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Sareb vota en contra de la propuesta de convenio de Urbas a los acreedores
Urbas había encargado un contrainforme a la AC y está aún pendiente de que llegue
De I a D: Leopoldo Puig, presidente de Sareb, y Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.
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Sareb ha votado en contra de la propuesta de convenio presentada por Urbas ante el Juzgado Mercantil número dos de Madrid, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
El rechazo del organismo público, acreedor de la compañía presidida por Juan Antonio Acedo por un importe de 6,5 millones de euros, llega apenas días antes de la junta de acreedores convocada para el próximo 6 de mayo, y se produce en un momento en que la propia administración concursal ya había cuestionado de forma contundente la viabilidad del plan presentado por la empresa.
«Entendemos que Sareb ha tomado la decisión influida por el informe negativo emitido por la Administración Concursal», ha respondido Urbas a preguntas de este medio, y ha añadido que la compañía ya había encargado un contrainforme «a una consultora de prestigio con el fin de que los acreedores tuvieran una segunda visión y está a la espera de que llegue».
Sareb aún puede cambiar su voto y «esperamos que lo haga tras conocer el contrainforme. El convenio propuesto por Urbas prevé abonar el 100% de la cantidad adeudada a todos sus acreedores en el plazo de tres años. Urbas no entiende que una Administración Concursal pueda oponerse a sacar adelante una empresa«, ha explicado el grupo constructor.
Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que la decisión de la Sareb podría desencadenar un efecto dominó entre los demás acreedores de mayor peso.
Entre ellos figuran el fondo Larisa Inverprom, con más de 20 millones de euros en créditos reconocidos; el banco marroquí Attijariwafa Bank, con 12 millones; la aseguradora Asefa, con 11 millones; la filial española del fondo Oak Hill, con cerca de 9 millones; y la consultora McKinsey, con 5,5 millones.
La combinación de el informe devastador de los administradores concursales y el voto negativo de uno de los acreedores institucionales más relevantes, dibuja un escenario de máxima incertidumbre para el futuro de Urbas, que fue declarada en concurso en febrero de este año con un pasivo total de 120 millones de euros.
La administración concursal, integrada por los despachos Auren y Kepler Karst y designada por el juez Andrés Sánchez Magro, ha presentado ante el juzgado un informe de cerca de 2.000 páginas en el que analiza en detalle la propuesta de convenio y el plan de viabilidad elaborado por Urbas.
La conclusión es demoledora: el plan es, a juicio de los administradores, «objetivamente inviable«, y las previsiones económicas de la compañía
Urbas planea promover y vender 30 promociones
La oferta que Urbas trasladó al juez fue pagar íntegramente todas las deudas sin aplicar quita alguna, extendiendo únicamente los plazos de vencimiento para dar margen a la ejecución de su plan de viabilidad, que contempla ingresos superiores a los 1.000 millones de euros y un programa de desinversiones.
Ese plan descansa sobre un programa de desarrollo inmobiliario. Urbas prevé promover y vender 30 promociones con un total de 5.100 viviendas a lo largo de los próximos seis años, entre 2026 y 2031, con el que espera generar ingresos superiores a los 1.000 millones de euros.
A ello se suman desinversiones de activos que la compañía cifra en más de 100 millones, y que junto con el flujo de caja de las promociones permitirían, según su cálculo, generar excedentes suficientes para atender todos los compromisos con los acreedores.
Para los acreedores privilegiados, fundamentalmente Hacienda y organismos públicos, la espera sería de un año. Para los proveedores y facturas de servicios el plazo se extiende a tres años.
Y para los subordinados, es decir, los créditos vinculados a partes relacionadas con la compañía, el vencimiento se alarga hasta los tres años y nueve meses. En todos los casos, insiste la empresa, sin ningún tipo de descuento sobre el principal de la deuda.
