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Guerra judicial por las primas a las renovables: España desvincula a la selección del conflicto
El país asegura que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se verá afectada por la disputa legal con los acreedores al ser una entidad privada
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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Los acreedores afectados por los impagos de las primas de las energías renovables están intentando embargar activos de España en Estados Unidos durante la celebración del Mundial de Fútbol, que también se celebrará en México y Canadá, en el marco del conflicto judicial que mantienen con el Gobierno.
Ante la ofensiva judicial, el Ejecutivo ha dejado bien claro que defenderá los intereses de España y ha puntualizado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) depende del Estado, pero es de carácter privado. Por ello, considera que las operaciones de la RFEF no deberían verse afectadas por la disputa legal que mantiene el país con los inversores afectados.
Así lo recoge Financial Times, que también señala que un portavoz de la federación de fútbol ha recordado que el Gobierno no tiene ningún papel en la financiación de la entidad, ni tampoco en la gestión de la actividad que desempeña. En este sentido, también ha destacado que la RFEF ha enviado un requerimiento a una de las compañías afectadas para que deje de intentar establecer un vínculo entre la entidad y el Estado.
La selección española, en el punto de mira
A raíz del conflicto judicial, los inversores afectados por la retirada de las primas renovables han enviado decenas de requerimientos judiciales a empresas y entidades en Estados Unidos con vínculos económicos con España. Los documentos emitidos por los tribunales estadounidenses exigen información sobre pagos, contratos y vínculos financieros con el país.
Entre las entidades públicas que se pueden ver afectadas por la situación figura la Selección Española de Fútbol, pero también Adidas, el proveedor oficial de equipaciones del equipo, o la cadena de hoteles Hilton, dado que la selección se alojará en el establecimiento de la compañía en Chattanooga.
El objetivo es reconocer flujos financieros que sean susceptibles de ser objeto de embargo. De esta manera, los pagos y relaciones comerciales vinculados a la participación de España en el Mundial se encuentran bajo revisión judicial y podrían ser intervenidos para cubrir las deudas pendientes.
Blasket Renewable Investments, uno de los fondos afectados al que los tribunales arbitrales han reconocido más de 600 millones de euros en compensación, ha obtenido derechos legales en Estados Unidos para intentar recuperar fondos en una decena estados donde la selección española podría disputar partidos durante el Mundial.
Conflicto judicial
La problemática se remonta hace más de una década, cuando el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy optó por desmantelar un sistema de primas a las energías renovables para atraer inversión extranjera. La decisión motivó un aluvión de reclamaciones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial.
La Comisión Europea apoya la postura de España, que ha perdido una treintena de casos y supera los 1.700 millones de euros en indemnizaciones. A ojos de ambos, el desembolso de la cantidad supondría una ayuda ilegal, al proceder de arbitrajes incompatibles con el Derecho de la Unión Europea.
Sin embargo, los acreedores afectados consideran que España está obligada a pagar por los compromisos contraídos en el Tratado de la Carta de la Energía, que permite a los inversores extranjeros reclamar compensaciones a los gobiernos cuando cambios regulatorios perjudican sus inversiones.
A pesar de que la Unión Europea y varios países se han marchado del tratado, las inversiones continúan protegidas a lo largo de dos décadas por la cláusula de supervivencia. Por el momento, las empresas afectadas han obtenido laudos favorables en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur o Australia.
Además, las acciones de ejecución ya han provocado embargos de bienes españoles en algunos países. Uno de los más recientes, La sede del Instituto Cervantes en Utrecht, que fue embargada por los acreedores, quienes están preparando su subasta por unos 10 millones de euros.
