La CNMC pide al Gobierno dar incentivos a Telefónica, Masorange y Vodafone para el escudo antiapagones de la red
Competencia plantea ayudas para sufragar los 73 millones de inversión necesarios para dar cobertura al menos 4 horas
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) plantea al Gobierno que las telecos reciban compensaciones económicas para reforzar la red ante apagones como el del 28 de abril o catástrofes naturales como la DANA. Las telecos como Telefónica, Masorange o Vodafone deberán hacer frente a inversiones conjuntas de hasta 73 millones de euros para asegurar la cobertura para el 85% de la población al menos durante 4 horas.
En un informe sobre el proyecto de Real Decreto que prepara el Ministerio para la Transformación Digital, el regulador considera que el esfuerzo que tendrán que hacer frente las compañías con redes de acceso móvil podría compensarse mediante incentivos.
La CNMC reconoce que la medida «supone una carga financiera y operativa relevante para los operadores con redes de acceso móvil», por lo que considera conveniente «establecer criterios homogéneos que modulen su impacto en los operadores».
Propone así el establecimiento de «hitos temporales progresivos» para implantar este refuerzo a la red, como la priorización de actuaciones sobre emplazamientos compartidos entre operadores o la aplicación de soluciones tecnológicas alternativas más económicas en determinadas áreas.
Además, abre la puerta a que las compañías reciban incentivos económicos por el esfuerzo inversor que deben realizar, en caso de que el Ejecutivo considere que dicha labor es considerada como un servicio público a la sociedad.
«En este sentido, en el caso de que se determine que los sujetos obligados realizan obligaciones de servicio público, cabría plantear compensaciones económicas, respetando la normativa de ayudas«, señala el organismo que preside Cani Fernández.
La CNMC pide ampliar el umbral a empresas de 10 millones de ingresos
La iniciativa promovida por la cartera que dirige Óscar López obliga al despliegue adicional de baterías o equipos de electrógenos a los operadores de telecomunicaciones móviles para dar cuatro horas de respaldo eléctrico y garantizar así que la ciudadanía pueda mantener el contacto
Las infraestructuras críticas, por su parte, deben tener 24 horas de disponibilidad ante interrupción del suministro eléctrico, y el proyecto contempla un nivel intermedio de infraestructuras que deben garantizar al menos 12 horas.
En cualquier caso, los operadores con red móvil propia como Telefónica, Masorange y Vodafone serán las más afectadas económicamente por nivel de inversión.
No obstante, otras telecos con red de fibra como Digi o Avatel, con ingresos superiores a los 50 millones de euros o más de 500.000 clientes, también deberán adaptarse a la norma.
Pero el regulador cree que hay una incoherencia de umbrales mínimos entre la nueva normativa europea de ciberseguridad (Directiva NIS2) y el proyecto de ley español que trata de transponer dicha directiva.
En este punto, la CNMC pide al Ejecutivo ampliar el alcance de la ley para que las empresas que facturan entre 10 y 50 millones también tengan que cumplir con estas medidas de seguridad, evitando que haya un agujero de resiliencia en los operadores de tamaño medio.
Además, el organismo recomienda que se unifiquen los umbrales en base al volumen de negocio y no a los ingresos brutos de explotación (ebitda), ya que «determina mejor la capacidad económica de una empresa».
Otro punto del borrador sobre el que el regulador ve conveniente ampliar el umbral es el de las sanciones, así como los casos de adopción de medidas cautelares en línea con Ley General de Telecomunicaciones. Por ejemplo, donde se puedan producir perjuicios graves a servicios de seguridad pública o emergencias.
En cuanto a los operadores móviles virtuales (OMV), los que no cuentan con redes propias, Competencia insta a Transformación Digital a asegurarse que el coste que les repercutan las grandes telecos por usar su infraestructura sea «razonable y proporcionado».
Para este tipo de operadores también pide garantizar por ley que sus clientes tenga exactamente la misma garantía de servicio y acceso a las redes de emergencia que un cliente del operador principal.
Difícil encaje legal para centros de datos, cables submarinos y otras infraestructuras digitales
Más allá de las telecos, la CNMC advierte de que el Real Decreto podría no tener rango normativo suficiente para imponer obligaciones a centros de datos, redes de distribución de contenidos (CDN), puntos de intercambio de Internet (IXP), cables submarinos o sistemas satelitales, a los que el Gobierno incluye también en su escudo antiapagones.
La iniciativa del Gobierno se basa en el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, que no menciona infraestructuras digitales en general fuera del marco de los operadores de telecomunicaciones.
Es por ello que Competencia advierte de que aprobar obligaciones para este tipo de infraestructuras excedería el ámbito competencial de la ley y recomienda que, si se quiere incluir a estos actores, se haga mediante una norma con rango de ley o apoyándose en otras normativas como la de ciberseguridad o infraestructuras críticas.
Además, teme que esta nueva norma se convierta en una trampa burocrática por las definiciones de incidencias «significativas» de la directiva europea y de la propuesta española que puedan obligar a una empresa a enviar dos informes distintos a dos autoridades diferentes con plazos y formatos distintos.
Es por ello que la CNMC propone una especie de ‘ventanilla única’, es decir, que si una red se cae, el operador informe una sola vez, en un plazo razonable y bajo criterios que ya conozca por otras leyes europeas para que la respuesta ante la crisis sea eficaz.
