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Subida salarial para funcionarios: quiénes se benefician, cuánto y cómo se pagará
El Gobierno da luz verde a la mayor subida salarial del funcionariado en años con un alza del 11 % hasta 2028
El Ejecutivo aprueba un incremento salarial progresivo que beneficiará a millones de empleados públicos y que incluye un primer pago retroactivo del 2,5 % en diciembre
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La nómina del funcionariado español se prepara para un cambio histórico. El Ministerio de Función Pública ha aprobado un incremento salarial acumulado del 11–11,4 % entre 2025 y 2028, tras un acuerdo suscrito con los sindicatos UGT, CSIF y recientemente ratificado por CCOO, que hasta hace pocas fechas dudaba en adherirse. El anuncio se ha producido tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha dado su respaldo a un Real Decreto ley que permitirá abonar de inmediato, según EFE, un primer aumento del 2,5 % retroactivo a 1 de enero de 2026, que será visible en la nómina de diciembre.
Cómo se reparte el incremento
El esquema salarial pactado distribuye la subida de la siguiente forma. Durante los próximos 4 años habrá cambios considerables, según Europa Pres:
- 2025: + 2,5 %, con retroactividad desde el 1 de enero, pagadero ya este diciembre.
- 2026: + 1,5 % fijo, con posibilidad de sumar un extra del 0,5 % si el índice de precios al consumo (IPC) lo justifica.
- 2027: + 4,5 %
- 2028: + 2 %
Según las estimaciones de la mesa negociadora, con el efecto acumulado y con los complementos retributivos consolidados, el alza real podría alcanzar el 11,4 % tal y como lo recogía Euronews. De esta forma, tal y como avanzaba EFE, el Gobierno ha enfatizado que esta medida pretende recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años e incentivar la contratación pública mediante la eliminación de la tasa de reposición.
A quién afecta la subida
El aumento salarial afecta a unos 3,5 millones de empleados públicos en España, según Onda Cero. Estos perfiles parten desde personal administrativo, cuerpos de seguridad, docentes o personal sanitario público, siempre dependiendo del ámbito de administración al que pertenezcan.
La subida, tal y como detallaba Europa Press, será automática para aquellos funcionarios del Estado, empleados de comunidades autónomas o ayuntamientos. De todas formas, su ejecución dependerá de acuerdos propios en cada administración.
Opiniones enfrentadas: alivio frente a escepticismo
Para los sindicatos firmantes, tanto UGT, CSIF Y CCOO, la medida representa un importante respiro para el funcionariado, restaurando parte de los recortes acumulados y mejorando el poder adquisitivo tal y como recogía El Español. Para ellos, es también una oportunidad para reforzar plantillas y mejorar el servicio público.
Pero no todos comparten ese optimismo. Fedeca, que agrupa a altos funcionarios del Estado, calificaba el acuerdo, en declaraciones a Europa Press, como un «fraude de ley» por comprometer subidas hasta 2028, más allá de la legislatura actual, lo que, según su presidenta, podría vulnerar la legalidad vigente.
Además, Fedeca advierte, según El Confidencial, que el incremento acordado no contempla la inflación real acumulada desde décadas atrás. Según su portavoz, en declaraciones al rotativo digital, los empleados públicos habrían perdido más del 40 % del poder adquisitivo desde 1982, por lo que subidas como la actual no bastan para compensar la depreciación salarial histórica.
Un impacto relevante para las cuentas públicas
El coste estimado para las administraciones públicas, tal y como recogía Europa Press, asciende a miles de millones de euros en los próximos cuatro años, provocando tensiones presupuestarias, sobre todo en gobiernos autonómicos y locales, algunos de los cuales ya advierten de que la aplicación dependerá de su capacidad financiera.
Este esfuerzo presupuestario al que se refería Lavanguardia, coincide con un escenario de recuperación económica post-pandemia, inflación persistente y necesidades crecientes de modernización de los servicios públicos, lo que añade presión sobre las cuentas del Estado y de las comunidades autónomas.
El futuro inmediato
La subida de 2025 será efectuada este diciembre con efecto retroactivo tal y como confirmaba EFE. Aún así, el resto del incremento deberá consolidarse año tras año, dependiendo en parte de la inflación y de la voluntad política de los distintos niveles de administración.
El desafío, según El País, es garantizar que el aumento llegue a todos los ámbitos de la función pública, que se cumpla en tiempo y forma, y que todas las administraciones cuenten con los recursos necesarios para hacer frente al desembolso. También será clave observar si este pacto, como puntualizaba El Mundo, contribuye a mejorar la plantilla, la calidad del servicio público y la estabilidad laboral, valores que los sindicatos han vinculado a este acuerdo.
En definitiva, tal y como avanzaba El País, la subida aprobada por el Gobierno representa una oportunidad histórica para renovar la confianza en la función pública y mejorar las condiciones de millones de trabajadores estatales. Su éxito dependerá de la voluntad presupuestaria, del seguimiento riguroso del acuerdo y de la capacidad de los distintos gobiernos autonómicos y locales para asumir sus compromisos.
