El Gobierno se inventa una candidatura imposible con Madrid para tapar el fracaso de la gigafactoría de IA de Cataluña
Como adelantó en exclusiva ECONOMÍA DIGITAL, los problemas urbanísticos y los plazos inviables han obligado al Gobierno a rehacer sobre la marcha su candidatura ante Bruselas
Montaje realizado por Economía Digital.
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El Gobierno ha optado por camuflar el naufragio de uno de sus proyectos más emblemáticos. La súbita inclusión de Madrid en la candidatura española para albergar una gigafactoría europea de inteligencia artificial, acompañada de un grandilocuente anuncio de 4.000 millones de euros de inversión, no es el lanzamiento de una nueva estrategia, sino el intento de disimular el bloqueo real de la iniciativa en Cataluña.
Un movimiento defensivo, ejecutado a contrarreloj y con escaso sustento técnico, justo cuando Bruselas se prepara para evaluar qué proyectos merecen el respaldo comunitario.
El encargado de poner voz al giro ha sido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que este miércoles, desde la tribuna del Spain Investors Day, presentó la operación como un «tándem territorial» entre Madrid y Cataluña llamado a convertir a España en un «campeón imparable de la IA».
El mensaje, cuidadosamente diseñado para el escaparate internacional, evita una realidad mucho más incómoda: la candidatura original, anclada en Móra la Nova (Tarragona), está atrapada en problemas que comprometen su viabilidad.
Como adelantó este medio, la principal grieta del plan gubernamental apareció bajo tierra. Los estudios urbanísticos previos detectaron restos arqueológicos en los terrenos elegidos para levantar el centro de datos, un hallazgo que, lejos de ser anecdótico, amenaza con alterar de forma sustancial los plazos del proyecto.
Pese a los intentos oficiales por minimizar el impacto, fuentes técnicas reconocen que la aparición de restos obliga, como mínimo, a evaluaciones adicionales, excavaciones preventivas y posibles modificaciones del diseño.
Todo ello en un calendario ya extremadamente ajustado y con la presión añadida de los plazos impuestos por la Unión Europea.
Bruselas exige que las gigafactorías seleccionadas estén operativas entre 2027 y 2028 para acceder a la financiación com
unitaria. Ese requisito, repetido ahora por el propio ministro, choca frontalmente con la realidad del proyecto español.
Incluso en el mejor de los escenarios, la obra no podría arrancar antes de que la Comisión Europea haga pública su decisión definitiva, previsiblemente esta primavera.
A partir de ahí, la construcción de una infraestructura de esta magnitud requiere al menos cuatro años de trabajos, a los que se suman licencias, pruebas técnicas y puesta en marcha.
En la práctica, los plazos empujan la operatividad más allá de 2030. En el sector de los centros de datos, además, el ciclo completo desde la planificación hasta la plena operatividad se acerca habitualmente a los ocho años.
El anuncio de que la gigafactoría estaría lista en 2027 o 2028 no es, por tanto, una previsión realista, sino una declaración de intenciones difícilmente compatible con los tiempos administrativos y constructivos.
La propuesta que el Gobierno desechó y que se le vuelve en contra
La paradoja es que el Ejecutivo sí tuvo sobre la mesa una alternativa alineada con los requisitos europeos. Merlin Properties ofreció integrar su complejo Arasur, una instalación ya construida y preparada para entrar en funcionamiento en 2026.
Una vía rápida que habría permitido a España presentar una candidatura sólida, creíble y ajustada al calendario comunitario.
El Gobierno no solo rechazó esa opción, como avanzamos en ECONOMÍA DIGITAL, sino que también dio portazo a una alianza más amplia con Iberdrola y la candidatura portuguesa, pese a que la propia Unión Europea había recomendado unificar propuestas nacionales para reforzar las posibilidades de éxito.
La decisión de ir en solitario, con Telefónica, ACS y Nvidia como socios industriales, dejó a España fragmentada y con una propuesta menos robusta frente a competidores como Italia, los países nórdicos o el bloque del Este.
La incorporación de Madrid aparece ahora como una solución de emergencia. El Ejecutivo no ha detallado qué activos concretos aporta la capital, ni qué centros de datos estarían disponibles de inmediato.
Tampoco ha aclarado si existen licencias concedidas o infraestructuras listas para absorber parte del proyecto sin pasar por un largo proceso de construcción.
Madrid suma talento, conectividad y ecosistema empresarial, pero no resuelve el principal cuello de botella: la falta de una instalación operativa o casi operativa capaz de cumplir los plazos exigidos por Bruselas.
Frente a ello, Merlin sí dispone de centros listos para ser utilizados desde ahora, un factor diferencial que el Gobierno ha preferido ignorar.
El momento elegido para redefinir el proyecto no es menor. La Comisión Europea se encuentra en la fase final de evaluación de candidaturas, con Francia y Alemania prácticamente aseguradas y solo tres plazas en disputa.
Introducir cambios sustanciales en la arquitectura del proyecto a estas alturas transmite una imagen de improvisación que juega en contra de su credibilidad.
El Gobierno presenta el movimiento como una demostración de ambición y visión estratégica. Sin embargo, la secuencia de decisiones dibuja otro cuadro: rechazo de alianzas recomendadas, elección de un emplazamiento problemático, plazos incompatibles con los criterios europeos y, finalmente, un volantazo de última hora para maquillar el fracaso inicial.
