Guerra judicial entre Indra y Bruselas: la tecnológica recurre ante el TGUE el rechazo de un contrato de 80 millones
La compañía española fue la única invitada a presentar una oferta para el contrato de comunicaciones del SEAE, que finalmente rechazó su propuesta y deja desierta la licitación
Fachada de la sede de Indra. Foto: Europa Press.
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Indra ha elevado a los tribunales europeos su disputa con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el brazo diplomático de la Unión Europea, por el rechazo de su oferta para un contrato cuyo valor estimado asciende a 77,8 millones de euros, según ha adelantado La Información Económica.
Este se trata de un caso particular, ya que la compañía española era la única empresa invitada a participar en el procedimiento, por lo que el contrato no ha terminado en manos de un competidor.
El conflicto llega así al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que mantiene abierto el recurso presentado por Indra contra la decisión del organismo comunitario.
El contrato está relacionado con el suministro de una solución tecnológica de comunicaciones denominada D0CIS y contempla una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de ampliación de otros tres.
Indra presentó su primera oferta el 6 de mayo de 2025, a la que siguieron dos rondas de negociación con el comité de evaluación. La compañía presentó finalmente una oferta final el 22 de septiembre.
El comité de evaluación concluyó entonces que la propuesta no cumplía determinados requisitos técnicos mínimos establecidos en las especificaciones del contrato y recomendó no adjudicar el proyecto a Indra, a la que comunicó su decisión el 3 de octubre del año pasado.
A lo que Indra respondió. La compañía cuestionó el rechazo, por lo que el organismo europeo decidió volver a examinar su oferta. Sin embargo, el nuevo análisis no cambió el resultado. El 23 de diciembre, el SEAE comunicó a Indra que mantenía su decisión de descartar la propuesta al considerar que seguía sin cumplir los requisitos mínimos.
Indra da respuesta
La compañía acudió al TGUE el 9 de enero de 2026 para solicitar la anulación de dicha decisión. En su recurso, registrado como asunto T-17/26, cuestiona tanto la motivación del rechazo como la valoración realizada por el organismo europeo sobre su propuesta.
La primera batalla judicial, sin embargo, se ha saldado a favor del SEAE: el tribunal ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la compañía para impedir que el organismo pueda poner en marcha una nueva contratación mientras se resuelve el litigio abierto entre ambas partes.
La tecnológica también alegó que una eventual nueva licitación podía permitir a otros operadores beneficiarse del conocimiento técnico y de seguridad que había desarrollado durante las negociaciones.
Su temor era que esa información sirviera para configurar los requisitos de un nuevo procedimiento, dando ventaja a empresas que no habían asumido los costes de desarrollar la propuesta
El SEAE se opuso a las medidas cautelares y el Tribunal General las rechazó en un auto fechado el 22 de julio de 2026.
La decisión, sin embargo, no entra a determinar si el rechazo de la oferta de Indra fue legal. El tribunal se ha limitado en esta fase a analizar si concurrían las condiciones necesarias para adoptar medidas cautelares y concluye que la compañía no ha demostrado la existencia de un perjuicio grave e irreparable ni la urgencia necesaria para intervenir antes de resolver el recurso principal.
El importe del proyecto explica buena parte de la importancia que la compañía atribuye al litigio. En el procedimiento de medidas cautelares, Indra situó en 77,8 millones de euros el valor del contrato marco y lo comparó con un contrato anterior firmado con el SEAE en julio de 2024 por 321.386,98 euros, según informaciones de La Información Económica.
No obstante, los 77,8 millones de euros no son necesariamente los ingresos que Indra habría obtenido. El Tribunal General aclara que se trata del valor del contrato marco y que los pagos dependerían de la celebración de contratos específicos posteriores.
El caso, no obstante, presenta una particularidad poco habitual en un litigio de contratación pública: Indra fue la única empresa invitada al procedimiento y no hubo un competidor que acabara haciéndose con el contrato.
Por tanto, el rechazo de la oferta no se ha traducido en una adjudicación alternativa. El SEAE mantiene su decisión de no aceptar la propuesta de Indra, pero el contrato, por el momento, tampoco ha terminado en manos de otra compañía.
