Telefónica y ACS se reunirán con la Comunidad de Madrid para negociar el centro de datos del Gobierno
Los socios principales de la candidatura del Gobierno buscan encajar el proyecto con la Comunidad de Madrid mientras se analizan los detalles técnicos y el modelo de explotación del centro de datos
Montaje realizado por Economía Digital.
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Telefónica y ACS tendrán que sentarse con la Comunidad de Madrid para abordar el desarrollo del centro de datos vinculado al proyecto estratégico del Gobierno de la Gigafactoría de IA de la Unión Europea de 4.000 millones de euros, según han explicado fuentes del sector a este medio.
El encuentro, todavía sin fecha cerrada, servirá para que la administración autonómica y los principales socios industriales del proyecto intercambien información técnica y analicen el modelo de explotación de la infraestructura, según confirman las mismas fuentes.
La reunión se produce en un momento clave, marcado por la reconfiguración de la candidatura del Gobierno a la gigafactoría y por las crecientes dudas del mercado sobre su viabilidad real en los plazos exigidos por Bruselas.
Tras el bloqueo del emplazamiento inicial en Cataluña, el Ejecutivo ha incorporado a Madrid como segundo eje territorial del proyecto, un movimiento que el Gobierno presenta como una apuesta estratégica, pero que en el sector se interpreta más como una maniobra defensiva para ganar tiempo y sostener el relato ante la Comisión Europea.
La Comunidad de Madrid emerge como un actor imprescindible. No solo por su peso institucional, sino porque cualquier centro de datos de estas características requiere una compleja coordinación urbanística, energética y administrativa.
Las fuentes consultadas subrayan que el objetivo del próximo encuentro no es cerrar acuerdos definitivos, sino «conocer en detalle los requerimientos técnicos del proyecto y el esquema de explotación previsto», un paso previo indispensable antes de evaluar ubicaciones concretas.
El Gobierno mantiene, al menos sobre el papel, el esquema de socios industriales anunciado: Telefónica como operador tecnológico, ACS como socio constructor e integrador de infraestructuras y Nvidia como proveedor clave de tecnología.
La Comisión Europea exige que las gigafactorías seleccionadas estén operativas entre 2027 y 2028 para acceder a la financiación comunitaria. Un horizonte temporal que choca con la realidad del sector.
Incluso en escenarios optimistas, el desarrollo de un gran centro de datos —desde la planificación hasta la plena operatividad— se extiende habitualmente durante siete u ocho años.
Las conversaciones con la Comunidad de Madrid se producen, además, bajo la sombra de las decisiones previas del Ejecutivo. El Gobierno descartó alternativas que el mercado consideraba más alineadas con los criterios europeos, como la integración de instalaciones ya construidas o prácticamente listas para entrar en funcionamiento.
Esa negativa dejó a la candidatura del Gobierno en una posición más débil frente a otras que han optado por soluciones híbridas.
La incorporación de Madrid no resuelve automáticamente los problemas estructurales del proyecto, y la falta de concreción sobre activos disponibles, licencias concedidas o calendarios detallados alimenta la percepción de improvisación. «Sin una infraestructura casi operativa, cualquier propuesta pierde fuerza en Bruselas«, resume una fuente conocedora.
Telefónica y ACS, en busca del plan perfecto
Aun así, el Ejecutivo insiste en que el diálogo con las comunidades autónomas y con los socios industriales permitirá encauzar el proyecto y presentar una propuesta más robusta.
La reunión entre Telefónica, ACS y la Comunidad de Madrid se enmarca en esa estrategia: ganar claridad técnica, explorar modelos de explotación público-privados y evaluar hasta qué punto la capital puede absorber parte del proyecto sin incurrir en retrasos insalvables.
El calendario, sin embargo, juega en contra. La Comisión Europea se encuentra en la fase final de análisis de candidaturas, con varios países prácticamente asegurados y un margen de maniobra cada vez más estrecho para introducir cambios sustanciales. En ese escenario, cualquier ajuste de última hora exige no solo voluntad política, sino soluciones técnicas creíbles y ejecutables.
La negociación con Madrid será, por tanto, una prueba de fuego. No tanto para anunciar grandes cifras o mensajes grandilocuentes, sino para demostrar si el proyecto estrella de Sánchez puede traducirse en una infraestructura real, operativa y alineada con los tiempos europeos.
