Nueva Rumasa, embargada

El juez inmoviliza fincas por valor de 1,2 millones de euros tras una demanda por impago en una venta de hoteles

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El Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de siete fincas propiedad de Nueva Rumasa. La medida había sido solicitada por Inversiones Insulares Radó, sociedad de la familia Radó, en el marco de una demanda contra los Ruiz-Mateos por impago en una operación de venta de hoteles.

A través del auto, la juez requiere a Nueva Rumasa a que abone al acreedor 1,2 millones de euros (910.573 euros en concepto de principal, 20.385 euros por gastos y 279.287 euros en concepto de intereses de demora) y ordena el «inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor, por las cantidades expresadas, por si no se atendiera al requerimiento».

En concreto, se decreta el embargo de cuatro fincas propiedad del Grupo Dhul, dos de Clesa y una cuya mitad pro indivisa es propiedad de Alfonso Ruiz-Mateos Rivero. Las fincas están radicadas en San Roque (Cádiz), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Alicante, Valverde de la Virgen (León), Jaén y en los municipios valencianos de Aldaya y Picanya.

Según han informado en fuentes judiciales, se trata de un procedimiento judicial cambiario, no declarativo, que implica ordenar el embargo solicitado por la parte demandante en función del artículo 821 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Además, han añadido que el procedimiento se encuentra en una fase inicial, toda vez que aún no se ha requerido a las partes ningún tipo de información.

Demanda de oposición

Contra el auto no cabe recurso, aunque Nueva Rumasa puede presentar una demanda de oposición al juicio cambiario. En todo caso, la oposición no deja sin efecto el embargo preventivo acordado. Según ha adelantado la prensa local mallorquina, la demanda fue interpesta por el impago de parte del importe derivado de la venta de dos hoteles Beverly en 2008, que se cerró por 69 millones de euros (a abonar en distintos plazos en forma de pagarés nominativos).

El auto que ordena el embargo corresponde sólo a la parte de la familia Radó, que contaba con una participación minoritaria en estos activos.

Economía Digital

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