Funcionarios ganarán hasta 37.800 euros en cuatro años gracias a la subida del 11,4%
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos abre una nueva etapa salarial para más de 3,5 millones de empleados públicos
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Tras varias semanas de discusiones intensas, reuniones maratonianas y un clima enrarecido entre las partes, el Ministerio de Función Pública y las principales organizaciones sindicales han cerrado un acuerdo que marcará un antes y un después para la administración española. El pacto contempla una subida salarial acumulada del 11,4% en cuatro años, una revalorización que pone fin a la congelación que arrastraban los funcionarios desde 2024 y que permitirá recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos ejercicios.
La negociación no fue sencilla. CSIF, CCOO y UGT llegaron divididos al final del proceso, con discrepancias sobre la suficiencia del incremento propuesto y la forma de aplicarlo. Pese a las reticencias iniciales, la presión conjunta y la evolución de las conversaciones permitieron llegar a una cifra que, sin satisfacer por completo a todos los actores, sí representa un equilibrio entre las expectativas sindicales y las limitaciones presupuestarias del Gobierno.
Una subida progresiva hasta 2028
El acuerdo establece un calendario de incrementos escalonados que se desarrollará desde diciembre de 2025 hasta enero de 2028. La estructura diseñada busca garantizar una aplicación gradual y asumible para las cuentas públicas, pero con impacto real desde el primer año.
El primer paso se dará en diciembre de 2025, cuando se abonarán los atrasos correspondientes al ejercicio, reflejando un aumento del 2,5%. A partir de ahí, en enero de 2026 se aplicará un incremento del 4% sobre las nóminas, al que se añadirá un 0,5% variable condicionado a la evolución de la inflación. Este componente dependerá de que el IPC supere el 1,5%, y en caso de activarse, se abonará de forma retroactiva en el primer trimestre de 2027.
La subida prevista para enero de 2027 será del 4,5%, ajustada por la aplicación previa del tramo variable. Finalmente, en enero de 2028 se completará el ciclo con un aumento del 2%, lo que permite alcanzar el incremento acumulado del 11,4%, cifra que constituye el eje central del pacto.
Este esquema no solo representa una recuperación salarial, sino que también pretende dotar de estabilidad y previsión a un colectivo que lleva años reclamando claridad en la evolución de sus retribuciones.
El impacto económico: hasta 37.800 euros para los cuerpos superiores
Los beneficios serán especialmente notables en los cuerpos de mayor cualificación dentro de la Administración. Los empleados del subgrupo A1, que ocupan puestos directivos y técnicos de alto nivel, experimentarán el mayor impacto económico del acuerdo. Para 2028, sus salarios podrán alcanzar los 37.800 euros anuales, frente a los algo menos de 34.000 euros actuales. Esto supone un aumento superior a 3.860 euros al año, consolidándolos como los perfiles mejor remunerados del sector público.
Los trabajadores del grupo B, dedicados a funciones intermedias de gestión y especialización, también disfrutarán de mejoras significativas. Su retribución media rondará los 33.600 euros anuales, con un incremento acumulado cercano a 3.450 euros, reforzando su posición dentro del mapa salarial de la Administración.
Para los cuerpos C1 y C2, que representan una parte muy amplia de los empleados públicos, la subida será más moderada, aunque igualmente relevante. El subgrupo C1 alcanzará alrededor de 31.400 euros, mientras que el C2 se situará en torno a los 29.200 euros cuando finalice la aplicación del acuerdo. En todos los casos, las mejoras consolidan una revalorización progresiva que permitirá al personal público recuperar cerca del 2,9% del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
La posición de los sindicatos: unidad en torno a un acuerdo “responsable”
El clima negociador vivió momentos de gran tensión. CSIF llegó a rechazar la propuesta inicial, argumentando que quedaba lejos de las reivindicaciones históricas del colectivo y que no respondía adecuadamente al encarecimiento de la vida. CCOO, por su parte, mantuvo una postura crítica durante toda la negociación, recordando que los funcionarios han soportado años de pérdidas retributivas y reclamando un aumento más ambicioso.
El papel decisivo lo desempeñó UGT, que aceptó la propuesta tras una última modificación al alza que permitió desbloquear el diálogo. El propio sindicato destacó que, si bien el acuerdo no cubre completamente todas las demandas, sí representa el mejor escenario posible dadas las restricciones presupuestarias, la incertidumbre política y las limitaciones marcadas por la Unión Europea y la OTAN.
Finalmente, CSIF también decidió sumarse al pacto, justificando su firma como un acto de “responsabilidad y compromiso con los empleados públicos”, y subrayando que su participación garantiza un seguimiento más riguroso del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Más allá del salario: otras mejoras clave del acuerdo
La subida retributiva no es el único elemento que integra este pacto. El documento final incorpora una serie de medidas que pretenden modernizar la función pública, mejorar las condiciones laborales y reforzar la capacidad operativa de las administraciones.
Entre las actuaciones previstas destacan el refuerzo de plantillas para reducir la temporalidad, la agilización de los procesos selectivos, la mejora de la promoción interna, la ampliación de los mecanismos de movilidad y la revisión de la clasificación de puestos. También se evaluarán y actualizarán diversos complementos retributivos, así como los permisos, condiciones de jubilación y medidas de conciliación.
Otro de los focos del acuerdo es la salud laboral y el fortalecimiento del Mutualismo Administrativo, con el objetivo de mejorar la atención a los empleados públicos y optimizar los recursos destinados a su bienestar.
Con este pacto, el Gobierno y los sindicatos abren una nueva etapa para más de 3,5 millones de empleados públicos. La subida del 11,4% no solo actualiza los salarios tras años de estancamiento, sino que establece el marco para una renovación profunda de la Administración, un desafío clave en pleno proceso de transformación digital y de adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad.
