Países Bajos allana la subasta del Instituto Cervantes por los impagos de las renovables
Después de que la justicia holandesa haya ejecutado el embargo, los representantes legales de las firmas afectadas se han personado en el inmueble para comenzar a formalizar los trámites
Foto: Instituto Cervantes.
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Los acreedores afectados por los impagos de los laudos derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables ya son propietarios de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, por lo que están preparando su venta valorada en 10 millones de euros. Tras la luz verde de la justicia holandesa, los representantes legales de las firmas afectadas se han personado en el inmueble para comenzar a formalizar los trámites.
Se trata de un nuevo paso dentro del proceso de recuperación de activos, impulsado ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de pago reconocidas en múltiples resoluciones arbitrales y judiciales internacionales. En este caso la empresa afectada es la filial de energías renovables de Toyota, que acometió una inversión millonaria para levantar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades autónomas como Galicia o Asturias.
Un edificio valorado en 10 millones de euros
Las empresas afectadas han recordado que la legislación neerlandesa permite a los tribunales conceder «amplias facultades» a los representantes encargados de la ejecución, entre las que figura la toma de control efectiva de los bienes embargados, pero también su posterior venta para compensar los impagos contraídos por parte de España.
De esta manera, los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública ya han comenzado. El Instituto Cervantes está situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad. Se trata de un edificio histórico de cuatro alturas que, según estimaciones de mercado, está valorado en torno a 10 millones de euros.
Cuando se complete la venta, la normativa prevé la plena disponibilidad del inmueble por parte de los nuevos titulares, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la posesión efectiva de la propiedad y su utilización acorde a los derechos reconocidos por las resoluciones judiciales.
Tras enfatizar que siempre se ha mantenido abierta la vía del diálogo y la negociación con las autoridades españolas, los inversores afectados han señalado que más de una década después de los recortes retroactivos a las energías renovables continúan sin percibir las compensaciones reconocidas por la justicia internacional, lo que les ha empujado a recurrir a medidas de ejecución patrimonial.
Aluvión de varapalos judiciales
La ejecución del embargo se suma a la creciente presión judicial sobre España. Recientemente, la Administración de Estados Unidos recomendó al Tribunal Supremo estadounidense el rechazo a la petición presentada por España para revisar las sentencias que reconocen unos 700 millones de dólares en créditos a favor de distintos acreedores.
De confirmarse la postura, se consolidarían varias resoluciones favorables a inversores en territorio norteamericano. Los acreedores, asimismo, han obtenido importantes victorias judiciales en el Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales internacionales.
En Bélgica, por su parte, permanecen consignados cerca de 250 millones de euros en cuentas judiciales vinculadas a procedimientos de ejecución actualmente en curso. Con todo, el importe pendiente de pago supera los 2.315 millones de euros, por lo que han advertido de que las acciones de recuperación de activos continuarán llevándose a cabo donde existan mecanismos para garantizar el cumplimiento de las resoluciones internacionales firmes.
