La CNMC cuestiona el decreto del Gobierno para regular los centros de datos: «Incrementaría el riesgo de inversión»
El regulador señala que la incertidumbre regulatoria de la propuesta "afectaría negativamente a la viabilidad económica de los proyectos"
Archivo – La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández
Comentarios
La regulación de los centros de datos en España se ha convertido en un nuevo foco de confrontación entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo advierte a Transición Ecológica que su propuesta de real decreto para regular el consumo de agua y energía de estas infraestructuras puede poner en riesgo la inversión y la viabilidad económica de numerosos proyectos.
El regulador analiza en un reciente informe el borrador que el ministerio liderado por Sara Aagesen sacó a audiencia pública en agosto de 2025 y aconseja modificar algunos puntos sustanciales por posibles problemas legales el aumento de la incertidumbre para los inversores.
El texto busca adaptar a la legislación española una directiva europea que obliga a los Estados miembros a elevar los estándares de eficiencia energética, transparencia y aprovechamiento del calor residual en los centros de datos.
Todo ello en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial, con España siendo uno de los principales focos de inversión en Europa para desarrollar instalaciones que almacenen la ingente cantidad de datos que circulan por el mundo.
El decreto de Aagesen introduce obligaciones escalonadas según el tamaño del centro. Así, a partir de 500 kilovatios (kW) de potencia, deberán reportar información detallada sobre consumo energético, uso de renovables, agua e impacto socioeconómico.
Por encima de un megavatio (MW), tendrán que analizar la viabilidad de reutilizar el calor residual y para los macrocentros de más de 100 MW se fija una exigencia especialmente sensible: situarse dentro del 15% más eficiente del sector en determinados indicadores técnicos.
La CNMC advierte de «incertidumbre regulatoria» y «riesgo para la inversión»
Es en este último punto donde la el organismo que dirige Cani Fernández lanza su advertencia más contundente al Gobierno, ya que considera que se trata de un criterio «dinámico» que puede hacer cambiar de un día para otro las instalaciones que sí cumplen los requisitos y las que no.
«Esta naturaleza comparativa y variable introduce una incertidumbre regulatoria sobre permisos ya concedidos durante un periodo de tiempo aparentemente indefinido: un operador que hoy cumple puede dejar de hacerlo en el futuro sin modificar su comportamiento ni sus parámetros técnicos, por cambios ajenos a él acaecidos en el mercado», argumenta la CNMC.
Desde la óptica empresarial, esto se traduce en mayor incertidumbre regulatoria. Según el informe, la naturaleza cambiante del requisito dificultaría la planificación a largo plazo, incrementaría el riesgo de inversión y complicaría la previsión de costes regulatorios futuros.
En un sector donde los desembolsos superan con frecuencia los cientos o miles de millones de euros -con empresas como Amazon, Microsoft o Merlin Properties proyectando megainstalaciones- y los retornos se calculan a décadas vista, la estabilidad normativa es un factor clave para atraer capital.
«Ello dificultaría la planificación a largo plazo, incrementaría el riesgo de inversión e impediría prever con precisión los costes regulatorios futuros, lo que afectaría negativamente a la viabilidad económica de los proyectos. Además, no se ha definido el procedimiento mediante el cual el órgano competente comunicaría al gestor de la red oportuno que el permiso de acceso debe ser revocado», añade el regulador.
Pero el debate no es solo económico. La CNMC también cuestiona el encaje jurídico del decreto respecto a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. El proyecto vincula el cumplimiento de los nuevos requisitos de eficiencia a la concesión de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.
Voto particular
Sin embargo, la ley establece que estos permisos solo pueden denegarse por falta de capacidad de la red, y atribuye a la CNMC la definición de los criterios técnicos correspondientes.
A juicio de la mayoría del pleno, condicionar el acceso a la red a nuevas exigencias podría suponer la introducción de un motivo de denegación no previsto expresamente en la norma. Es por ello que recomienda revisar el encaje normativo del texto y clarificar el reparto competencial.
Con todo, la CNMC no rechaza el objetivo de eficiencia energética y sostenibilidad. De hecho, respalda la necesidad de evitar el acaparamiento especulativo de capacidad y sugiere revisar el actual sistema de asignación de acceso a la red para priorizar proyectos maduros y alineados con la política energética.
No obstante, advierte de que el diseño concreto del decreto puede generar fricciones legales y efectos no deseados sobre la inversión.
El informe incluye, además, un voto particular de María Jesús Martín, la consejera más cercana al ministerio y que discrepa de la posición mayoritaria. Martín defiende que el Gobierno sí tiene competencia para fijar criterios vinculados a objetivos de política energética.
En juego está el equilibrio entre atraer grandes proyectos tecnológicos y asegurar que su expansión se integre de forma ordenada en el sistema eléctrico. El resultado final del decreto será una señal relevante para los mercados sobre el marco regulatorio que España quiere ofrecer a la economía digital.
