El sueldo medio de los funcionarios superará los 3.500 euros tras el acuerdo salarial hasta 2028

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El salario medio de los empleados públicos superará por primera vez la barrera de los 3.500 euros brutos mensuales al finalizar 2028. Así lo reflejan las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística a partir del acuerdo firmado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF, que prevé una subida salarial acumulada del 11 % en el periodo comprendido entre 2025 y 2028. 

La medida, celebrada por el Gobierno como un “paso decisivo” para recuperar poder adquisitivo, no ha estado exenta de debate y ha reabierto el análisis sobre el coste de la masa salarial pública y la necesidad de modernizar la Administración.

Subidas escalonadas: un aumento progresivo hasta 2028

Según lo pactado, la revisión salarial se llevará a cabo de manera progresiva durante cuatro años. Los datos aportados por el sindicato preveían que en 2025, los funcionarios verán un incremento del 2,5 %, aplicado con carácter retroactivo desde el 1 de enero y abonado en la nómina de diciembre. El siguiente ejercicio, 2026, sumará un 1,5 % fijo y un 0,5 % adicional condicionado a que la inflación supere el 1,5 %, un mecanismo que pretende evitar que los precios devoren la subida nominal y que, de activarse, se abonaría a comienzos de 2027.

El mayor salto llegará en 2027, cuando se aplicará un 4,5 %, seguido del último tramo del 2 % previsto para 2028. En total, el impacto real de la subida, según los cálculos sindicales que tienen en cuenta el llamado “efecto arrastre” podría alcanzar un 11,4 %. Con esa trayectoria, el salario medio de un funcionario, situado actualmente en torno a los 3.232 euros brutos mensuales, cruzaría la frontera de los 3.500 euros al cierre de la legislatura.

Diferencias por grupos: del A1 al C1

Las cifras medias esconden diferencias significativas según la escala profesional. En el recuento de CSIF, los funcionarios del grupo A1, correspondiente a los puestos de mayor responsabilidad, perciben hoy alrededor de 4.051 euros mensuales. Si se cumplen las previsiones del acuerdo, en 2028 rozarán los 4.512 euros, lo que elevará sus ingresos anuales por encima de los 54.000 euros. Los empleados del grupo A2 se situarán en torno a los 3.500 euros mensuales, mientras que los del grupo C1 podrían alcanzar los 2.600 euros al final del periodo.

Estas variaciones responden a los distintos complementos asociados a cada nivel, a la antigüedad acumulada y al complemento de destino, elementos que mantienen una estructura retributiva dispar entre cuerpos y administraciones. Por ello, según avanzaban los compañeros de Europa Press, la cifra de 3.500 euros como media salarial no implica una homogeneidad retributiva en el conjunto del sector público, sino una referencia generalizada basada en promedios ponderados.

Reformas internas y tasa de reposición

El acuerdo salarial llega acompañado de otros compromisos dirigidos a mejorar el funcionamiento de la Administración. Entre ellos destaca la eliminación progresiva de la tasa de reposición, una medida que facilitará la incorporación de nuevo personal. La restricción actual, implantada hace más de una década en plena crisis económica, ha sido criticada por su impacto en la falta de efectivos en servicios clave y por haber contribuido a un envejecimiento de las plantillas.

También se han introducido mejoras en los procesos selectivos, con el objetivo de hacerlos más ágiles, y se ha reforzado la promoción interna para facilitar la progresión profesional. Además, el pacto revela que el Gobierno se comprometa a estudiar la actualización de complementos vinculados a residencia o insularidad, especialmente sensibles en territorios donde el coste de vida supera la media nacional.

Reacciones sindicales y ausencia de unanimidad

Pese a que UGT y CSIF han avalado el pacto, el acuerdo no cuenta con el apoyo de CCOO, que considera insuficiente la subida en relación con la pérdida de poder adquisitivo acumulada en la última década. Desde esta organización denuncian que, aun con el incremento pactado, los salarios públicos seguirán situándose por debajo de lo necesario para compensar el encarecimiento sostenido del coste de vida y reclaman un marco retributivo más estable y previsible.

Por su parte, el Gobierno defiende que el esfuerzo presupuestario realizado es “responsable y compatible” con los objetivos fiscales y sostiene que el incremento ayudará a atraer talento a la función pública en un contexto de jubilaciones masivas previstas para los próximos años.

Un reto presupuestario y organizativo

El acuerdo salarial supone un aumento significativo del gasto público y plantea desafíos sobre su sostenibilidad a medio plazo, especialmente si la economía crece por debajo de lo previsto. No obstante, el Ejecutivo insiste en que la modernización de la Administración pasa por retribuciones más competitivas que permitan reducir la temporalidad y mejorar la calidad del servicio al ciudadano.

Aunque la subida salarial marcará un punto de inflexión para millones de empleados públicos, su efecto final dependerá de la evolución de la inflación, de la reorganización interna de los distintos cuerpos y de la capacidad del Estado para conectar esta mejora retributiva con una verdadera modernización administrativa.