Los acreedores de laudos renovables registran una sentencia contra España en las sedes donde jugará el Mundial
Los fondos afectados por el recorte de las primas a las renovables en 2013 y 2014 expanden su ofensiva judicial en EEUU
Los tribunales internacionales acumulan numerosos fallos contra España por la retirada de las primas a las renovables
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Los acreedores internacionales que reclaman a España miles de millones de euros en casi 30 laudos renovables han expandido su estrategia judicial al Mundial de Fútbol de 2026. Los fondos han registrado una de las siete sentencias favorables a sus intereses en diferentes distritos judiciales de Estados Unidos, donde la selección española podría disputar sus partidos.
La actuación de los perjudicados por el recorte a las primas a las energías limpias aplicado por el gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 adquiere una dimensión especialmente relevante.
Desde los fondos afectados aseguran que la documentación judicial muestra que la deuda está ya registrada y, por tanto, es exigible ante los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros territorios de la Unión, que acoge este Mundial de la mano de Canadá y México.
La expansión de estos registros fue autorizada por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia mediante una orden emitida el 10 de abril de 2026, que permitió a los acreedores inscribir la sentencia en cualquier distrito federal de Estados Unidos al apreciar causa suficiente para ello.
Este procedimiento «constituye un paso fundamental» para facilitar futuras actuaciones de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes, explican los afectados.
El movimiento refleja la creciente presión judicial derivada de los procesos iniciados tras la retirada retroactiva de los incentivos a las energías renovables y la negativa del país a abonar lo adeudado en los últimos años.
España acumula 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en EEUU, pero también en Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido o Singapur.
“Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes”, señalan fuentes próximas a los procedimientos, que están siendo gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por King & Spalding.
“La expansión de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente”, añaden.
El embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda
En total, España debe 2.316 millones de euros a las empresas afectadas por los recortes retroactivos de las primas renovables. De esta cifra, 552 millones se corresponden con los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos.
En las últimas semanas, además de las acciones desarrolladas en EEUU, ha trascendido que los acreedores han logrado bloqueo de 250 millones de euros por parte de la justicia belga y el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda.
Los acreedores han confirmado la toma de posesión efectiva del edificio que alberga la sede de dicho organismo en Utrecht, en ejecución de las resoluciones emitidas por los tribunales neerlandeses.
Representantes legales de los inversores afectados se personaron en el inmueble para formalizar los trámites derivados del embargo acordado por la justicia de los Países Bajos. Una actuación tiene como finalidad avanzar en la recuperación de activos que contribuyan a satisfacer las cantidades adeudadas por el Estado.
El edificio, situado en una de las zonas más exclusivas de Utrecht, está valorado en aproximadamente 10 millones de euros, tanto por su privilegiada ubicación como por su relevancia arquitectónica y patrimonial.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explicaron entonces que España ha iniciado un procedimiento judicial para obligar al agente ejecutor a levantar el embargo, argumentando que el laudo fue notificado como ayuda de Estado ante la Comisión Europea.
De igual modo, el Ejecutivo neerlandés comunicó al responsable de la ejecución su obligación de cesar cualquier actuación orientada a la venta del inmueble. El ministerio español criticó esta actuación de los afectados señalando que «responde a una finalidad esencialmente mediática».
Este revés llegó tras la postura del Gobierno de Donald Trump frente a los intereses españoles. La Administración del país norteamericano recomendó al Tribunal Supremo del país rechazar la petición española para revisar sentencias que reconocen cerca de 700 millones de dólares a favor de distintos acreedores.
