Los preferentistas de BPA perderán todo su dinero

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Los saldos de los clientes sospechosos de blanqueo, que no hayan acreditado el origen del dinero, se destinarán a reducir las pérdidas

La sede central de la Banca Privada de Andorra (BPA), en una imagen de archivo EFE/Nando

Barcelona, 26 de abril de 2016 (01:00 CET)

Los activos "sanos" de Banca Privada de Andorra (BPA) han pasado a Vall Banc, entidad que la semana pasada fue adjudicada al fondo de inversión norteamericano JC Flowers, pero esto no supondrá la inmediata desaparición de la vieja BPA, que se mantendrá con cierta actividad hasta su liquidación, un proceso que puede durar años.

La Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) sitúa las pérdidas del proceso de resolución de BPA en 103 millones de euros, una vez amortizados los cerca de 210 millones de capital social del banco, así como sus instrumentos híbridos y deuda subordinada.

Los preferentistas pagan el pato

Con estos dados, desde la plataforma de afectados de BPA se advierte que los clientes con preferentes acabarán pagado "las pésimas decisiones" del gobierno de Toni Martí, contra el cual presentaron una demanda de acción colectiva por los posibles daños y perjuicios ocasionados por la intervención y posterior venta del banco.

Estas fuentes indican que los clientes con preferentes "lo perderán todo". El volumen de estos productos alcanzaba los 64 millones de euros, que tal como temían se han destinado a reducir las pérdidas del proceso de resolución de BPA.

La AREB echará mano a los administradores

Para cubrir los 103 millones de pérdidas, la AREB piensa echar mano a los anteriores administradores (los hermanos Higini y Ramon Cierco controlaban el 75% del accionariado), a los directivos que resulten condenados y, también, a los depósitos de clientes supuestamente ilícitos que todavía se mantienen a BPA.

Estos clientes ilícitos estarían en la lista de 923 titulares de cuentas sospechosos de blanqueo o que no han acreditado debidamente el origen de los fondos, tal como detectó una auditoria de PricewaterhouseCoopers encargada por el gobierno.

Fuentes de la plataforma de afectados apuntan que se podrían incluir los saldos de aquellos clientes que todavía no han efectuado una regularización con las agencias tributarias de sus respectivos países. Algunos se pueden encontrar ante el dilema de renunciar al dinero o ser descubiertos por Hacienda.
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