Dos hospitales privados rompen con ISFAS, el MUFACE de los militares
El abandono de centros privados y aseguradoras deja al descubierto la fragilidad del sistema sanitario de los militares, mientras crece la presión
Closeup view of soldiers lined up in a row
Comentarios
El sistema sanitario de los militares, gestionado a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), atraviesa una etapa crítica. Dos hospitales privados han anunciado recientemente su retirada del convenio con esta mutualidad, sumándose así a una cadena de abandonos que comprometen seriamente la continuidad y calidad del servicio prestado a los afiliados.
Este movimiento, aunque aún limitado, ha encendido todas las alarmas dentro del sector, especialmente en el seno de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que reclama medidas urgentes por parte del Gobierno y las aseguradoras para frenar lo que podría convertirse en un efecto dominó.
Una situación que se repite
Los hospitales no son los únicos en dar un paso atrás. A principios de año, la aseguradora DKV se retiró del último concierto sanitario con las mutualidades, una decisión que dejó a miles de usuarios sin cobertura médica concertada en múltiples puntos del país. En paralelo, grandes aseguradoras como Sanitas o Mapfre decidieron no participar en el último convenio con Mugeju, la mutualidad que da cobertura a funcionarios del ámbito judicial.
Estos abandonos no son casuales. Detrás de ellos, existe una realidad económica insostenible: los conciertos actuales no compensan los costes reales de los servicios sanitarios. Médicos y centros hospitalarios denuncian desde hace años una progresiva pérdida de rentabilidad, que se traduce en menores ingresos, precariedad en la atención y menor capacidad de retener talento sanitario.
Los números hablan: más de 45.000 bajas
El deterioro del sistema se refleja también en las cifras de afiliación. Según datos del propio ISFAS, a cierre de enero de 2025, más de 45.000 mutualistas abandonaron el concierto sanitario en vigor. Una cifra que dobla los registros del año anterior y que revela una creciente desconfianza por parte de los usuarios hacia un modelo que ya no garantiza la calidad de antaño.
Aunque los afectados tendrán la posibilidad de regresar a lo largo de mayo y junio, el daño a la imagen del sistema ya está hecho. Muchos de ellos han optado por integrarse en el sistema público de salud, buscando mayor estabilidad y cobertura asistencial.
Llamamiento a la intervención del Estado
La CSIF ha elevado la voz y exige una respuesta inmediata del Gobierno. La organización sindical considera que el modelo de mutualismo administrativo ha sido eficaz durante décadas, pero advierte que se encuentra en un punto de inflexión peligroso.
La falta de financiación adecuada en los últimos conciertos ha ido degradando la calidad de la asistencia sanitaria, y sin una intervención clara por parte del Ejecutivo, el modelo podría terminar desmantelándose por completo. Para la CSIF, los datos del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), recientemente publicado, no deben ser utilizados como excusa para desmontar el sistema, sino como una oportunidad para reformarlo y reforzarlo.
Muface, pendiente de una renovación clave
Mientras tanto, la otra gran mutualidad, Muface, prepara la firma de su próximo concierto sanitario, que se extenderá durante los próximos tres años y entrará en vigor en mayo. Su resolución será una prueba crucial para comprobar si la Administración está dispuesta a rectificar el rumbo o si persistirá en un modelo de financiación que los profesionales sanitarios califican de insuficiente.
El futuro de ISFAS y de las demás mutualidades está, por tanto, en una encrucijada. La disyuntiva es clara: o se fortalecen los pilares económicos y operativos del sistema, o se corre el riesgo de una fuga masiva de centros y profesionales, lo que tendría un impacto directo sobre los cientos de miles de funcionarios que dependen de estas instituciones para su atención médica.
En este contexto, lo que está en juego no es solo la viabilidad financiera de unas pocas entidades, sino el propio concepto de mutualismo administrativo, que durante años ha sido un ejemplo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario. Su recuperación o su declive dependerán, en buena parte, de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
