Las sospechas sobre la Sepi por el rescate de Plus Ultra se extienden ahora al de Duro Felguera
El rescate público de Duro Felguera se aprobó a pesar de que la compañía arrastraba litigios millonarios con Hacienda y una endeble situación financiera.
Sede de Duro Felguera.
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Las sospechas sobre la actuación de la Sepi en el rescate de Plus Ultra se extienden ahora al de otras compañías, que percibieron cientos de millones de euros del fondo creado por el organismo público para aliviar los problemas financieros con los que se encontraron empresas estratégicas para la economía española debido a la crisis sanitaria del Covid.
En particular, por sus similitudes con el caso de Plus Ultra, se encuentra el rescate de Duro Felguera, compañía centenaria que en el momento de recibir la ayuda pública, el mismo día que la aerolíena, se encontraba en una situación crítica.
Al igual que en el caso de Plus Ultra, en el de Duro Felguera aparecen vinculaciones con Venezuela, relaciones indirectas con Zapatero, y unas cuentas, deudas y provisiones que a priori dificultaban enormemente lograr el rescate solicitado.
En el Auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, conocido el martes, por presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental, el Juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, señala que existieron dos informes, uno de Deloitte y otro del economista Pedro Martín Molina, que evidenciaban que la aerolínea no cumplía con algunos de los requisitos marcados por el Ministerio de Hacienda para acceder a la concesión de 53 millones de euros.
Los informes técnicos advirtieron que Plus Ultra mantenía deudas, aplazadas, con la Tesorería General de la Seguridad Social por algo más de 0,4 millones de euros. Y que la compañía se encontraba en situación crítica antes del estallido del Covid.
Estar al corriente en los pagos con la Seguridad Social y no encontrarse en situación crítica antes de 2020 eran dos de las condiciones impuestas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para solicitar la ayuda pública.
A pesar de las advertencias de Deloitte y del informe técnico de Martín Molina, la Sepi accedió a conceder la financiación requerida por la compañía aérea.
Duro Felguera, Venezuela, Hacienda
Duro Felguera, con más de un siglo de actividad, acumula pleitos, litigios fiscales y una endeble situación financiera desde hace años.
La multinacional con sede en Gijón terminó el año 2019 con una «incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento» señalada por el auditor de sus cuentas, EY.
Duro Felguera llevó a cabo durante 2018 una agresiva reestructuración para tratar de enderezar el rumbo, logrando captar inversores para ampliar capital en 127 millones de euros, vendió sedes y otros activos, y refinanciació deuda.
Pero la compañía tuvo que destinar decenas de millones de euros a provisionar litigios que mantenía en Argelia, India o Colombia, entre otros mercados.
El grupo industrial arrastra desde 2017 una discrepancia millonaria con la Agencia Tributaria en relación a la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas en UTEs que operan fuera de España.
En 2018 esas discrepancias ascendían a 123 millones de euros, pero en 2025 Duro Felguera ha firmado actas en disconformidad con el organismo por importe de 183 millones.
Además, cuando la Sepi concedió a Duro Felguera la ayuda de 121 millones, la empresa estaba siendo ya investigada en la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en Venezuela.
En julio de 2024 la Fiscalía Anticorrupción requirió una sanción de 160 millones de euros contra Duro Felguera, por presuntos sobornos en Venezuela, por un caso investigado desde 2017. La sanción propuesta es una cantidad inasumible para el grupo, que cotiza en Bolsa en la actualidad con un valor inferior a los 40 millones de euros.
A pesar de las discrepancias millonarias con Hacienda, de la investigación por presuntos sobornos en Venezuela, y de que el auditor expresara sus dudas sobre la capacidad del grupo para mantener la actividad al término de 2019, la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero anunció el rescate de Duro Felguera, también el de Plus Ultra, en marzo de 2021.
Duro Felguera, a la espera del Juez
El futuro de Duro Felguera depende ahora del Juzgado Mercantil número tres de Gijón, que tiene que homologar, o no, el plan de reestructuración presentado por la compañía para evitar la quiebra.
Al cierre del ejercicio pasado, el grupo asturiano se encontraba en causa de disolución, con un fondo de maniobra negativo por importe de 378 millones de euros y patrimonio neto negativo de 338 millones; pérdidas de 71 millones (98 millones de pérdidas en 2024) y una cifra de negocio que cayó el pasado año hasta los 161 millones (286 millones en 2024).
De acuerdo a fuentes cercanas a la empresa, esta semana los acreedores han presentado sus conclusiones sobre la vista que el mes pasado organizó el Juez, y está previsto que en un plazo aproximado de un mes el magistrado comunique su decisión.
El plan presentado por Duro Felguera, que contempla ventas de activos y despidos, impedirá a sus acreedores recuperar algo de sus inversiones, al tener que tragar con una quita del 99% de la deuda. Nueve acreedores que suman una deuda de 133,5 millones de euros han impugnado dicho plan.
En el consejo de administración de Duro Felguera se sentaron entre 2020 y 2024 Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, exministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quienes contrataron entre enero y agosto de 2020, al menos, a la consultora Acento, liderada por el también exministro José Blanco, íntimo del expresidente del Gobierno.
Las investigaciones judiciales y declaraciones sobre Víctor Aldama han revelado que este intermedió para la compañía industrial española.
Y que el exministro José Ábalos informó a Pedro Sánchez sobre gestiones en Venezuela que habrían beneficiado a Duro Felguera, al mismo tiempo que le anunciaba el viaje, en enero de 2020, de la hoy presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Madrid (el Delcygate).
La multinacional asturiana solicitó formalmente 120 millones de euros el 20 de agosto de 2020 a la Sepi. El Consejo de Ministros aprobó la petición el 9 de marzo de 2021, el mismo día que concedió una ayuda de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra.
