso a prueba la resistencia financiera de numerosas comercializadoras independientes.
El fuerte incremento de los precios mayoristas dejó al descubierto las debilidades de algunos operadores, incapaces de hacer frente a sus obligaciones económicas mientras mantenían contratos de suministro con sus clientes.
Muchas acabaron entrando en concurso de acreedores, cesando su actividad o siendo inhabilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Además, existen otras comercializadoras denominadas «fantasma» que no cuentan con actividad y que desde el Gobierno están tratando de eliminar del sistema en los últimos meses.
La CNMC cifra en 243 millones los impagos por compras no cubiertas con garantías
El regulador cifra en más de 243 millones de euros los impagos derivados de compras de energía no cubiertas mediante garantías.
A esta cantidad se suman otros 14 millones correspondientes al impago de peajes de acceso, costes fijos que pagan los consumidores en la factura de la luz, y hasta 40 millones adicionales de deuda fallida que la CNMC considera irrecuperable.
En total, el impacto económico asciende hasta 297 millones de euros. Competencia considera que estos problemas son consecuencia, en buena medida, del actual sistema de acceso al mercado.
Este se basa en una declaración responsable que permite a una empresa comenzar a operar prácticamente de forma inmediata, sin una comprobación previa de su solvencia financiera, su capacidad técnica o sus sistemas de gestión del riesgo.
El regulador sostiene que el problema no afecta únicamente a las empresas que desaparecen, sino al conjunto del sistema eléctrico, ya que los impagos terminan repercutiendo sobre otros agentes del mercado y generan costes que, en última instancia, acaban siendo asumidos por el resto del sector.
Además del perjuicio económico, la CNMC advierte de que estos episodios deterioran la confianza en el proceso de liberalización del mercado eléctrico.
España, líder europeo en número de comercializadoras
El informe pone el foco también en la elevada atomización del mercado español. Según los datos recopilados por la CNMC, España cuenta con 306 comercializadoras activas, más que cualquier otro país europeo, por delante de Alemania (212), Noruega (168) e Italia (141).
A cierre de diciembre de 2025, existían 564 empresas registradas, de las cuales 445 tenían al menos un cliente. Desde enero de 2022 hasta esa fecha, se registraron 214 altas de comercializadoras, frente a 144 bajas.
De estas últimas, 64 vieron extinguida su habilitación para el ejercicio de la actividad mediante resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Del total de inhabilitaciones, 39 se debieron al incumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad, mientras que los 25 restantes obedecieron a la falta de actividad de la empresa comercializadora.
Para el organismo supervisor, este elevado número de operadores ha favorecido la competencia y la entrada de nuevos actores, pero también ha permitido la llegada de empresas con escasa capacidad financiera para soportar episodios de elevada volatilidad en los mercados energéticos.
Uno de los datos que más preocupa al regulador es que 114 comercializadoras ofertaban contratos a precio fijo sin disponer de coberturas financieras para protegerse frente a las oscilaciones del mercado mayorista.
Aunque el conjunto del sector mantenía cubierto el 94% de la energía suministrada a precio fijo, la CNMC considera que la ausencia total de coberturas en un número tan elevado de operadores constituye un riesgo para la estabilidad del sistema.
Autorización previa y más exigencias
Ante esta situación, la CNMC propone un cambio profundo del modelo regulatorio. Su principal recomendación consiste en sustituir el actual régimen de declaración responsable por un sistema de autorización previa que permita verificar el cumplimiento de determinados requisitos antes de conceder la habilitación para operar.
Entre las medidas planteadas figura elevar el capital social mínimo hasta los 60.000 euros, frente a los 3.000 euros con los que actualmente puede constituirse una sociedad limitada.
Además, las empresas deberían acreditar que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no se encuentran en concurso de acreedores y disponen de recursos técnicos y humanos suficientes para desarrollar la actividad.
El organismo también plantea reforzar el control sobre la honorabilidad y experiencia de los administradores, exigir planes de gestión del riesgo y mejorar la supervisión continua de las comercializadoras una vez inicien su actividad.
La CNMC defiende que estas medidas acercarían el modelo español al de otros países europeos, donde las autoridades verifican previamente la solvencia de las empresas antes de autorizar su entrada en el mercado.
Con estas propuestas, el supervisor pretende cerrar la puerta a operadores sin capacidad económica suficiente y reducir el riesgo de que nuevas comercializadoras vuelvan a dejar importantes deudas tras abandonar el mercado.
