La Juez pide a la Comisión dictamen sobre la venta de Vivanta, rescatada por la Sepi, al fondo OTPP
La juez a cargo del concurso de Vivanta accede a la solicitud de la Abogacía del Estado de pedir informe a la Comisión Europea sobre la operación.
Clínica Vivanta en Madrid.
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La juez Ana María Gallego Sánchez, al frente del concurso de acreedores del grupo Aestes, dueño de las clínicas dentales Vivanta, ha solicitado a la Comisión Europea dictamen sobre la venta proyectada de la compañía al fondo OTPP, operación a la que se opone la Abogacía del Estado.
La solicitud planteada a la Comisión Europea pone en riesgo la venta de Vivanta, en la actualidad propiedad del fondo estadounidense Ares Management, al fondo canadiense OTPP, que ha pedido celeridad en el procedimiento ante el riesgo de cierres de clínicas y pérdidas de clientes.
El dictámen de la Comisión Europea sobre el caso Vivanta y la decisión que tome la juez a cargo del concurso de la compañía marcará los procesos de refinanciación y traspaso de sociedades de las empresas rescatadas por la Sepi.
El fondo OTPP, que quiere comprar Vivanta, es dueño en España de las clínicas Vitaldent
El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse) -el fondo creado por la Sepi para el rescate de empresas afectadas por la crisis del Covid– aprobó la solicitud de apoyo público temporal formulada por Aestes y su grupo societario, por un importe total de 40 millones de euros, el 17 de junio de 2022.
El pasado 3 de septiembre Aestes fue declarada en concurso de acreedores con un pasivo cercano a los 100 millones de euros y un activo valorado tan solo en cuatro millones.
El grupo de clínicas dentales, controlado por el fondo estadounidense Ares Management -también participan en el capital la sociedad de capital riesgo española Portobello y BNP Paribas-, acompañó su solicitud de concurso con una oferta elaborada por el fondo OTPP, que es dueño en España de las clínicas dentales Vitaldent.
En su oferta, como ha publicado este diario, el fondo canadiense excluye los préstamos de la Sepi y los créditos al consumo solicitados por los pacientes para pagar sus tratamientos.
La Abogacía del Estado, en representación de la Administración General, a la que está adscrito el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse) -el fondo creado por la Sepi para el rescate de empresas afectadas por la crisis del Covid- ha requerido al Juzgado Mercantil número 12 de Madrid (que declaró en concurso al grupo Aestes a principios del pasado mes de septiembre) denegar el traspaso de Vivanta al fondo canadiense OTPP.
Además, como ha publicado en exclusiva este diario, ya había solicitado plantear a la Comisión Europea la notificación de un proyecto de ayuda de Estado.
El fondo OTPP está representado por el exjuez mercantil Javier Yáñez Evangelista, socio de Uría Menéndez
En un escrito de alegaciones presentado ante el juzgado, la Abogacía recuerda que la compatibilidad del régimen del Fasee con el mercado interior fue declarada mediante decisión adoptada por la Comisión Europea en julio de 2020.
Tal decisión de la Comisión «constituye un acto vinculante para el Estado español y es aplicable a todos sus órganos (…)», sostiene.
Los recursos financieros otorgados por el Fasee son recursos públicos de la Administración General del Estado, como también son recursos públicos cualesquiera ingresos derivados de este Fondo, defiende la Abogacía del Estado, por lo que «nos encontramos ante una ayuda de Estado«.
En su opinión, la oferta presentada por OTPP por Vivanta resulta contraria al Derecho de la UE al no considerar en la prevista cesión de una parte de los activos y negocio del concursado que tales activos o negocios incorporan ayudas de Estado, que comportan además una distorsión de la competencia.
La Juez del concurso del grupo Aestes (Vivanta) toma en consideración las alegaciones de la Abogacía y decide en su reciente Auto poner en conocimiento de los órganos de la Comisión Europea la operación de venta de la empresa de clínicas dentales «a fin de que emitan dictamen y aleguen cuanto a su derecho convenga».
Uría defiende al fondo OTPP
El fondo OTPP, que gestiona los ahorros de los profesores jubilados de Ontario (Canadá), sostiene que su oferta constituye «la única alternativa realista para maximizar el valor del concurso y proteger los intereses en juego».
En escritos presentados ante el juzgado, el fondo, representado por el exjuez mercantil Javier Yáñez Evangelista, socio de Uría Menéndez, defiende que su oferta «preserva la continuidad de la actividad y el empleo de 656 trabajadores; asume el compromiso de finalizar, sin coste adicional, los tratamientos en curso de más de 30.000 pacientes«.
Además, dice, aporta una financiación puente «que permite sostener la actividad durante la tramitación del concurso, evitando el agravamiento de la destrucción de caja ya diagnosticada».
La normativa concursal «y la jurisprudencia consolidada», asegura en sus escritos Uría Menéndez, «establecen de forma inequívoca que la transmisión de una unidad productiva en sede concursal no conlleva la obligación de pago de los créditos insatisfechos del concursado, al asumir el adquirente activos y no pasivos».
La defensa del fondo OTPP sostiene que no existe «normativa ni jurisprudencia europea o nacional que imponga la necesidad de contar con autorización de la Comisión Europea, del Consejo Gestor o del Consejo de Ministros para poder proceder a la venta de la unidad productiva en sede concursal».
La petición de la Abogacía de solicitar informe a la Comisión Europea «carece de todo fundamento«, siendo una pretensión que, además de infundada, «acarrearía efectos gravemente perjudiciales e irreparables para el interés del concurso, al comprometer de forma irreversible la
viabilidad de la Oferta y el valor de las unidades productivas por el propio transcurso del tiempo».
