La CNMC desmonta la red eléctrica privada de Casa Tarradellas y aflora una deuda de 15,4 millones en peajes

El regulador constata que el modelo de compra y reparto de energía entre sus fábricas infringe la ley

El regulador cuestiona el modelo regulatorio y económico de las infraestructuras eléctricas de Casa Tarradellas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha desmontado el modelo energético con el que Casa Tarradellas gestiona los costes regulados de la luz en sus instalaciones de Gurb (Barcelona). Tras una inspección, el regulador ha determinado que la infraestructura privada utilizada por el grupo catalán vulnera la normativa y calcula una deuda de 15,46 millones en peajes eléctricos que ha ordenado regularizar a la distribuidora de Endesa.

Así lo ha determinado la Sala de Supervisión Regulatoria del organismo que preside Cani Fernández en una resolución del pasado 29 de mayo a la que ha accedido ECONOMÍA DIGITAL. En su dictamen, cuestiona el modelo energético que utiliza Casa Tarradellas para suministrar luz a sus fábricas.

Competencia pone bajo la lupa la Subestación Eléctrica Gurb, una Agrupación de Interés Económico (A.I.E.) constituida en 2012 por la compañía y sus filiales Panificadora Alimentaria y Envalia 2001 bajo el paraguas de su matriz, Sogepi Consulting y Publicidad.

En aquel momento, ante el déficit de potencia en la zona industrial, el grupo optó por construir una subestación propia y unificar todo el consumo de sus plantas bajo un único contrato de suministro en alta tensión (110 kV).

Desde el punto de vista operativo, la A.I.E. de Casa Tarradellas actúa como un comprador centralizado, comprando energía en bloque a las comercializadoras —en este caso Endesa Energía, Iberdrola Clientes y Engie— y luego canalizándola a través de sus propias líneas internas hacia las naves de producción de sus fábricas.

Si bien el fabricante de pizzas y embutidos no tenía ánimo de lucro, la CNMC recuerda que esta circunstancia «no altera ni excluye» el hecho de que por ley se considere una actividad equiparable a la comercialización de energía eléctrica, sin que la subestación Gurb esté habilitada para ello.

Se trata de una fórmula que el grupo catalán empleaba para ganar eficiencia industrial y que, sin embargo, choca con el marco regulatorio eléctrico español, según ha quedado constatado en la resolución del regulador.

La CNMC rechaza el criterio de la Generalitat

La dirección de Energía de la CNMC considerar la estructura montada por Casa Tarredellas como una infracción de la Ley del Sector Eléctrico, ya que los contratos de suministro son nominativos y de carácter estrictamente personal, por lo que el titular del punto de conexión debe coincidir con el consumidor efectivo de la energía.

Al interponer una A.I.E. que redistribuye la luz a varias sociedades consideradas personas jurídicas diferentes (aunque pertenezcan al mismo grupo empresarial), la compañía ha ejercido las funciones reservadas en exclusiva a las empresas distribuidoras y comercializadoras autorizadas.

Desde Casa Tarradellas argumentaron que la empresa contaba con un informe favorable que la Dirección General de Energía de la Generalitat de Catalunya emitió en el año 2012, el cual validaba su modelo al interpretar que el grupo operaba como una única unidad económica a efectos prácticos.

Sin embargo, el regulador estatal ha desestimado esta alegación señalando que los criterios autonómicos no son vinculantes para la CNMC y que su doctrina ya ha rechazado de forma reiterada prácticas idénticas en otros complejos industriales del país, como en los casos de Ercekol o Dow Chemical.

Ordena a Endesa regularizar 15,46 millones en peajes de Casa Tarradellas

Las consecuencias económicas de esta resolución son económicamente significativas, puesto que el regulador ha tenido que recalcular los costes fijos que se pagan en la factura eléctrica, elevando considerablemente la cantidad que se tendría que haber abonado en los últimos 11 años.

Al agrupar los consumos, Casa Tarradellas accedía a unos peajes de acceso a la red sustancialmente inferiores a los que les correspondería si cada planta contratase el suministro de manera independiente en niveles de tensión menores.

Los peajes son costes regulados por ley que todos los consumidores pagan en sus facturas para financiar el mantenimiento y desarrollo de las redes de transporte y distribución, propiedad principalmente de Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Estas redes son las infraestructuras por donde circula la electricidad que consumen finalmente hogares y empresas.

Para calcular el impacto de este desajuste, los inspectores de la CNMC han elaborado una facturación paralela, elevando desde los cerca de 16 millones hasta los 31,5 millones lo que el grupo alimentario debería haber abonado de forma individualizada entre los ejercicios de 2015 y 2025 a la distribuidora.

Es por ello que Competencia ordena en su dictamen a E-distribución Redes Digitales (la distribuidora de Endesa que opera en la zona) que proceda a corregir los saldos y liquidaciones del sistema de forma inmediata.

El operador deberá emitir los cargos correspondientes para reclamar los 15,46 millones de euros que la compañía ha dejado de aportar a los costes regulados del sistema eléctrico durante la última década, abriendo un nuevo escenario en los costes de operación del gigante alimentario.

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