El Gobierno lanza su gran anuncio de la Gigafactoría de IA sin contar con la Comunidad de Madrid
El Gobierno se reunirá el próximo lunes con el Ejecutivo Regional, según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL en exclusiva
Montaje realizado por Economía Digital.
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La presentación del Gobierno de España de una supuesta gigafactoría europea de IA, con una inversión estimada de 4.000 millones de euros y un discurso de ambición tecnológica sin precedentes, llega acompañada de otro traspiés del Ejecutivo: la Comunidad de Madrid, región donde supuestamente se instalará una parte del proyecto, no ha sido informada, según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL.
El anuncio, realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dibuja un «tándem territorial» entre Cataluña y Madrid destinado a convertir a España en uno de los grandes polos de la inteligencia artificial en Europa.
Sin embargo, bajo el relato oficial subyace una realidad más incómoda: la incorporación de Madrid no responde a una planificación estratégica madura, sino a la necesidad de recomponer una candidatura que ha quedado atrapada en sus propias debilidades técnicas y de calendario.
La Comunidad de Madrid, de hecho, sigue a la espera de conocer los detalles concretos del proyecto. Según fuentes del Ejecutivo regional, hasta la fecha solo se ha producido una reunión política con el ministro, de la que debía derivarse un encuentro técnico con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).
Ese encuentro fue aplazado a última hora y reprogramado para el próximo lunes, según ha podido conocer este medio, sin que se haya trasladado ninguna información.
En foros internacionales como el Spain Investors Day, el Gobierno presenta la operación como un proyecto tractor capaz de situar a España en la primera división tecnológica europea. Pero el relato omite los problemas que han lastrado la candidatura original, anclada en Móra la Nova (Tarragona), y que hoy comprometen seriamente su viabilidad ante Bruselas.
Los estudios urbanísticos previos detectaron restos arqueológicos en los terrenos seleccionados para levantar el centro de datos, como adelantó este medio en exclusiva. En un proyecto de esta magnitud, esos condicionantes no son menores: alteran plazos, encarecen costes y añaden incertidumbre regulatoria.
Todo ello choca con un calendario ya de por sí extremo. La Comisión Europea exige que las gigafactorías seleccionadas estén operativas entre 2027 y 2028 para acceder a la financiación comunitaria.
Incluso en un escenario optimista, la obra no podría arrancar antes de que Bruselas haga pública su decisión definitiva, previsiblemente esta primavera.
A partir de ahí, la construcción de una infraestructura de estas características requiere al menos cuatro años, a los que hay que sumar licencias, pruebas técnicas y puesta en marcha. En el sector de los centros de datos, el ciclo completo desde la planificación hasta la plena operatividad se acerca habitualmente a los ocho años.
En ese contexto, el anuncio de que la gigafactoría estaría lista en 2027 o 2028 se asemeja más a una declaración de intenciones que a una previsión compatible con los tiempos administrativos y constructivos.
La paradoja es que esa solución sí existía. Merlin Properties ofreció integrar su complejo Arasur, una instalación ya construida y preparada para entrar en funcionamiento en 2026.
Una vía rápida que habría permitido a España presentar una candidatura sólida y alineada con el calendario comunitario.
El Gobierno no solo descartó esa opción, como también avanzó ECONOMÍA DIGITAL, sino que también rechazó una alianza más amplia con Iberdrola y la candidatura portuguesa, pese a que la propia Unión Europea había recomendado unificar propuestas nacionales para reforzar las posibilidades de éxito.
La decisión de avanzar en solitario, con Telefónica, ACS y Nvidia como socios industriales, dejó a España fragmentada frente a competidores como Italia, los países nórdicos o el bloque del Este. Ahora, cuando Francia y Alemania parecen tener su plaza prácticamente asegurada y solo quedan tres en disputa, redefinir el proyecto transmite una imagen de improvisación que penaliza su credibilidad.
El Gobierno camufla su fracaso con otra chapuza
Desde la Comunidad de Madrid, el mensaje es de prudencia. El Ejecutivo regional ha reiterado su compromiso con la inteligencia artificial como palanca de crecimiento, pero subraya que cualquier colaboración estará condicionada a la claridad del proyecto, a un modelo de gobernanza transparente y a garantías de que la inversión pública no responderá a intereses políticos coyunturales.
En ese marco, el gran anuncio del Gobierno aparece menos como el nacimiento de una estrategia sólida y más como un intento de camuflar el naufragio de uno de sus proyectos tecnológicos más emblemáticos.
La pregunta que queda en el aire no es si España necesita una gigafactoría de IA —la respuesta es evidente—, sino si el Ejecutivo ha sido capaz de construir una candidatura creíble antes de que se cierre la ventana de oportunidad europea.
