La justicia australiana ordena ejecutar laudos renovables de 469 millones contra España
El Tribunal Federal de Australia rechaza los argumentos de inmunidad soberana de España, que suma ya 26 sentencias negativas
Un aerogenerador en el parque eólico de Sil y Meda / Europa Press
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Nuevo varapalo judicial para España en el conflicto por el recorte a las primas a las renovables que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy. La justicia australiana ha dictado una sentencia contra el país en cuatro procedimientos por los que ordena la ejecución de laudos arbitrales por valor de 469 millones de euros.
Así lo ha ordenado el juez Stewart del Tribunal Federal de Australia, quien ha rechazado los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y ha dado la razón a los demandantes en todos los puntos del fallo.
En total, las condenas suman más de 469 millones de euros, a los que se añadirán intereses y costas. De este modo, 59,6 millones corresponden al caso RREEF, otros 41,76 millones al caso 9REN, 77 millones al caso Watkins y 290,6 millones al caso NextEra.
El magistrado subrayó en su sentencia que España no puede ampararse en argumentos de inmunidad soberana para evitar el pago de laudos vinculantes.
Criticó además la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, que calificó de “poco útil y gravosa”, según fuentes de la representación del medio centenar de empresas y fondos afectados.
La sentencia no solo rechaza todas las defensas de España, sino que además impone costas contra el país e incluso contra la Comisión Europea, «cuya intervención en apoyo a España fue desestimada por irrelevante y repetitiva».
La deuda de España por las primas renovables sigue creciendo
Con esta resolución, España encadena una cascada de derrotas consecutivas en un solo mes ante los tribunales de Bélgica, EEUU y ahora en Australia.
De hecho, la reciente resolución dictada por tribunales de Estados Unidos reconoce el derecho de los inversores afectados a instar el pago de los mencionados laudos en otras jurisdicciones no europeas, donde algunos de ellos ya han pedido con éxito el embargo de bienes del Estado.
En total 26 sentencias firmes en contra y más de 1.400 millones de euros en laudos impagados, cifra que asciende a 1.870 millones de dólares si se incluyen los intereses y gastos judiciales.
Según el último cálculo realizado por los servicios del Estado, y que se incluye en la Cuenta General de 2024, Hacienda estima ya en más de 2.000 millones de euros los costes que pueden suponer los diferentes conflictos legales que tiene con los afectados.
«La decisión del tribunal australiano lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando», señala un portavoz de las empresas afectadas.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han estado amparando en la decisión de la Comisión Europea referente al laudo con Antín de 2018. Bruselas consideró el pasado marzo que si España hace efectivo el pago supondría una ayuda de estado ilegal según la normativa comunitaria.
Es por ello que ordenó que no desembolsara los 101 millones de euros reconocidos en el laudo, así como que se garantice que no haya otro pago ejecución o aplicación del fallo arbitral a Antin o a cualquier entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.
Cabe destacar también que el Gobierno cerró recientemente un acuerdo para liquidar el laudo con la firma japonesa JGC, lo que abría la puerta a más soluciones negociadas, siendo este el único caso en el que se ha desembolsado dinero para saldar la deuda.
Sin embargo, ante la falta de avances en el resto de casos, los inversores seguirán recurriendo a embargos en el extranjero.
