La Sepi dejará tirada a Duro Felguera si la compañía es condenada por corrupción en Venezuela
El próximo mes de octubre se celebra juicio contra Duro Felguera, rescatada por la Sepi, por presuntos delitos de corrupción en relación con un contrato multimillonario logrado en Venezuela.
Sede de la SEPI, en Madrid. Europa Press
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La Sepi dejará tirada a Duro Felguera si la compañía es condenada en el proceso penal que se sigue desde hace cerca de una década en la Audiencia Nacional, por presunta corrupción en Venezuela.
El próximo mes de octubre está prevista la celebración de juicio oral por el caso investigado, en el que Fiscalía ha requerido una multa de 160 millones de euros contra Duro Felguera, así como inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público, y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante dos años.
En un folleto de emisión publicado en CNMV, el grupo informa que, en el caso de la financiación concedida por Sepi, los supuestos de vencimiento anticipado incluyen, entre otros, «condena en sentencia firme a pagar la liquidación tributaria o en el procedimiento penal por el contrato de Termocentro en Venezuela«.
La multinacional asturiana recibió una ayuda de 120 millones de euros en marzo de 2021, del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), controlado por la Sepi. El préstamo público fue concedido a Duro Felguera el mismo día que a la aerolínea Plus Ultra.
Duro Felguera no ha podido todavía devolver cantidad alguna a la Sepi, elevándose la deuda en otros 17 millones por el pago reclamado de intereses. La compañía preveé que el reembolso de la ayuda financiera de FASEE se complete en su totalidad durante el año 2035.
La ayuda pública fue otorgada a Duro Felguera a pesar de que el grupo arrastraba ya una situación crítica y de la existencia de procesos penales como el de Venezuela o una confrontación millonaria con Hacienda.
Aunque la centenaria compañía con sede en Gijón ha conseguido este año la homologación del plan de reestructuración presentado para evitar la quiebra, las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro de Duro Felguera, controlada ahora por la mexicana Grupo Prodi, persisten.
Duro Felguera, Venezuela
En diciembre de 2017 Duro Felguera recibió notificación del auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de Madrid, por el que se admitía querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, por la posible existencia de un presunto delito de corrupción de autoridad o funcionario extranjero, y también de blanqueo de capitales.
Los hechos investigados se centran en el contrato logrado por Duro Felguera con la empresa pública venezolana C.A. Electricidad de Caracas, para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado, el contrato Termocentro, por un valor cercano a los 2.000 millones de euros.
En relación con ese contrato, Fiscalía ha detectado pagos de la compañía asturiana a cuentas bancarias abiertas en España y Suiza, por importes de 53,9 y 26,6 millones de dólares.
La Agencia Triburaria reclama 178 millones a Duro Felguera por el contrato de Venezuela
Duro Felguera indica que, en estos momentos, no es posible «determinar la probabilidad o extensión de las posibles consecuencias, que dependerán de los resultados del juicio oral».
«No obstante», añade el grupo en el folleto de la emisión publicado recientemente en CNMV, «sobre la base de la investigación interna realizada y la opinión de nuestros asesores externos, se considera remota la posibilidad de un desenlace desfavorable (…)», razón por la que no ha dotado provisión alguna.
El proceso penal por el contrato Termocentro tiene además una derivada fiscal que amenaza la viabilidad de Duro Felguera.
El grupo ha sido objeto de dos procedimientos consecutivos de inspección tributaria por parte de la Agencia Tributaria, uno correspondiente a los ejercicios 2010 a 2012 y otro relativo a los ejercicios 2013-2014.
La regularización practicada en ambos procedimientos se fundamenta principalmente en las discrepancias de la Agencia Tributaria en relación con la aplicación por las empresas de Duro Felguera del contrato venezolano de Termocentro, de la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por Uniones Temporales de Empresas que operen en el extranjero, en este caso, Venezuela.
La multinacional española admite que el riesgo máximo que podrían suponer para los ejercicios inspeccionados asciende a 178 millones de euros, si bien ha decidido no provisionar cantidad alguna. Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha concedido la suspensión cautelar del pago de la deuda en todos los procedimientos en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Duro Felguera reconoce que, en el caso de que cualquiera de estos dos casos vinculados al contrato de Venezuela terminara con una resolución desfavorable para sus intereses, no podría afrontar el pago de las cantidades reclamadas.
Litigios por 1.000 millones en medio mundo
Además de los contenciosos por el contrato venezolano, Duro Felguera afronta litigios en medio mundo por importe cercano a los 1.000 millones de euros.
Los litigios más importantes suman una cuantía total reclamada equivalente a 966,5 millones de euros. De esta cantidad, la compañía sólo ha provisionado 178 millones.
Los procesos y demandas tienen lugar en Argelia, Marruecos, India, Rumanía, Dubai, México, Chile, Costa Rica y Colombia, además de España.
Por el proyecto Djelfa, en Argelia, reclaman a Duro Felguera 408,5 millones de euros, mientras que la compañía española demanda una compensación de 280 millones.
A 30 de junio de este año el patrimonio de Duro Felguera es negativo por importe de 99 millones de euros.
La compañía sostiene que, a pesar de ello, no se encuentra en causa de disolución por la existencia de préstamos participativos de 36 millones y por la no consideración de las pérdidas de 2020 y 2021 en aplicación de real decreto.
