La UE aplaza a junio el proyecto de centros de datos de 4.000 millones con la candidatura del Gobierno en la cuerda floja
El Gobierno tiene hasta febrero para presentar una candidatura que convenza a la Unión Europea
Montaje realizado por Economía Digital.
La carrera europea por albergar las futuras gigafactorías de IA de 4.000 millones de euros entra en una fase decisiva marcada por la incertidumbre y los retrasos. La Comisión Europea ha decidido aplazar hasta el próximo mes de junio la resolución sobre qué candidaturas serán finalmente seleccionadas para acoger estos grandes centros de datos, según ha podido comprobar ECONOMÍA DIGITAL.
Se trata de un movimiento relevante que altera el calendario inicial y que añade presión sobre proyectos nacionales que ya llegaban con dificultades, entre ellos la propuesta impulsada por el Gobierno de España.
Hasta ahora, y durante el final de 2025, la Comisión ha mantenido un periodo preliminar destinado a identificar el interés de los Estados miembros y de los grandes consorcios industriales.
Ese primer filtro, que se cerró en diciembre, no implicaba compromisos firmes ni validaciones técnicas.

El verdadero plazo para presentar las candidaturas completas se extiende hasta finales de febrero. A partir de ahí, la decisión definitiva se retrasa a junio, frente a las previsiones iniciales que apuntaban a la primavera.
Este cambio de tiempos tiene consecuencias directas para la candidatura del Gobierno, que en las última semana ha sido presentada por el Ejecutivo como uno de los grandes proyectos tractores de la legislatura.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció públicamente una supuesta gigafactoría europea de IA que situaría a España en la primera división tecnológica del continente, apoyada en un «tándem territorial» entre Cataluña y la Comunidad de Madrid y con socios industriales de primer nivel como Telefónica, ACS y Nvidia.
Bajo ese relato de ambición subyacen grietas significativas. Tal y como ha podido confirmar este medio, la Comunidad de Madrid —llamada a albergar una parte relevante del proyecto— no ha sido informada.
Fuentes del Ejecutivo regional aseguran que, más allá de una reunión política con el ministro, no se ha producido ningún encuentro de trabajo con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), pese a que estaba previsto. Esa reunión fue aplazada a última hora y reprogramada al próximo lunes.
El retraso decidido por la Comisión Europea ofrece, en teoría, una ventana adicional para afinar las propuestas. Pero también deja al descubierto las debilidades de aquellas candidaturas que aún no han resuelto cuestiones básicas.
En el caso del Gobierno, el núcleo original del proyecto se situaba en Móra la Nova (Tarragona), una ubicación que ya había generado dudas por problemas urbanísticos y de calendario. Los estudios previos detectaron restos arqueológicos en los terrenos seleccionados.

La Comisión ha fijado como requisito que las gigafactorías seleccionadas estén operativas entre 2027 y 2028 para poder acceder a la financiación europea.
Incluso con el aplazamiento de la decisión a junio, el margen sigue siendo extremadamente ajustado. La obra no podría arrancar antes de la resolución formal y, en el mejor de los casos, la construcción de un centro de datos de estas características requiere al menos cuatro años, a los que se suman licencias, pruebas técnicas y la puesta en marcha.
En el sector, el ciclo completo desde la planificación hasta la plena operatividad suele acercarse a los ocho años.
La incorporación sobre la marcha de Madrid aparece más como una maniobra a la desesperada que como el resultado de una planificación estratégica sólida.
España sí cuenta con una candidatura con centros de datos operativos
La paradoja es que España sí cuenta con alternativas más alineadas con el calendario europeo.
Merlin Properties cuenta con su complejo Arasur, una instalación ya construida y preparada para entrar en funcionamiento en 2026, lo que ha permitido presentar una candidatura creíble y viable en plazos.
La negociación entre ambas candidaturas para crear una gran candidatura ibérica no llegó a buen puerto al ser descartada por el Gobierno, pese a que desde la propia Unión Europea se había recomendado unificar propuestas nacionales para reforzar las probabilidades de éxito.

La decisión de avanzar en solitario ha dejado a España fragmentada frente a competidores que han jugado con mayor coordinación. Francia y Alemania parecen tener prácticamente asegurada su plaza, mientras que países como Italia, varios Estados nórdicos y el bloque del Este compiten por los pocos puestos restantes.