España rechaza la tregua judicial de los acreedores de laudos renovables ante el Mundial
Las empresas afectadas por la retirada de la primas a las energías renovables ofrecen a España la suspensión de las acciones de ejecución a cambio de constituir una fianza ante los tribunales estadounidenses
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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El Gobierno de España ha declinado la propuesta trasladada por los afectados por los impagos de los laudos arbitrales internacionales relacionados con inversiones en energías renovables de suspender las medidas de ejecución que afectan a activos e intereses del país a cambio de negociaciones inspiradas en el acuerdo alcanzado en Bélgica.
Según han trasladado fuentes próximas a las empresas afectadas, han propuesto al Ejecutivo la suspensión inmediata de las acciones de ejecución que los acreedores están llevando a cabo en relación con el Mundial de Fútbol FIFA 2026.
A cambio, habían pedido a España que constituyese una fianza ante los tribunales estadounidenses que sería liberada una vez agotados los recursos legales del Gobierno en Estados Unidos.
Replicar el acuerdo en Bélgica
La propuesta tomaba como modelo una fianza constituida recientemente por España en Bélgica tras la imposición de medidas cautelares que afectaban a aproximadamente 800 millones de euros en activos públicos españoles.
En el marco del acuerdo, el alcance de las medidas quedó reducido a aproximadamente 250 millones de euros, importe depositado por España en una cuenta bancaria bloqueada a la espera del resultado final de los procedimientos en curso.
El mecanismo redujo temporalmente la presión judicial y creó un espacio para que el proceso litigioso pudiera continuar sin necesidad de ampliar las medidas de ejecución.
Al presentar la propuesta al Gobierno, los acreedores se proponían replicar el enfoque de desescalada, pero también evitar nuevas acciones de ejecución y explorar soluciones compatibles con las obligaciones internacionales del país.
A pesar de que España ha argumentado anteriormente que constituir una fianza de estas características le estaba prohibido por la Comisión Europea, los acreedores consideran que el acuerdo alcanzado en Bélgica demuestra lo contrario.
Reducir el conflicto
Después de que el Gobierno haya optado por arriesgarse a enfrentarse a acciones de ejecución durante el Mundial, los acreedores consideran que no existe alternativa viable más que continuar ejerciendo los derechos que les otorgan los laudos arbitrales y las sentencias judiciales obtenidas en múltiples jurisdicciones internacionales.
«Los acreedores han demostrado en reiteradas ocasiones su disposición a alcanzar soluciones razonables y negociadas, el precedente belga demuestra que existen mecanismos para reducir el conflicto y avanzar hacia resultados constructivos», han destacado fuentes implicadas en los procedimientos.
A pesar de ello, han hecho hincapié, «no es posible seguir aceptando indefinidamente una situación en la que las resoluciones definitivas dictadas por tribunales y tribunales arbitrales internacionales permanezcan impagadas».
Una treintena de laudos pendientes de pago
Los acreedores han recordado que España tiene actualmente pendiente de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales derivados de los cambios retroactivos introducidos en su régimen de energías renovables, mientras los procedimientos de ejecución continúan avanzando en múltiples países.
En Estados Unidos, los inversores han obtenido siete sentencias federales favorables con una cuantía que roza los 700 millones de euros. A la vez, los acreedores han logrado resoluciones a su favor en jurisdicciones como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.
Con el objetivo de facilitar futuras labores de descubrimiento de activos, obtención de información y ejecución, los acreedores han ampliado de forma significativa el registro de una de las sentencias federales estadounidenses en numerosos distritos judiciales correspondientes a ciudades que acogerán partidos del Mundial.
Más presión judicial
Tras el rechazo de la propuesta de negociación, el programa de notificaciones judiciales, solicitudes de información y medidas de rastreo de activos se está intensificando en varias jurisdicciones. Las primeras consecuencias, advierten las mismas fuentes, podrán hacerse visibles en los próximos días.
«La puerta sigue abierta a una solución negociada», han destacado los acreedores, si bien han alertado que mientras España continúe rechazando vías de resolución, los procedimientos de ejecución «seguirán avanzando» en los ámbitos en los que los tribunales hayan reconocido sus derechos.
