Corredor llega a la junta de Red Eléctrica en guerra total con la CNMC y sin asumir culpas por el apagón
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (Red Eléctrica), Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Cani Fernández, presidenta de la CNMC
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Beatriz Corredor afronta este miércoles la junta de accionistas de Redeia, matriz de Red Eléctrica en las condiciones más adversas de su mandato. La presidenta del operador del sistema eléctrico llega al encuentro con los inversores con una acción que ha caído cerca del 24% desde el apagón del 28 de abril de 2025, un expediente por infracciones «muy graves» abierto por la CNMC, y una estrategia de defensa que ha derivado en una guerra abierta con el regulador. Todo ello sin haber asumido responsabilidades.
La víspera de la junta, Red Eléctrica ha lanzado su órdago más contundente presentando sus alegaciones al expediente incoado por la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 17 de abril.
En su escrito, la compañía sostiene que el organismo que preside Cani Fernández se encuentra en una situación de «conflicto de interés públicamente conocida» que «comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad». Una acusación de calado que, sin embargo, la empresa se niega a detallar públicamente.
La alusión tiene un destinatario claro para quienes siguen el sector. Corredor lleva meses apuntando al vacío normativo que, a su juicio, mantiene la CNMC al no haber actualizado el Procedimiento de Operación 7.4, vigente desde el año 2020 y clave para el control de tensión.
Un reproche que Fernández rechazó frontalmente en su última comparecencia en el Congreso, asegurando que existían «mecanismos suficientes» para gestionar la situación que desembocó en el colapso. El pulso entre ambas instituciones lleva meses enquistado, y la presentación de alegaciones lo ha elevado a un nuevo nivel de hostilidad.
n el plano técnico-jurídico, Red Eléctrica denuncia que el expediente adolece de «la más mínima precisión necesaria para fundamentar toda imputación» y que eso la coloca en una «situación manifiesta de indefensión«.
Una contradicción que, subraya, resulta especialmente llamativa dado el carácter «exhaustivo» del procedimiento previo, en el que la empresa aportó a petición del propio regulador más de medio centenar de informes y documentos.
Red Eléctrica, en guerra contra todos
Con todo ese arsenal probatorio, Redeia defiende que su actuación el día del apagón fue plenamente conforme a la normativa y que «no existe infracción alguna que pueda serle atribuida», por lo que pide el archivo inmediato de su expediente.
El mensaje es un ataque directo a la CNMC en su papel de regulador, tras la guerra abierta contra las eléctricas, a las que acusa de ser las responsables del incidente por no cumplir con sus obligaciones de control de tensión.
Frente a accionistas, en el Congreso y en cada tribuna pública, la presidenta de Redeia ha convertido en marca registrada la frase de que «si los generadores hubieran cumplido con sus obligaciones de control de tensión, no habría habido apagón».
Las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy— responden con la misma lógica inversa, dejando la responsabilidad en el lado de quien operaba el sistema.
Es por ello que Red Eléctrica lleva operando el sistema en modo reforzado desde mayo del año pasado, empleando más centrales convencionales, especialmente las de ciclos combinados de gas.
Este método utilizado para garantizar la estabilidad del sistema ha costado ya 666 millones de euros hasta marzo de 2026, según los cálculos de la propia Red Eléctrica y avalados por la CNMC. No obstante, los cálculos de otros informes de parte encargados por las eléctricas elevan la cifra considerablemente.
Corredor lo utiliza como argumento acusatorio contra las generadoras. Sus rivales lo esgrimen como evidencia de la incapacidad previa de la operadora.
Red Eléctrica llega a la junta con una caída del 24% en Bolsa, pero resultados positivos
En cualquier caso, los accionistas de Redeia llegan a esta junta con los números en la mano y el balance no es tranquilizador. Desde que el 28 de abril de 2025 el sistema eléctrico español colapsara y la acción cotizara por encima de los 19 euros, el título ha perdido cerca de un 24% de su valor y hoy se mueve por debajo de los 15 euros.
En el capítulo operativo, la compañía puede presentar cifras más defendibles. El primer trimestre de 2026 arrojó unos ingresos con un alza del 6,3% y un ebitda de 339 millones, un 5,8% superior al mismo periodo del año anterior.
Redeia mantiene sus objetivos anuales de alcanzar casi 1.250 millones de ebitda y un beneficio neto de 510 millones. El mercado confía en el negocio regulado, pero no confía tanto en la gestión de la crisis reputacional.
A pesar de todo, la compañía no ha provisionado en sus cuentas ni un euro para afrontar posibles multas o indemnizaciones, blindando su relato de que no tuvo ninguna culpa el día del apagón.
Con este escenario, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha solicitado la dimisión de Corredor, en lo que califica como una petición sin precedentes en su historia.
La asociación ha mostrado también su preocupación por la composición del consejo de administración y ha alertado de lo que considera una conducta desinformativa hacia el mercado.
No obstante, la geometría accionarial de Redeia hace que estas voces, por contundentes que sean, tengan un impacto limitado en el resultado de las votaciones.
El Estado —a través de la SEPI— controla el 20% del capital, y los grandes inversores institucionales han sostenido históricamente a la presidenta. En la junta del año pasado, celebrada pocas semanas después del apagón, el respaldo a Corredor rozó la unanimidad pese a la tensión del momento.
La junta de este miércoles no resolverá ninguno de estos frentes. Corredor no renovará hasta 2028 y el respaldo del Gobierno no parece en cuestión. Pero los accionistas escucharán a una presidenta que llega a la cita con el regulador en pie de guerra, incertidumbre en el mercado y un cierre de filas en torno al cero eléctrico que dejó sin luz a España.
