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La Comisión Europea cierra el capítulo de validación de la compra del Popular y ratifica que ésta no infringe la normativa comunitaria de competencia

Bruselas tarda dos meses en dar el ok definitivo a la compra del Popular. La nueva sede del Popular, en Madrid. ED/EFE/archivo

Barcelona, 08 de agosto de 2017 (16:50 CET)

Dos meses. Este es el tiempo que la Comisión Europea (CE) ha tardado en dar el sí definitivo a la compra del Popular por Banco Santander. Este martes Bruselas ha ratificado que esta operación, por la que la entidad española fue vendida por un euro a uno de los grandes bancos del país, no infringe las normativas europeas de competencia. Se cierra así el proceso de validación iniciado por la CE el pasado 7 de junio, día de la intervención.

En el comunicado emitido por Bruselas se argumenta que las cuotas de mercado conjuntas de los dos bancos no superan el 25% y que, por tanto, seguirá existiendo una competencia efectiva en las regiones afectadas. La CE explica que ha investigado los efectos de la operación en los mercados nacionales y regionales de España y Portugal, en todos los servicios implicados: banca minorista y empresarial, arrendamiento financiero, gestión de deudas con descuento y servicios de cajero automático.

A pesar de que Bruselas ha tardado dos meses en autorizar de manera definitiva la operación, hay que tener en cuenta que ésta no se habría producido, en la manera que se hizo, sin las propias autoridades comunitarias. El 6 de junio el Banco Central Europeo (BCE) calificó al Popular como una “entidad inviable o con probabilidad de serlo” en una comunicación con destino a la Junta Única de Resolución (JUR). Esto organismo, creado tras la crisis financiera global, dictaminó la resolución del banco presidido por Emilio Saracho.

Comisión Europea: la operación se ajusta a la normativa comunitaria

Pocas horas después, fue la propia CE quien dio su visto bueno a la venta por el precio simbólico de un euro de 100% de los títulos de Banco Popular, acogiéndose al reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Con este paso, los accionistas y tenedores de deuda perdieron de manera automática sus inversiones en el banco español.

Demandas en Europa

Esta pérdida masiva de capital ha desembocado en una avalancha de demandas colectivas impulsadas por los antiguos accionistas. Además, se calcula que en torno a 6.000 de ellos ya han presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque menos de una decena son los que tratan de sacar la mayor tajada del embrollo.  

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