De las joyas de Zapatero a Ábalos: estos son los casos de presunta corrupción que cercan a P.S.
Las joyas de Zapatero, el caso Ábalos, el caso Plus Ultra... Los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y a Pedro Sánchez se amontonan.
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Los casos de corrupción no paran de sacudir al PSOE.
El goteo de informes policiales y citaciones judiciales deja ya una larga lista de investigados y salpicados vinculados directamente al entorno del partido socialista y del Gobierno.
Desde Begoña Gómez o David Sánchez hasta José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos o Leire Díez, entre otros.
Un sinfín de nombres que están bajo lupa de los tribunales y que está hundiendo la legislatura de Pedro Sánchez, (P.S., las siglas que aparecen en notas manuscritas por la conocida como ‘fontanera del PSOE’).
Las joyas de Zapatero
La última trama que salpica al PSOE gira en torno a José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez del ‘caso Plus Ultra’, José Luis Calama, ha abierto una pieza separada de la investigación para indagar un supuesto delito fiscal y blanqueo de capital y de contrabando por las joyas halladas durante el registro de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, situada enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Un nuevo frente judicial que se suman a otra decenas de casos.
Las joyas que la Policía Nacional encontró en el registro del pasado 19 de mayo del despacho del expresidente del Gobierno, están valoradas en 1,3 millones de euros, de acuerdo al análisis requerido por el Juez Calama, realizado por la joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico Español.
Caso Plus Ultra
El Juez José Luis Calama ha imputado al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, presunto líder de la trama, por tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate público de la compañía aérea. Además, la causa investiga posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.
El magistrado pudo constatar que la Sepi aprobó el rescate de Plus Ultra, 53 millones de euros, a pesar de incumplir al menos dos condiciones necesarias para recibir la ayuda pública, como eran la de estar al corriente con la Seguridad Social y la de no encontrarse en crisis antes del Covid.
Caso Leire Díez
El juez Santiago Pedraz investiga la presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido y contra el Gobierno. Presuntamente está liderada por la socialista Leire Díez, aunque el procedimiento también va dirigido contra Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido recientemente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de la investigación.
Caso Koldo
El Caso Koldo tiene su origen en la investigación, llamada Operación Delorme, realizada por la Fiscalía y la Guardia Civil a Koldo y otras diez personas más, por estar implicados en una presunta trama de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos, especialmente relacionados con material sanitario, aunque afecta a varios ministerios como el de Transportes, Sanidad e Interior. También a los gobiernos autonómicos de las Islas Baleares y Canarias, gobernados en aquel periodo por socialistas.
De hecho, el Caso Mascarillas, que investiga compraventa de material sanitario durante la pandemia de COVID‑19, la adjudicación irregular de contratos millonarios y el cobro de comisiones ilegales.
La condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a Koldo García, exasesor de Ábalos, y al empresario Víctor de Aldama ha quedado vista para sentencia. Se les imputan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad informativa, prevaricación, malversación y uso de información privilegiada.
Además, el Caso Santos Cerdán se centra en las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre la presunta implicación del exsecretario de Organización del PSOE en graves delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal
En el marco de la investigación del Caso Ábalos, Santos Cerdán es considerado una pieza clave en la presunta trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones ilegales vinculadas al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
Caso Hidrocarburos
Conectada también con el Caso Koldo, esta causa investiga un presunto fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos mediante empresas fantasma y facturación falsa. Está liderado de nuevo por Aldama y por su socio Claudio Rivas, propietario y principal responsable de Villafuel.
Los investigadores concluyen que se destinaron «un millón de euros a comprar la voluntad» de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y otros cargos públicos.
Caso Fiscal General
El Tribunal Supremo condenó el pasado 20 de noviembre al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
También fue condenado a una multa de 7.200 euros y a que indemnice a González Amador en concepto de daños morales con 10.000 euros.
La sentencia supuso un hito sin precedentes en la democracia española al convertirse en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España.
Caso Begoña Gómez
Los casos de corrupción del PSOE también afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid mantiene imputada a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
El Juan Carlos Peinado investiga si su posición en la Moncloa sirvió para beneficiarse personalmente y de mediación en la adjudicación de contratos a favor de la empresa de Juan Carlos Barrabés al encontrar las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez.
Barrabés obtuvo contratos millonarios de la empresa pública Red.es, los cuales fueron financiados por fondos europeos.
Caso David Sánchez
El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado esta semana visto para sentencia. El proceso ha concluido tras siete sesiones, más de 40 de testigos, siete acusaciones populares y las declaraciones de los acusados contestando únicamente a sus abogados.
La defensa pide la libre absolución, igual que la fiscalía, mientras que las acusaciones, excepto Manos Limpias, piden seis años de prisión para Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, cuatro para Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y dos para Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa.
Caso Mediador/ Tito Berni
El Caso Mediador, también conocido como el caso del Tito Berni, sobrenombre que recibía Juan Bernardo Fuentes Curbelo, saltó a la luz en febrero de 2023. El exdiputado del PSOE fue detenido como presunto líder de la trama que ofrecía ventajas a empresarios a cambio de sobornos y subvenciones públicas.
La jueza de Santa Cruz de Tenerife procesó el pasado mes de febrero a 23 personas por nuevo posibles delitos desde cohecho a tráfico de influencias y estafa, entre los que se encuentran el Tito Berni, su sobrino, Taishet Fuentes, también exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias «el Mediador» y Francisco Espinosa, el general retirado de la Guardia Civil.
