La Unión Europea veta a las empresas chinas en la carrera por la gigafactoría de IA
La convocatoria permite la participación de empresas de Estados Unidos, Reino Unido, Japón e India, entre otros países, para desarrollar hasta siete gigafactorías
Montaje realizado por la IA.
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La Unión Europea ha dejado fuera a China de la lista de países cuyas empresas pueden participar en los consorcios que optan a construir y operar las futuras gigafactorías de inteligencia artificial (IA).
La convocatoria publicada por EuroHPC incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Japón, India, Marruecos, Corea del Sur y Australia, entre otros países extracomunitarios, pero no contempla a China entre los territorios elegibles.
La decisión delimita el acceso a un programa que aspira a movilizar más de 30.000 millones de euros para desplegar hasta siete grandes infraestructuras de computación en Europa.
El listado supone una delimitación relevante para el desarrollo de las nuevas infraestructuras, que la Comisión Europea considera estratégicas para reducir la dependencia tecnológica del continente.
Las gigafactorías estarán destinadas a entrenar, ajustar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial, con una capacidad de cálculo muy superior a la de las instalaciones actuales.
La convocatoria combina dos objetivos: captar inversión privada internacional para financiar infraestructuras de gran escala y mantener las garantías de control y seguridad sobre una tecnología considerada estratégica.
La UE prevé aportar, junto con los Estados participantes, hasta 10.000 millones de euros en financiación pública para impulsar las instalaciones y atraer al menos otros 20.000 millones de inversión privada.
La participación de empresas de terceros países puede facilitar el acceso a recursos financieros, tecnología y experiencia operativa. La construcción de una gigafactoría exige inversiones de miles de millones de euros, además de una capacidad suficiente de suministro eléctrico, sistemas de refrigeración, procesadores avanzados y redes de alta velocidad.
La posibilidad de incorporar socios internacionales amplía las alternativas para completar los consorcios y estructurar la financiación.
Sin embargo, Bruselas no ha extendido esta posibilidad a todas las economías. La convocatoria establece una lista cerrada de países elegibles y contempla salvaguardas para proteger los intereses estratégicos europeos. La ausencia de China significa que las empresas establecidas en ese país no figuran entre los participantes admitidos por esta vía.
El control europeo, una condición central
La apertura a socios internacionales no implica que las instalaciones puedan construirse fuera de la UE. Las gigafactorías deberán ubicarse en Estados miembros y contar con una entidad coordinadora establecida y controlada efectivamente desde Europa, además de una entidad responsable de alojar y operar la infraestructura en territorio comunitario.
Las condiciones buscan evitar que la participación de capital extranjero comprometa el control sobre los activos, la operación o los datos. El marco europeo contempla restricciones a la participación de entidades de terceros países cuando pueda perjudicar la seguridad, la autonomía o los intereses estratégicos de la Unión.
España es uno de los países que aspiran a albergar una de las nuevas gigafactorías. La candidatura española se articula mediante un consorcio público-privado en el que participan la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la Generalitat de Cataluña y empresas como ACS, Telefónica, Banco Santander y Multiverse Computing.
El proyecto prevé una infraestructura distribuida entre Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. En junio de 2026, el Consejo de Ministros autorizó una inversión de 719 millones de euros de la SETT en el consorcio, dentro de una iniciativa que aspira a movilizar hasta 5.000 millones de euros.
La convocatoria europea permitirá seleccionar los proyectos que recibirán apoyo para construir y operar las instalaciones. El plazo para presentar propuestas de gigafactorías de gran escala finaliza el 3 de diciembre de 2026, mientras que EuroHPC ha ampliado hasta el 4 de febrero de 2027 el plazo para las instalaciones de escala media.
