Cataluña pierde más sedes desde el acuerdo entre el PSOE y Junts por recuperarlas: ya suman 5.000 desde 2017

La comunidad autónoma perdió 52 sedes en el cuarto trimestre del año, coincidiendo con el acuerdo de investidura

Sede de CaixaBank, en Barcelona. Fotografía: CaixaBank

Sede de CaixaBank, en Barcelona. Fotografía: CaixaBank

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Los esfuerzos del PSOE y Junts por recuperar las empresas que se marcharon de Cataluña por el procés están siendo, de momento, contraproducentes. La comunidad autónoma ahondó en la pérdida de oficinas administrativas de compañías tanto a lo largo del pasado 2023, como en el último trimestre del año, coincidiendo con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, en el que los socialistas y los junteros pactaron impulsar medidas para incentivar su retorno y ya suma 5.000 sedes perdidas desde 2017.

Según los datos del Registro Mercantil, en los últimos tres meses del año pasado en Cataluña se instalaron 125 empresas procedentes de otras comunidades autónomas, mientras que otras 177 decidieron traspasar su sede a otro territorio del Estado. De esta manera, Cataluña volvió a registrar un resultado negativo, perdiendo 52 sedes durante el cuarto trimestre de 2023.

En el mismo periodo del año anterior, la diferencia entre las corporaciones que se asentaron en territorio catalán y las que partieron a otras comunidades fue de 41 empresas, por lo que en estos meses la perdida de sedes creció en un 26%.

Balance negativo desde 2017

Estos datos coinciden con el pacto del PSOE y Junts, firmado a principios de noviembre, para impulsar medidas que incentiven la vuelta a Cataluña de las miles de empresas que se marcharon por la incertidumbre generada durante el proceso independentista. Solamente en los últimos tres meses del año 2017, cuando tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre, la comunidad perdió casi 2.000 sedes, después que más de 2.500 se trasladaron a otra comunidad autónoma y solamente 500 se instalaran en Cataluña.

Por ahora, parece ser que los esfuerzos del Gobierno y de sus socios no han dado frutos. Aún no han aclarado qué medidas impulsarán, pero es cierto que, desde el apogeo del movimiento independentista, la comunidad autónoma nunca ha recibido más sedes de las que se han marchado.

En el pasado 2023, Cataluña ganó 630 empresas, pero perdió 865, 7% más que en 2022, quedándose con un saldo negativo de 169 empresas. Desde los últimos meses del año 2017, el balance negativo entre las compañías que llegan y las que se van ya supera las 5.000.

La mayoría de las corporaciones que se han fugado de Cataluña desde entonces se han trasladado a Madrid o a Valencia. Grandes compañías como Abertis o Naturgy eligieron la capital como su nueva sede administrativa, que ya suma 4.743 empresas procedentes de Cataluña desde el 2017, siempre según los datos del registro. Por su parte, la Comunidad Valenciana es desde entonces la anfitriona de los dos principales bancos nacidos en Cataluña, Caixabank y Banc Sabadell, así como de 1.121 empresas más.

El expresidente catalán Carles Puigdemont. EFE/EPA/RONALD WITTEK
El expresidente catalán Carles Puigdemont. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Por ahora, los socialistas no han especificado qué tipo de medidas quieren tomar para revertir esta situación. Si lo hizo Junts, que reclamó reformar la ley de Sociedades de Capital, modificada por el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar el movimiento de las sedes, así como la aprobación de incentivos fiscales a las empresas que mantuvieron sus sedes en Cataluña en 2017 y a aquellas que decidan volver, al tiempo que pide sanciones a las que tengan el centro operativo en Cataluña, pero mantenga fuera la sede administrativa.

La propuesta de los postconvergentes no fue bien recibida ni por los socialistas ni por el empresariado. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, aseguró después de la sugerencia de los independentistas catalanes que interponer sanciones va en contra de la normativa europea, que habla de libertad de establecimiento de sede por parte de las empresas. A nivel nacional, cada país traslada esta legislación para poder determinar las condiciones a cumplir para que el domicilio social de una empresa se establezca en un sitio o en otro.

Junts propone sanciones

Por su parte, el empresariado catalán y español se mostró muy en contra a la posibilidad de aplicar multas. Foment del Treball siempre ha abogado por impulsar medidas que no sean perjudiciales para ninguna empresa, tampoco para las que descarten mover su sede, mientras que CEOE insistió recientemente en qué “nadie se fue de Cataluña porque les pareciera una idea genial”, sino porque “les obligaron”.

El tejido empresarial ha remarcado en los últimos meses que la clave está en crear un buen entorno para hacer negocios, con una buena fiscalidad, así como una estabilidad económica y política que no amenace su actividad.

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