Sánchez recurre ahora a Merlin y Portugal para salvar la gigafactoría de IA europea de 5.000 millones
Sánchez explora una alianza ibérica después de haber rechazado previamente esa misma opción, mientras el proyecto original en Tarragona acumula plazos imposibles
Montaje realizado por Economía Digital.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro de 180 grados en su estrategia de las gigafactorías europeas de IA, una infraestructura de 5.000 millones de euros. Después de meses rechazando una alianza ibérica, el Ejecutivo baraja ahora unirse a Merlin Properties, Iberdrola y el Gobierno portugués, las mismas compañías a las que había dado puerta en conversaciones anteriores, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
La secuencia de decisiones del Gobierno resulta, cuando menos, llamativa. Durante meses, el Ejecutivo apostó por ir en solitario, con Telefónica, ACS y Nvidia como socios, y rechazó expresamente la posibilidad de construir una candidatura conjunta con Merlin Properties e Iberdrola, pese a que la propia Comisión Europea había recomendado a los Estados miembros unificar propuestas nacionales para reforzar sus posibilidades.
También descartó la alianza ibérica con Lisboa en aquellas primeras conversaciones. Ahora, con el proyecto en Cataluña tocado de muerte por problemas técnicos y los plazos europeos asfixiando cualquier margen de maniobra, el Gobierno vuelve a llamar a esas mismas puertas.
El embrión de la candidatura del Gobierno había echado raíces en Mora la Nova, en la provincia de Tarragona. El Gobierno había elegido ese enclave como sede principal de la futura gigafactoría, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, se había encargado de vender el proyecto como una apuesta estratégica de primer nivel.
Sin embargo, los estudios urbanísticos previos sacaron a la luz un obstáculo que nadie había anticipado: la existencia de restos arqueológicos en los terrenos seleccionados. El hallazgo no es un contratiempo menor. Obliga, como mínimo, a excavaciones preventivas, evaluaciones adicionales y posibles rediseños del proyecto, todo ello en un calendario que ya era extremadamente ajustado antes de que aparecieran los restos.
La Comisión Europea exige que las gigafactorías financiadas estén operativas entre 2027 y 2028, un plazo que cualquier experto en construcción de infraestructuras de este tipo califica de inasumible incluso en condiciones óptimas.
En el sector de los centros de datos, el ciclo completo desde la planificación hasta la plena operatividad ronda habitualmente los ocho años. Con los problemas arqueológicos de Tarragona encima de la mesa, la operatividad real del proyecto se desplaza más allá de 2030, lo que deja la candidatura española en una posición muy delicada frente a Bruselas.
Ante este panorama, el Ejecutivo ha intentado dos movimientos simultáneos. El primero fue la incorporación de Madrid a la candidatura, anunciada por López desde el Spain Investors Day. El problema es que el Gobierno ha alquilado a Iron Mountain un centro de datos de 10 mw, una potencia que a la Unión Europea no le sirve.
El segundo movimiento es la alianza con Portugal. El Gobierno explora ahora presentar una candidatura ibérica conjunta, lo que implicaría reconocer implícitamente que la opción de ir en solitario ha fracasado.

En este escenario cobran relevancia los activos que Merlin Properties tiene sobre la mesa: la socimi cuenta con en su candidatura con un único centro de datos: el complejo situado en Lisboa que estará listo para 2027 o 2028, ajustándose así a los criterios europeos.
El Ejecutivo tuvo sobre la mesa, desde el principio, una vía rápida y técnicamente solvente: integrarse en la candidatura de Merlin, Iberdrola y Portugal, que contaba con infraestructura real, plazos viables y el respaldo implícito de las recomendaciones europeas de unificación.
Optó por descartarla para construir su propia propuesta, elegir un emplazamiento que luego resultó problemático, anunciar plazos incompatibles con la realidad constructiva y finalmente, cuando el tiempo se ha agotado, volver a negociar con los mismos actores que había marginado.
Sánchez quiere unirse al grupo de Alemania y Francia
Mientras tanto, la competencia no ha estado quieta. Francia y Alemania tienen sus plazas prácticamente aseguradas, y solo quedan tres puestos en disputa para el resto de Europa. Italia, los países nórdicos y el bloque del Este se postulan con candidaturas más consolidadas, lo que deja a España en una posición de desventaja que los últimos movimientos del Gobierno no han hecho sino agravar.
Introducir cambios sustanciales en la arquitectura del proyecto cuando Bruselas está ultimando su evaluación transmite una imagen de improvisación que puede resultar letal para las aspiraciones españolas.
La pregunta que sobrevuela el sector es si el tiempo que queda es suficiente para recomponer la candidatura del Gobierno. La respuesta, a juzgar por los plazos y la acumulación de errores estratégicos, es incierta. Lo que sí está claro es que el coste político y económico de haber rechazado las alianzas recomendadas comienza a pasarle factura al Gobierno en el momento más inoportuno.
