La UE financiará el 17% de los centros de datos: España deberá aportar 4.000 millones para recibir la ayuda europea
La ayuda comunitaria cubrirá solo una fracción del coste de los centros de datos, mientras el grueso de la inversión se articulará mediante deuda
Montaje realizado por Economía Digital.
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La Unión Europea financiará el 17% del coste de las cinco nuevas gigafactorías de inteligencia artificial (centros de datos) que se desplegarán en el continente, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
Traducido a números, ese porcentaje equivale a unos 850 millones de euros por sede, procedentes de la Empresa Común EuroHPC y destinados de forma directa a la compra de supercomputadores, servidores y equipamiento de alto rendimiento.
Es una cifra relevante y jurídicamente blindada, pero también insuficiente para entender el verdadero alcance financiero de la operación. Porque ese 17% que Europa presenta como prueba de su compromiso es solo la parte visible del iceberg. Para acceder a esa subvención, cada candidatura española debe comprometer una inversión total cercana a los 5.000 millones de euros.
Los 4.000 millones restantes, el 83% del coste total, no proceden de fondos a fondo perdido ni de partidas presupuestarias clásicas. Se canalizan a través de InvestAI, el gran instrumento financiero diseñado por la Comisión Europea para movilizar capital público y privado mediante préstamos y garantías, gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades financieras nacionales.
Para que InvestAI desembolse ese volumen de recursos, el Estado miembro debe asumir un «compromiso firme». En la práctica, España actúa como avalista último del proyecto. El riesgo no desaparece ni se mutualiza a escala europea; se traslada, en gran medida, a las cuentas nacionales.
El diseño financiero explica por qué Bruselas ha querido marcar distancias con los grandes programas de transferencias directas que caracterizaron los fondos Next Generation. El 17% funciona como un incentivo, pero el verdadero motor son los 4.000 millones que alguien tendrá que devolver, con intereses y en plazos largos.
Esta arquitectura convierte el proceso de selección en algo más parecido a una operación bancaria que a un reparto clásico de ayudas comunitarias. Y la Comisión ha querido subrayarlo imponiendo una condición poco habitual: una due diligence financiera estricta.
Antes de que fluya un solo euro de InvestAI, un banco evaluará cada candidatura como si se tratara de un gran proyecto corporativo. Analizará ingresos previstos, estructura de costes, riesgos operativos y capacidad real de repago.
Si la entidad financiera concluye que el plan no es viable, el préstamo se deniega. Y sin préstamo no hay inversión mínima. Automáticamente, España perdería tanto la financiación como el 17% de subvención directa y, con ello, la sede de la gigafactoría. No hay segundas oportunidades ni margen para renegociaciones políticas de última hora.
A esta presión financiera se suma otra variable que apenas aparece en el discurso oficial: los costes de operación. Tanto la ayuda de EuroHPC como los préstamos de InvestAI están diseñados para construir la infraestructura: levantar el edificio, instalar los servidores y encender las máquinas. Pero una vez hecho eso empieza la factura que nadie paga desde Bruselas.
Una gigafactoría de inteligencia artificial consume cantidades masivas de electricidad de forma constante. Esa energía no se financia con fondos europeos ni con créditos comunitarios.
Sale de los ingresos del centro o, en su defecto, del bolsillo directo de los socios. La viabilidad del proyecto no depende solo de construir rápido, sino de operar de forma eficiente durante décadas.
El Gobierno se mueve así en un terreno incómodo. Por un lado, quiere preservar el control político del proyecto y alinearlo con sus prioridades industriales y territoriales. Por otro, necesita convencer a instituciones financieras europeas de que su propuesta es la más sólida, rentable y menos arriesgada.
Cambio de ubicación en los centros de datos del Gobierno
En este contexto se explica el giro de última hora en la candidatura española. La súbita inclusión de Madrid como parte del proyecto no responde tanto a una nueva estrategia como al intento de disimular el bloqueo real de la iniciativa en Cataluña. Un movimiento defensivo, ejecutado a contrarreloj y con escaso sustento técnico, justo cuando Bruselas entra en la fase final de evaluación.
El encargado de poner voz al cambio ha sido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que desde el Spain Investors Day presentó la operación como un «tándem territorial» entre Madrid y Cataluña destinado a convertir a España en un «campeón imparable de la IA».
El mensaje, pensado para el escaparate internacional, evita una realidad más incómoda: la candidatura original en Móra la Nova (Tarragona) está atrapada en problemas que comprometen su viabilidad.
Todo ello en un calendario ya extremadamente ajustado. Bruselas exige que las gigafactorías estén operativas entre 2027 y 2028 para acceder a la financiación. Incluso en el mejor de los escenarios, los plazos empujan la puesta en marcha más allá de 2030, un horizonte difícilmente compatible con los criterios europeos.
La paradoja final es que el Ejecutivo tuvo sobre la mesa alternativas más alineadas con esos requisitos, como la oferta de Merlin Properties para integrar su complejo Arasur, ya construido y con capacidad para entrar en funcionamiento en 2026.
Una vía rápida que habría reforzado la credibilidad de la candidatura. El rechazo de esa opción, junto con la negativa a explorar alianzas más amplias, dibuja un patrón de decisiones que hoy pesa en Bruselas.
Mientras Francia y Alemania parecen tener su plaza asegurada y solo quedan tres sedes en disputa, el Gobierno de España afronta la recta final con un proyecto redefinido sobre la marcha.
