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La CNMC multa a Deloitte, KPMG y otras 20 consultoras por manipular contratos públicos

También ha sancionado a varios directivos de las consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar involucrados en los cárteles

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multa con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría por manipular contratos. Entre ellas, firmas tan reconocidas como Deloitte, KPMG o PWC. Solo entre estas tres asumen el 78% del total.

Según explican en un comunicado, han cometido una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.  

La Comisión también ha sancionado a varios directivos de las consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar involucrados en los cárteles y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas.

Este expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC). Tras realizar una serie de inspecciones y concluir que sobrepasaba los límites autonómicos, decidió remitir el asunto a la CNMC quien se puso a estudiarlo en 2018.

El organismo hizo varias inspecciones en las sedes de estas consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información y en febrero de 2019, inició un expediente sancionador contra 25 empresas y ocho de sus directivos, que en agosto se amplió a otras 11 empresas más y 2 directivos por su posible participación en la manipulación y en el reparto de licitaciones públicas.

El cártel del norte y nacional


La CNMC destaca que, entre los años 2008 y 2018, las consultoras se organizaron y constituyeron dos cárteles diferenciados, (norte y nacional). En ellos, las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones Públicas.

En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en esos diez años. En el caso del cártel del norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.

En de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros por: el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.

Las relaciones personales facilitaron los contratos


La CNMC explica que “las relaciones de confianza”, personales y profesionales, de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes. Pues entre ellos se solicitaban asistencia y colaboración de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas.

“Bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”, detallan. Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia.

Ambos cárteles aprovecharon este procedimiento para servirse de las conocidas como “ofertas de cobertura”. A través de ellas, una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso.

Un edificio de Deloitte. Fuente: Pixabay
Un edificio de Deloitte. Fuente: Pixabay

En ocasiones incluso, la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación. Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación.

“Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos”, advierten.

Deloitte asume 4 de los 6 millones de multa

De los casi 6,3 millones de euros en multas, Deloitte tendrá que pagar 4 millones, al ser la principal afectada de la red del norte. Tras ella, PriceWaterHouseCoopers (PWC) asume una multa de 670.000 euros; Idom consulting, de 640.000 euros; Bmasi Strategy, de 153.529 euros; y 97S&F, de 69.667 euros;

Le sigue KPMG, que tendrá que desembolsar 50.000 euros; Altia, 30.000 euros; Red2Red Consultores, 30.000 euros; Indra Business Consulting, 27.000 euros; Competitividad, Desarrollo e Innovación, 14.823 euros; Uliker-3, 11.040  euros; y Gestiona XXI Consulting, 3.218  euros.

En la red nacional la principal perjudicada es 97S&F, multada con 61.926 euros; Regio Plus Consulting, con 33.744 euros; Red2Red Consultores, 25.000 euros; Factor Ideas Integral Services, 20.000 euros; Gaps Politica i Societat, 15.000 euros; Abay Analistas Económicos, 12.499 euros; y Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, 11.979 euros.


 
Además, la CNMC ha impuesto sanciones a los directivos de estas empresas. Del cártel del norte, a Marta Álvarez Ochoa, responsable del departamento de consultoría y del área de competitividad e innovación de Idom Consulting, Engineering Architecture, quien asume una multa de 12.000 euros.

Ana Andueza Amann, apoderada de Deloitte, 55.000 euros; Leandro Ardanza Marqués, apoderado de 97S&F, 55.000 euros; Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy, 35.000 euros; Joseba Egia Ribero, administrador y socio único de Innovisions 21, y “Project Manager & Responsable Técnico” de 97S&F, 35.000 euros.

Maryam Luzarraga Monasterio, socia de PriceWaterHouseCoopers, 30.000 euros; Xabier Manterola, director de PA Consulting Services Limited Sucursal en España, 30.000 euros; Iñigo San Emeterio Mendibelzua, director corporativo y responsable del área de consultoría de Idom Consulting, Engineering Architecture, 24.000 euros.

En cuanto a la red nacional, la CNMC multa a Pablo Conejo Torres, director de fondos europeos de Red2Red Consultores, con 15.000 euros. A Rocío Cortés Fuentes, administradora solidaria de Regio Plus Consulting, con 55.000 euros; Jaume Garau Taberner, administrador solidario de Regio Plus Consulting, y de Consultores de Políticas Comunitarias, 35.000 euros; María Isabel Martínez, administradora única de Abay Analistas Económicos, 30.000 euros; y Marta Zamacona, coordinadora de proyectos europeos de 97S&F, 28.000 euros.