La CNMC pone límites a Correos: exige al menos dos oficinas en las ciudades de más de 40.000 habitantes
El regulador respalda al Ministerio de Transportes frente a la interpretación de la empresa de correo postal y establece una oficina adicional por cada 40.000 habitantes
Una oficina de Correos de Madrid
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La comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se posiciona con el Ministerio de Transportes en su discrepancia con Correos sobre el número mínimo de oficinas que debe de haber en los municipios en función de su número de habitantes.
El regulador considera que las localidades de más de 40.000 habitantes deben contar con al menos una oficina adicional, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
La resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC responde a una consulta urgente planteada el pasado 14 de julio por la Subdirección General de Régimen Postal del Ministerio, después de recibir distintas reclamaciones de usuarios relacionadas con la cobertura de la red postal en España.
El origen de la discrepancia está en la interpretación de cada una de las partes sobre el apartado 4.b del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, aprobado por el Consejo de Ministros en 221 y que establece las condiciones que debe cumplir Correos como empresa encargada del servicio postal.
En concreto, la controversia radica en cómo debe de calcularse el número mínimo de oficinas que debe haber en cada municipio. Correos defendía que una única oficina era suficiente en las localidades de hasta 80.000 habitantes, mientras que el Ministerio entendía que el número debía ser menor.
La interpretación respaldada ahora por la CNMC parte de que los municipios con una población superior a 40.000 habitantes deben disponer de una oficina adicional por cada tramo de 40.000 habitantes.
De esta forma, una localidad que supere los 40.000 habitantes debe contar con dos oficinas; cuando supere los 80.000, el mínimo pasaría a ser de tres, y así sucesivamente.
La discrepancia, por tanto, no se debía a la aprobación de una nueva norma por parte de la CNMC, sino a la interpretación de una ya existente, la aprobada en 2021.
La excepción de los 2,5 kilómetros
No obstante, la regla del número de habitantes no es perfecta, la distancia también entra en juego. El número de oficinas exigido por población no obliga necesariamente a abrir nuevas sucursales si la red existente ya garantiza una correcta cobertura.
En concreto, la normativa establece una excepción cuando las oficinas disponibles son suficientes para garantizar que la distancia desde el domicilio de cualquier ciudadano hasta la oficina más cercana no supera los 2,5 kilómetros.
Debido a este criterio, pese a la decisión de la CNMC, Correos no tendrá que abrir necesariamente una oficina por cada 40.000 habitantes, entrarán en juego otros criterios como este.
Y es que la nueva disposición de las oficinas puede ser incluso más enrevesada. En las zonas rurales o de muy baja densidad de población se contempla, además, un régimen específico: la distancia máxima entre el domicilio de un ciudadano y la oficina más próxima puede alcanzar los 20 kilómetros.
Discrepancias entre la CNMC y Correos
La actuación de la CNMC llega después de que el Ministerio recibiera reclamaciones relacionadas con la cobertura del servicio postal público. La Subdirección General de Régimen Postal elevó la cuestión al regulador mediante una consulta urgente el 14 de julio para aclarar cuál debía ser la interpretación del Plan.
La decisión se produce, además, en un contexto de revisión de la red de oficinas de Correos. La compañía ha venido reorganizando sus puntos de atención y adaptando su red a la evolución de la demanda postal, mientras que en distintos municipios se han producido
La intensa relación entre el regulador y la empresa de correo postal viene de largo. En abril, la CNMC concluyó que la compañía no alcanzó algunos de los objetivos de calidad establecidos para 2024, entre ellos los relativos a la seguridad de los envíos y a los tiempos de espera en las oficinas.
El posicionamiento supone, por tanto, un nuevo revés para la empresa pública y abre un nuevo capítulo en la convulsa relación entre ambas entidades.
