Telefónica, Masorange y Vodafone se exponen a multas y suspensión del servicio si no refuerzan la red ante apagones
Las telecos tendrán que invertir hasta 73 millones para reforzar antenas y asegurar cobertura durante 4 horas
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López
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El Gobierno exige a las principales operadoras de telecomunicaciones del país una serie de medidas e inversiones para garantizar la cobertura y conexión de la población en caso de apagones o catástrofes naturales. Las telecos, con Telefónica, Masorange, Vodafone y Digi a la cabeza, deberán invertir entre 51 y 73 millones para reforzar las redes y, en caso de incumplir las obligaciones gubernamentales, se exponen a sanciones de hasta 2 millones e incluso a la suspensión temporal de sus servicios.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que lidera Óscar López ha sacado a audiencia pública un proyecto de Real Decreto para mejorar la seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e infraestructuras digitales en caso de apagones o catástrofes naturales como la Dana de Valencia o la erupción del volcán de La Palma.
Una vez finalizado el trámite de consulta, el borrador deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y más tarde ratificado en el Congreso de los Diputados.
En caso de salir adelante, sentará las bases para que operadoras como Telefónica, Masorange, Vodafone y Digi, así como las empresas que operan cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet apliquen una serie de medidas e inversiones que refuercen la conectividad de la población en casos extremos.
Las empresas que se regirán por esta regulación deben cumplir una serie de criterios, como tener más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos.
Con este escenario, uno de los puntos principales que incluye el texto es garantizar que el 85% de la población española disponga en estos casos de continuidad en el servicio de telecomunicaciones (entre ellos del servicio de llamadas al número de emergencias) durante al menos cuatro horas.
Para las infraestructuras consideradas de primer nivel, el Gobierno fija que deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas, mientras que para las de nivel intermedio el plazo se reduce a al menos 12 horas y para el resto a cuatro horas.
Para ello, el Gobierno exige a las compañías que refuercen el 70% de las antenas de red repartidas por el país, ya que el 30% dispone de baterías o equipos electrógenos con capacidad para garantizar el suministro eléctrico durante el plazo mínimo de cuatro horas.
Así, de los 10.400 emplazamientos que el ministerio ha contabilizado para cubrir el 85% de la población, las operadoras tendrían que reforzar unas 7.280.
Multas de hasta dos millones y suspensión de servicios
En caso de que las empresas no cumplan con las obligaciones que establecerá la nueva normativa, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, liderada por Antonio Hernando, podrá llevar a cabo inspecciones, auditorías y análisis de seguridad o solicitudes de información y de acceso a datos cuando lo considere.
El organismo dará un plazo en caso a las operadoras para que adopten las medidas necesarias, para subsanar las deficiencias o cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto.
No obstante, si estas medidas no se adoptan dentro del plazo establecido, el Gobierno podrá sancionar a las empresas llegando suspender o solicitar a los organismos competentes que «suspendan temporalmente la autorización referente a una parte o la totalidad de los servicios o actividades de que se trate prestados por el sujeto obligado».
La normativa también contempla la prohibición temporal a cualquier persona que ejerza responsabilidades de dirección general o representante legal en la compañía a ejercer funciones de dirección.
El Gobierno también incluye un régimen sancionador para aquellas telecos que incumplan la nueva regulación, basado en la Ley General de Telecomunicaciones.
De este modo, si Telefónica, Masorange, Vodafone, Digi o cualquier otra empresa del sector que incumpla con las obligaciones para reforzar las redes ante apagones, podrían ser sancionadas con una multa de hasta dos millones de euros en caso de infracciones graves.
«Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 30.000 euros a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de administración que hayan intervenido en el acuerdo o decisión», añade el borrador.
No obstante, las personas que formen parte de este tipo de órganos ny o hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra, quedarían excluidas de las sanciones.
Coordinación con Defensa, Interior y Seguridad Nacional
Más allá de lo exigible a las empresas, el Ministerio de Transformación Digital creará una mesa de coordinación con otros ministerios y organismos para intercambiar información y «contribuir a la mejora continua de la capacidad de respuesta ante incidentes significativos».
Esta mesa estará integrada por representantes del ministerio de Óscar López, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Departamento de Seguridad Nacional, de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Asimismo, estarán representadas las asociaciones más representativas de operadores de comunicaciones electrónicas, de infraestructuras digitales, de fabricantes de equipos de telecomunicaciones, así como de consumidores y usuarios.
No obstante, no asumirá funciones de coordinación operativa directa en la gestión de incidentes, sino que actuará como un órgano de «cooperación estratégica y técnica, foro de diálogo y consulta» y un espacio para elaborar propuestas, recomendaciones y buenas prácticas.
La composición concreta de este nuevo organismo la determinará Óscar López, como titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
