Cani Fernández intensifica la guerra entre la CNMC y Red Eléctrica en la recta final de su mandato
El regulador y el operador del sistema elevan el tono y pugnan por el relato de responsabilidades del apagón del 28 de abril
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (Red Eléctrica), y Cani Fernández, presidenta de la CNMC
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica han intensificado su particular batalla a raíz del apagón del 28 de abril de 2025. Una disputa que ha escalado en las últimas semanas y que se da en la recta final de Cani Fernández como presidenta del regulador, cuyo mandato expira el próximo 16 de junio.
Tras un expediente por supuestas infracciones «muy graves» al operador del sistema por su actuación en el gran apagón, Competencia cuestiona ahora que la compañía acumule funciones que pueden generar conflicto de interés.
El regulador considera que la estructura actual puede generar conflictos de interés porque Red Eléctrica combina dos funciones clave, siendo la propietaria de la red de transporte y, al mismo tiempo, la responsable de operar el sistema eléctrico.
Según la CNMC, esa dualidad dentro del grupo Redeia, matriz de Red Eléctrica, podría dificultar una supervisión completamente independiente y afectar a la transparencia en la toma de decisiones.
Además, pone el foco en la posible prioridad del grupo para invertir más en infraestructuras que le den una rentabilidad mayor por encima de otras más necesarias que tengan que ver con la seguridad de suministro.
Competencia también pone en duda el pago en acciones que reciben los directivos y empleados del grupo con responsabilidad en la operación del sistema y considera que no deberían percibir títulos de Redeia para no tener otros incentivos diferentes a los de sus funciones.
Cuestiones poco habituales para un informe de seguimiento de un organismo que suele utilizar un lenguaje bastante aséptico en la mayoría de sus análisis y que van, además, en línea con algunos postulados de las grandes eléctricas españolas.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, sugirió en la última presentación de resultados ante analistas separar las funciones de transporte y operación del sistema de Red Eléctrica de manera preventiva para evitar otro apagón.
Las grandes eléctricas también han instado públicamente a que en España se abra la inversión en la red de transporte a agentes del sector privado, lo que conllevaría, en caso de que sean las distribuidoras, generosos ingresos extra para sus negocios.
El choque entre Red Eléctrica y la CNMC por el relato del apagón
Por su parte, la empresa presidida por Beatriz Corredor ha elevado el tono en su discurso sobre las responsabilidades del cero eléctrico que dejó a España sin luz, cargando también contra el regulador y acusándolo de conflicto de interés y de no tener pruebas.
El evidente choque entre ambas partes ha subido de nivel al cumplirse un año del gran apagón. Tras su informe sobre el incidente en el que no señalaba de forma directa a ningún responsable, el regulador ha ido publicando una batería de expedientes sancionadores entre los que destaca especialmente el de Red Eléctrica.
Se trata de uno de los pocos expedientes que la CNMC ha incoado por incumplimientos de gravedad, junto a los de las nucleares, y el único por «riesgo para la seguridad de suministro», ya que ve indicios de infracción en la operación y la gestión del sistema eléctrico.
Red Eléctrica anunció el pasado 12 de mayo que había presentado alegaciones a dicho expediente, acusando al organismo que preside Cani Fernández de «la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos» y de un «conflicto de interés».
Si bien no explica a conflicto de interés se refiere, el relato mantenido por el operador del sistema en los últimos meses incluye, además de no haber cometido errores y que el incidente fue provocado por los incumplimientos de control tensión de las plantas de generación privadas, la falta de regulación para ello.
Se trata del denominado procedimiento de operación (P.O.) 7.4 que permite a las plantas renovables ejercer un control de tensión en tiempo real, del mismo modo que ocurre con las instalaciones convencionales (nucleares, ciclos combinados, hidráulicas).
Un procedimiento que Red Eléctrica solicitó a la CNMC actualizado en 2020, tal y como sucede en Portugal, y que no fue hasta poco después del apagón cuando se ha modificado. Actualmente, la medida se está empezando a aplicar, si bien no se espera que esté al 100% operativa hasta finales de año.
Red Eléctrica mantiene así su línea de defensa que ha llevado hasta la fecha, pero destaca cómo ha elevado el tono con ataques directos a la CNMC, más allá de del blindaje férreo de sus actuaciones al frente de la operación del sistema.
Todo ello en un contexto marcado por la oleada de reclamaciones que se está empezando a gestar por parte de grandes compañías del sector energético como Repsol o Moeve, así como la gran industria.
La CNMC también golpeó a Red Eléctrica de manera pública, asegurando de forma contundente que el día del apagón había mecanismos «suficientes» para controlar la tensión del sistema y en ningún momento se produjo un «vacío normativo».
Así lo señaló Cani Fernández en la comisión de investigación sobre el apagón que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados y por la que también han pasado Beatriz Corredor y los consejeros delegados de Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Una CNMC a punto de renovarse
Dependiendo del foco desde donde se mire, puede interpretarse como una defensa de los hechos ocurridos el día del apagón o una estrategia para blindarse judicialmente de responsabilidades.
En cualquier caso, estos golpes y contragolpes se dan en un momento de cambio de ciclo en el superregulador, con capacidades de intervención en telecomunicaciones, el audiovisual, el transporte ferroviario, el servicio postal y, más recientemente, en el creciente ámbito de los servicios digitales.
Cani Fernández finaliza su mandato el próximo 16 de junio y el Gobierno ya ha empezado a moverse para reemplazar a la presidenta del organismo, así como a otros tres consejeros cuyos sustitutos deberán ser pactados con otras formaciones políticas.
