Correos (Pedro Saura) en apuros por el protocolo contra la documentación falsa en la regularización
La compañía entiende que el problema no está en el procedimiento, sino en la interpretación pública de una fase que permite presentar solicitudes incompletas
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Correos ha vuelto a verse obligada a desmentir informaciones que la situaban tramitando regularizaciones de inmigrantes sin exigir la documentación obligatoria, en particular el certificado de antecedentes penales.
La compañía ha activado su protocolo interno y se ha acogido al derecho de rectificación ante lo que considera una difusión de hechos falsos que daña su honor, su reputación y la imagen de sus oficinas.
La empresa pública insiste en que no tramita las regularizaciones, sino que ofrece apoyo en la presentación telemática de las solicitudes. La tramitación real corresponde a la Unidad Tramitadora de Expedientes de Extranjería, conocida como UTEX, que es la que evalúa la documentación y decide sobre el expediente.
Correos matiza además que, en el proceso de admisión, el personal puede recibir solicitudes aunque no estén completas, siempre que se señalen los documentos que faltan.
Eso no supone una rebaja de requisitos, porque la administración competente puede después requerir la subsanación de la documentación pendiente dentro del procedimiento legal establecido.
El origen del conflicto de Correos
La polémica se ha alimentado por la difusión de informaciones que sugerían que algunas oficinas estaban aceptando expedientes sin el certificado de antecedentes penales.
Correos rechaza tajantemente esa versión y sostiene que, desde el inicio del proceso de solicitudes presenciales el 20 de abril, el personal ya sabía que ese documento debía exigirse.
La compañía entiende que el problema no está en el procedimiento, sino en la interpretación pública de una fase que permite presentar solicitudes incompletas, pero no conceder regularizaciones sin la documentación exigida. En otras palabras, una cosa es recibir un expediente y otra muy distinta resolverlo favorablemente.
Protocolo activado
Ante la polémica, Correos ha activado un protocolo de respuesta reputacional y jurídica. La empresa se ampara en la Ley Orgánica 2/1984 para ejercer su derecho de rectificación frente a informaciones que considera falsas y que, a su juicio, han sido publicadas sin el necesario contraste con la compañía.
Correos no quiere dejar pasar el asunto como una simple aclaración técnica. La dirección considera que la difusión del bulo puede afectar a la confianza de los ciudadanos en el servicio y en la imagen de las oficinas, justo en un contexto en el que la entidad está muy expuesta por su papel en procesos administrativos sensibles.
La clave jurídica del caso está en la Ley 39/2015, que permite que una solicitud pueda ser presentada aunque la documentación no esté completa, siempre que se identifique qué falta. Después, la administración puede pedir subsanaciones y revisar el expediente antes de tomar una decisión.
El mecanismo es habitual en procedimientos administrativos y no implica, por sí mismo, que se relajen los requisitos. Correos subraya precisamente que seguir ese cauce no supone aceptar irregularidades, sino aplicar el procedimiento común previsto por la ley.
Correos blinda el voto por correo
Correos, ha formalizado la compra de dispositivos GPS para rastrear los votos por correo. El contrato ha sido adjudicado a la compañía General Comunicaciones y Seguridad SA, conocida como GECOMSE, una firma especializada en servicios de seguridad críticos y habitual proveedora del Estado.
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Según ha podido saber este medio de comunicación, el presupuesto base de la licitación ha sido de 226.536 euros (IVA incluido). La adjudicación ha destacado por su celeridad y la falta de competencia, pues GECOMSE ha sido la única empresa que ha participado a pesar de ser un proceso publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El objetivo de esta licitación es disipar cualquier duda sobre el paradero de los votos por correo desde que salen de las manos del ciudadano hasta su entrega en la mesa electoral, en un contexto marcado por la polémica surgida en las últimas elecciones de Extremadura.
Días antes de los comicios, se produjo un robo de una caja fuerte en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), provocando la desaparición de 124 votos por correo y abriendo un debate político sobre la seguridad y trazabilidad del sistema electoral.
El contrato se ha tramitado mediante un procedimiento especial de normas internas y con un plazo de ejecución muy rápido, pues GECOMSE deberá entregar los dispositivos en tan solo 15 días. El documento debe quedar formalizado legalmente a más tardar el 28 de mayo de 2026, por lo entrará en vigor en las próximas elecciones generales y autonómicas, previstas para 2027.
