Los funcionarios cobrarían hasta 37.700 € al año con la subida del 11% del Gobierno
El Gobierno eleva su propuesta al 11 % para intentar cerrar un acuerdo con los sindicatos y contener el malestar creciente entre los funcionarios
La nueva oferta salarial busca desbloquear la negociación y mitigar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los funcionarios desde hace más de una década
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El Ministerio de Función Pública ha elevado su oferta de subida salarial para los funcionarios, proponiendo un aumento acumulado del 11 % para el periodo 2025-2028. Esta nueva propuesta llega después de que los sindicatos rechazaran una primera oferta del 10 %, y apunta a allanar un acuerdo que garantice la estabilidad retributiva de los más de tres millones de trabajadores públicos.
Según informó la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, la oferta incluye una parte fija y otra variable, aunque aún no se ha definido cómo se repartirán esos tramos entre los cuatro años. Además, el Ministerio puso como condición que los incrementos no superen el 4 % acumulado entre 2025 y 2026, un punto que ha sido motivo de tensión con los sindicatos.
Los sindicatos han reaccionado de forma dispar. Por un lado, UGT y CCOO han valorado positivamente la oferta, señalando que podría ser un paso para recuperar poder adquisitivo. Por otro lado, CSIF ha calificado la propuesta como insuficiente y ha advertido de que podría volver a movilizarse si no mejora.
Coste fiscal y presión sobre el gasto público
El alza del 11 % representa para el Estado un esfuerzo adicional importante: según algunas fuentes, implicaría unos 2.000 millones de euros más destinados a nóminas. Esta cifra se suma al gasto público ya elevado en salarios del sector público: en 2024, la masa salarial de los empleados públicos alcanzó los 172.350 millones de euros, un récord histórico.
Además de la subida salarial, las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos incluyen otros puntos clave para los funcionarios: la eliminación progresiva de la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, el acceso a plazas, y la implantación de la jornada de 35 horas, entre otros temas estructurales.
Un acuerdo difícil, pero con fecha límite
El Ejecutivo ha fijado como plazo para cerrar el acuerdo el próximo lunes, según fuentes sindicales. Durante la reunión mantenida este jueves, el Gobierno dejó claro que no contempla un “plan B” más allá de esta oferta del 11 %, lo que añade presión sobre los sindicatos para llegar a un pacto.
Para CCOO y UGT, el aumento propuesto permitiría una recuperación significativa del poder adquisitivo, aunque exigen que los años posteriores, como 2027, incluyan subidas fijas más elevadas. En particular, UGT ha insistido en que un alza fija del 5 % en 2027 sería clave para consolidar esas mejoras.
CSIF, el sindicato más crítico, alerta de que el límite del 4 % para los dos primeros años pone en riesgo la compensación total por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, especialmente después de la crisis de 2010. Por ello, no descartan nuevas movilizaciones si las condiciones no cambian.
Estado actual de las negociaciones
La negociación de este nuevo marco salarial parte del fin del anterior acuerdo plurianual, que cubría el periodo 2022-2024. En ese pacto, los funcionarios ya obtuvieron subidas retributivas de alrededor del 10 %, con una combinación de retribución fija y variable.
Además, los empleados públicos ya habían recibido una subida adicional del 0,5 % con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, que se sumó al 2 % ya aplicado ese año, lo que elevó el incremento salarial total en 2024 al 2,5 %. No obstante, desde los sindicatos recuerdan que sigue pendiente completar otros compromisos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la reforma de la clasificación profesional y la jubilación parcial.
Consecuencias para los servicios públicos
Para el Gobierno, cerrar este acuerdo con los funcionarios es clave no solo para garantizar la paz social en el sector público, sino también para reforzar los servicios públicos. Según el Ministerio, los salarios dignos y la mejora de las condiciones laborales podrían traducirse en una mejor prestación a la ciudadanía y en una Administración más eficaz.
Los sindicatos, por su parte, insisten en que un pacto robusto es fundamental para evitar la pérdida continuada del poder adquisitivo de los funcionarios, consolidar la plantilla pública y asegurar que los empleados públicos puedan seguir desempeñando sus funciones con estabilidad y motivación.
Riesgos para las cuentas públicas
El aumento salarial y el coste añadido asociado plantean desafíos para las finanzas del Estado. En un contexto en que el gasto público ya se presiona por otros compromisos presupuestarios, una negociación demasiado generosa podría tensionar aún más las cuentas. Además, existe el riesgo de que otras administraciones —comunidades autónomas y ayuntamientos— reclamen subidas similares para sus propios empleados públicos, lo que podría multiplicar el impacto.
No obstante, para el Gobierno esta apuesta podría ser rentable políticamente, ya que un acuerdo satisfactorio con los sindicatos minimizaría el riesgo de huelgas, movilizaciones y conflictos sociales, especialmente en un sector tan sensible como el de los servicios públicos.
