Adiós a esta histórica fábrica de patatas: de la disputa familiar al concurso de acreedores
El final de la fábrica queda como ejemplo de cómo las tensiones familiares pueden acelerar la desaparición de un proyecto con décadas de historia
El concurso de acreedores de Corominas acaba con el cierre de la fábrica y un fallo judicial que anula su segunda marca
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Una empresa familiar se ha visto obligada a entrar en concurso de acreedores después de una la larga disputa interna. Hablamos de la familia Corominas, que ha firmado un desenlace definitivo, marcando el fin de una era para una de las marcas de patatas fritas más reconocibles de la ciudad de Badalona, en la provincia de Barcelona.
Según ha informado Talent24h de OkDiario, la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la nulidad de la segunda marca Corominas por mala fe en su registro, un fallo que coincide con el cierre del concurso de acreedores de Patates Fregides Corominas SL, culminado con la venta de su antigua maquinaria por apenas 3.800 euros más IVA.
Estos son dos procesos paralelos (el judicial y el empresarial) convergen en una resolución simbólica, pues la rama heredera de la marca original ha obtenido el respaldo legal mientras han desaparecido las instalaciones donde se había mantenido viva la actividad durante décadas.
Contexto de un concurso de acreedores y un cierre definitivo
El conflicto comenzó en el año 2017 cuando la facción familiar representada por Joan Corominas y Josep Garcia, gestora de la fábrica situada en Badalona, decidió registrar una nueva marca de patatas Corominas para comercializar sus productos. Este movimiento fue interpretado como una maniobra desleal por la otra rama del linaje, encabezada por Anaïs Duran Corominas, heredera de la marca original registrada en 1968.
Según su demanda, el nuevo registro afectaba directamente a sus derechos sobre el signo distintivo y suponía una apropiación indebida del prestigio histórico asociado al nombre de Corominas. El conflicto llegó a los tribunales y, en paralelo, la empresa Patates Fregides Corominas SL terminó declarándose insolvente.
El concurso de acreedores se tramitó ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona y concluyó con la liquidación total de la sociedad. Las instalaciones de la calle Miquel Servet de Badalona cerraron definitivamente tras décadas de actividad productiva, y la maquinaria utilizada para elaborar las populares patatas fritas fue puesta a la venta.
El administrador encargado de gestionar el concurso de acreedores detalló que el precio obtenido por la maquinaria (3.800 euros más IVA) se debió al estado obsoleto de los equipos, al carácter muy específico de los productos, y a la falta de suministro eléctrico durante buena parte del proceso, circunstancias que complicaron enormemente su comercialización.
La nueva marca había sido creada sin consentimiento
En el ámbito judicial, el punto de inflexión llegó con la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8, dictada el 1 de abril de 2022, que estimó la demanda de la rama de Anaïs Duran Corominas. El juez concluyó que el registro de la nueva marca se había producido sin conocimiento ni autorización de la titular legítima y que existía un claro abuso de confianza.
La resolución subrayaba que la finalidad del registro era obtener un beneficio para Corominas SL, lo que constituía una conducta de mala fe.
La sentencia también otorgaba relevancia al creciente peso del canal de venta online. El juzgado consideró que la nueva marca, vinculada a un dominio y a una tienda digital propios, podía excluir a los titulares de la marca original de un mercado en expansión, comprometiendo su capacidad de competir y posicionarse en internet.
En julio de 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó íntegramente el fallo, destacando que la coexistencia de ambas marcas generaba confusión y perjudicaba la explotación comercial de la marca histórica.
Más allá del caso, la entrada en concurso de acreedores y la desaparición, este desenlace actúa como una advertencia para las empresas familiares. Los desacuerdos internos sobre la gestión de marcas y derechos comerciales pueden derivar en conflictos legales, deterioro patrimonial y pérdida irreversible de actividad económica local.
