El futuro del Instituto Cervantes en Holanda, tras el embargo por los impagos a las renovables: «Será subastado próximamente»
El bufete de abogados Houthoff enfatiza que España "no puede impugnar la validez del laudo ni tampoco recurrirlo" por los impagos de las renovables, tras la luz verde de la justicia neerlandesa
Instituto Cervantes en Utrecht. Foto: Utrecht University.
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El bufete de abogados Houthoff, que ha logrado que la Corte de La Haya autorice el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht en el marco de los impagos de las indemnizaciones a empresas afectadas por el recorte de las primas a las energías renovables, advierte que el inmueble será subastado próximamente.
El equipo encabezado por el letrado Remme Verkerk se ha encargado de la gestión del laudo del caso Eurus. La filial de energías renovables de Toyota fue una de las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas, al acometer una inversión millonaria para levantar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades autónomas como Galicia o Asturias.
Laudo «firme» y «definitivo»
«Existe una obligación definitiva y final, en virtud del derecho internacional, España está obligada a pagar sus deudas», destacan los abogados en relación con el caso Eurus y enfatizan que el laudo es firme. «No cabe ya ningún recurso y por eso ha sido registrado por la
justicia neerlandesa y reconocido como si se tratase de una sentencia de sus propios tribunales», explican.
Eurus Energy es un inversor extranjero procedente de Japón, por lo que no está radicado en la Unión Europea. Por ello, se muestran convencidos de que España no podrá plantear objeciones, como ha hecho en casos anteriores en los que el denunciante era una firma del territorio comunitario y ha optado por cuestionar que el arbitraje internacional fuese pertinente.
Evitar impagos reiterados
El pasado 19 de marzo, la justicia neerlandesa concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados en relación con el caso Eurus. Tras haber sido España formalmente notificada el 20 de abril, sin que se produjera el pago de la indemnización pertinente, se autorizó el embargo ejecutivo del Instituto Cervantes de Utrecht.
«Se reconoce el laudo como definitivo y se apunta la posibilidad de ejecutarlo conforme a derecho internacional», hacen hincapié los letrados, que también concretan que en algunas jurisdicciones los jueces autorizan la confiscación de activos paso a paso. «El denunciante obtiene el registro del laudo, luego reclama la toma de posesión de un bien, después recibe una autorización cautelar y, finalmente, se hace con el mismo», especifican.
Sin embargo, en Países Bajos el sistema es más directo para evitar impagos reiterados. La normativa holandesa establece que, una vez el tribunal da luz verde, el bailiff, un funcionario público con autoridad para tomar el control de la propiedad, la transfiere al denunciante para que pueda venderla.
En el caso de España, el edificio ya ha sido embargado, se ha notificado a las partes implicadas el cambio de manos y se ha anotado en el registro público de Países Bajos.
Subasta inminente del Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes está situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad. Se trata de un edificio histórico de cuatro alturas que, según estimaciones de mercado, está valorado en torno a 10 millones de euros.
Al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, que no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, por lo que los abogados recalcan que puede ser embargado «sin problema alguno».
El próximo paso será la organización de una subasta para vender el Instituto Cervantes de Utrecht «al mejor postor» con el objetivo de que los acreedores obtengan los fondos obtenidos. «España ya no puede impugnar la validez del laudo ni tampoco recurrirlo, cualquier intento de acudir de nuevo a los tribunales para cuestionar la reclamación debería fracasar», zanjan.
