Alcoa: el Gobierno se aleja de la intervención y fuerza «el diálogo»
El auto del TSXG que prohíbe a Alcoa paralizar el cierre de las cubas da alas al Gobierno, que apuesta ahora por el diálogo tras amagar con la intervención
La ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante una visita a la planta de Mercedes Benz. Foto: Efe/Jon Rodriguez Bilbao
Si bien tanto la ministra de Industria del Gobierno Sánchez, Reyes Maroto, como otros miembros del Ejecutivo central, entre ellos la propia Yolanda Díaz, indicaron, en las últimas semanas, que una intervención pública de la planta de Alcoa en San Cibrao era una posibilidad más que plausible debido al empeño de la multinacional americana de cerrar la única factoría de aluminio primario que queda en España, a día de hoy esta no parece la solución más deseada por la administración pública.
Este miércoles, los trabajadores de A Mariña ganaron un importante punto de partida en su lucha contra el gigante de Roy Harvey. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio a conocer el fallo sobre las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos, que pedían suspender el ERE en marcha para 525 trabajadores y, sobre todo, dejar sin efecto la parada de las cubas de electrolisis. El auto de los magistrados concluye que no es posible obligar a Alcoa a suspender el proceso de regulación de empleo en marcha y, por tanto, paralizar los despidos. Sin embargo, sí prohíbe a la compañía ejecutar la hibernación de las cubas. Su mantenimiento «deviene imprescindible en el caso hipotético de la inmediata readmisión que se derivaría de una declaración de nulidad del despido colectivo”, puesto que el apagado de las cubas electrolíticas, “aun no siendo un proceso irreversible, se ofrece complejo, costoso y dilatado en el tiempo, acarreando, en suma, graves perjuicios a los trabajadores”.
¿Puede despedir Alcoa?
La noticia fue acogida por el comité de empresa por varias razones. La primera, porque les lleva a pensar que hay motivos para que el ERE sea, finalmente, declarado nulo. Lo segundo, porque aunque ahora Alcoa puede ejecutar los despidos si así lo considera, el mantenimiento activo de las cubas obliga a contar con un elevado número de trabajadores. La parte social estima que «el 90% de la plantilla es necesaria para no parar las cubas«. Según se explicó en la propia vista cautelar, celebrada hace una semana en A Coruña, la reactivación de las cubas en la fábrica de A Mariña tardaría meses (en algunos casos Alcoa ha tardado casi un año en reactivar estos dispositivos). Además, generarían unos costes estimados de unos 40 millones de dólares.
El auto sirvió para que el Ministerio de Industria, que llevaba varias semanas en silencio, volviese a hablar. En esta ocasión no lo hizo para amenazar con una intervención de la factoría de Cervo, pretendida por el conglomerado británico GFG Alliance, sino para indicar que sigue «tendiendo la mano» a Alcoa en busca de un acuerdo «que dé soluciones a la planta de San Cibrao». Las manifestaciones hechas por la Xunta de Galicia fueron en la misma línea. Si bien insistió en que, si no se alcanza un acuerdo, solicitará al Gobierno central la intervención de la planta, indicó que el fallo judicial debería ser «un punto de inflexión» que invite a la compañóa a «recapacitar» y acceder a la venta.
¿El Gobierno quiere la nacionalización?
No solo por estas declaraciones, que rebajan el tono más beligerante de las últimas semanas, se deduce que la intención de las administraciones es evitar la intervención pública forzosa. Entre las peticiones solicitadas de forma cautelar por los sindicatos también se encontraba la de intervenir de forma temporal la planta mientras dure el proceso de impugnación del despido colectivo y se dicte sentencia firme. El tribunal indica que es «desproporcionado» otorgar a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) la administración de la planta de aluminio. No obstante, sí opina que una intervención puntual, para supervisar que las cubas no se paralizasen, sería «una medida alternativa igualmente eficaz y menos perjudicial» para los intereses de la empresa».
Sin embargo, el auto recuerda que esta decisión no concuerda con la situación procesal de la Abogacía del Estado, que estaba personada en el juicio como parte interesada. Así, destacó que la representación legal del Ministerio de Industria indicó en el juicio que no acudía allí como representante de la SEPI y que consideraba desproporcionada «la administración o intervención judicial de la planta».
Adiós a los planes de Alcoa
De momento, Alcoa se ha limitado a manifestar que «acata el fallo«, que está «analizando«. La decisión del tribunal trastoca sus planes, ya que la propia compañía comunicó el pasado mes a los mercados que su intención era abordar la parada de cubas con el inicio del año. La multinacional estimó que los costes de la reestructuración laboral aparejada con el desmantelamiento de la fábrica ascenderían a unos 35 millones de euros que contabilizaría en el cuarto trimestre del año y que se pagarían en la primera mitad del año que viene.
El auto del TSXG cambia los planes de Alcoa. No sólo no puede parar las cubas (lo que asegura que le genera unas pérdidas de un millón de dólares a la semana), sino que, si finalmente, el ERE es considerado nulo, el Gobierno podría activar la maquinaria necesaria para reclamarle las ayudas millonarias por emisiones de C02 que percibió en los últimos años.
En todo caso, la dificultad no se encuentra tanto en que Alcoa acceda a vender la fábrica de aluminio primario, sino en que se comprometa a firmar con su eventual comprador (Liberty House) un acuerdo a largo plazo de suministro de alúmina con su otra planta en A Mariña.
