Las empresas de ingeniería rechazan que las comunidades autónomas entren en Ineco

La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES) han mostrado su rechazo y oposición a que las comunidades autónomas entren en el capital y en el consejo de administración de Ineco, que pasaría a prestar sus servicios como medio propio de los gobiernos autónomos.

Las dos patronales mayoritarias del sector de la ingeniería privada en España vienen denunciando desde hace tiempo «una situación de uso abusivo de contratación con Ineco por parte de las administraciones públicas», que creen que supone incumplir la legislación, con la adjudicación ‘a dedo’, sin concurso público de contratos, con las consecuencias negativas que consideran que eso comporta para el interés general y la libre competencia.

«Esta situación se puede agravar si, como ya ha aprobado el Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas entran en el capital de Ineco y pasan a considerar a esta ingeniería pública como medio propio», advierten en un comunicado.

Ambas asociaciones recuerdan que la función de Ineco como compañía pública de ingeniería que forma parte de los medios propios de las Administraciones Públicas está recogida en la legislación española.

Se refiere a los casos de suministros de bienes y servicios en situaciones excepcionales, recurriendo a capacidades propias (medios propios) en lugar de ir al mercado a través de concursos abiertos y transparentes que aseguran los procedimientos de concurrencia competitiva.

Dicha excepcionalidad viene determinada exclusivamente por tres circunstancias: razones de seguridad nacional, de urgencia y de mayor eficiencia por considerar que no existen proveedores alternativos en el sector privado.

Fuera de estos tres escenarios, aseguran que la contratación de empresas públicas como Ineco provoca «barreras de desarrollo a las empresas de capital privado, socava y drena una muy considerable carga de trabajo a las ingenierías privadas, dificultando su crecimiento y, consecuentemente, su robustez y rentabilidad».

Cambio accionarial

Esta reacción se produce después de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobase la suscripción por parte de la comunidad autónoma de una acción de Ineco, con el objetivo de convertirla en medio propio del Ejecutivo para poder avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Canarias se incorporará al capital social de Ineco mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, será el representante de Canarias en la junta general y en el consejo de administración de Ineco.

Esta empresa es una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Hasta ahora, sus accionistas eran empresas públicas: Enaire (45,85%), Adif (20,69%), Adif Alta Velocidad (20,68%) y Renfe (12,78%).

Frente a todo ello, Tecniberia y CÍES se ofrecen al Gobierno de Canarias para que sus empresas asociadas elaboren los proyectos previstos en el plan de ferrocarriles en las islas.