Nueve meses del gran apagón: a la espera de los informes clave y un largo periplo judicial

El informe del ENTSO-E y las conclusiones de la CNMC darán el pistoletazo de salida a las reclamaciones

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos

Se van a cumplir nueve meses del gran apagón que dejó sin luz a España con incógnitas aún por despejar y la judicialización del incidente . A la espera del informe final del organismo europeo y de las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Red Eléctrica de España y las grandes distribuidoras han ido preparando el terreno para una batalla judicial que se prevé larga.

Hasta la fecha se han publicado varios informes que analizan las causas del apagón del pasado 28 de abril con los que las partes ya se están armando para los tribunales.

El informe del Comité de Análisis que creó el Gobierno repartió culpas entre el operador del sistema y las eléctricas. Al primero por no programar las suficientes centrales síncronas y a las segundas por incumplir con el control de tensión requerido para estabilizar el sistema.

El informe de REE se eximió de responsabilidad y puso en el foco del apagón a las eléctricas, mientras que el encargado por Aelec, la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, a Compass Lexecon e INESC TEC, concluyó justo lo contrario.

En octubre, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO‑E) publicó su informe fáctico sobre los hechos que desencadenaron el cero energético, pero las conclusiones finales se harán públicas en el primer trimestre de este ejercicio.

Asimismo, todavía no se conoce el informe en el que Competencia iba a desgranar el apagón y sus causas. Cabe destacar que el organismo que dirige Cani Fernández ha avisado que los culpables se enfrentan a multas de hasta 60 millones de euros por infracción muy grave y otras sanciones como inhabilitaciones temporales o pérdida de autorizaciones vinculadas al suministro.

Así, se espera que la CNMC ejecute expedientes sancionadores una vez analizadas las causas. Con este escenario, los actores hasta ahora señalados ya han ido tomando acciones, tanto acusando públicamente al contrario como incluso iniciando procesos legales.

Tanto Iberdrola como Endesa han impugnado ante el Tribunal Supremo la creación del comité de crisis creado por el Gobierno argumentando que carecía de cobertura legal en su creación.

Esto se debe a que no se creó por una orden del Consejo de Seguridad Nacional, sino mediante una orden firmada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El Tribunal Supremo, por su parte, ha elevado la causa a la Audiencia Nacional al entender que no tiene competencias para juzgar este asunto. Casos complejos como este podrían durar en esclarecerse años.

Por su parte, ninguna de las grandes eléctricas ni tampoco Red Eléctrica ha provisionado en sus cuentas un posible impacto económico derivado de las reclamaciones por el apagón.

Las energéticas ponen cifras al impacto del apagón

En cuanto a las grandes energéticas, cada una ha calculado de forma diferente el impacto económico sufrido. Repsol explicó en sus resultados del primer semestre de 2025 que, tanto el apagón como otras interrupciones de suministro en distintos días previos al del cero eléctrico en sus centros de Cartagena y Puertollano lastraron sus cuentas.

Un impacto que la petrolera que dirige Josu Jon Imaz cifró entonces en un total de 175 millones de euros para su negocio en los segmentos de química y refino. La compañía ya ha avisado de que reclamará legalmente a los responsables «hasta el último euro».

Por su parte, las grandes eléctricas del país han dado sus propios números que, según su versión, se derivan del modo de operación reforzado de Red Eléctrica para evitar nuevos incidentes.

Iberdrola y Endesa calculan 360 millones en sobrecostes por el aumento de los precios energéticos. El operador del sistema aplica los denominados servicios de ajuste, con los que incorpora energía convencional como los de las centrales de los ciclos combinados de gas para equilibrar la demanda y mantener la tensión.

Centrales que, por otra parte, pertenecen en su gran mayoría a las grandes energéticas mencionadas y que son compensadas económicamente por entrar en operación cuando se les pide.

Sin embargo, Iberdrola y Endesa han cifrado el impacto del apagón en su negocio de comercialización de electricidad por estos servicios de ajuste.

Endesa calculó un impacto negativo neto para su negocio de 120 millones hasta septiembre de 2025 y de unos 150 millones para el conjunto del año. Los cálculos de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán estiman hasta septiembre un sobrecoste de 180 millones.

En cualquier caso, no se trata un impacto derivado de un freno en su actividad, sino de no haber trasladado los costes extra a clientes con contrato en el mercado libre, tal y como recordó la CNMC a las eléctricas que no podían hacer tras el apagón.

Esta circunstancia no significa que los clientes de las comercializadoras no hayan estado pagando más. Por un lado, los usuarios del mercado regulado han venido pagando más por el aumento de precios del mercado mayorista derivados de la operación en modo reforzado de REE.

Por otro, las propias eléctricas sí que han ido trasladando costes tanto a los nuevos clientes como a los que usuarios que han renovado contratos.

Otra de las grandes energéticas, la gasista Naturgy, aseguró en informe de mitad de año que «no ha sido identificada como agente causante del suceso ni ha recibido comunicación alguna por parte de los organismos reguladores al respecto».

La compañía que preside Francisco Reynés explicó entonces que estaba «evaluando los gastos que se le han ocasionado por dicha interrupción para reclamarlos cuando se conozca la causa de la misma».

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