El Gobierno apunta a Navantia y los astilleros privados como grandes beneficiados de la eólica marina
Aunque establece varias medidas para compensar al sector pesquero, no son obligatorias para los proyectos, ya que considera que los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, muy criticados en Galicia, garantizan la compatibilidad de las actividades
Jackets para eólica marina en el astillero de Navantia en Fene / Navantia
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El Gobierno ha alumbrado la normativa de las subastas de eólica marina, el mecanismo que permitirá desarrollar los parques frente a la costa española y que entra en fase de alegaciones. El Real Decreto complementa la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y tiene el difícil objetivo de satisfacer a colectivos que han interpretado desde cierto antagonismo el desarrollo de esta tecnología: los propios promotores y el sector pesquero. Entre unos y otros presentaron cerca de 40 alegaciones a la consulta pública que lanzó en 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica.
El proyecto de real decreto reafirma la ruta que ya tenía fijada Teresa Ribera entonces, en la que se marca un objetivo de potencia instalada de eólica marina de 1 a 3 GW en 2030 y de 40 MW a 60 MW para las energías del mar. El Gobierno incorpora algunos elementos mitigadores del posible impacto que tengan los parques en la pesca, sector en el que saltaron todas las alarmas cuando se aprobaron los POEM. La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, que agrupa a flota de Andalucía, Canarias y el Cantábrico, incluso llevó al Supremo la ordenación marítima, que establece las zonas preferentes para la implantación de la eólica offshore.
Transición Ecológica parte de la premisa de que los espacios definidos en los POEM permiten minimizar el impacto ambiental y maximizar la compatibilidad con otros usos del mar, tal y como señala en el preámbulo de la nueva norma.
Pese a ello, establece como un elemento a valorar en los proyectos las «medidas de compatibilidad con otros usos y actividades del medio marino, como la pesca, o el apoyo directo a estos sectores«. También incorpora una fase de «diálogo público-privado» posterior a la convocatoria de las subastas en la que pueden intervenir los actores afectados y en la que se podrían modificar aspectos como las zonas para la instalación de aerogeneradores o la potencia.
Sin embargo, ni ofrecer compensaciones o medidas de compatibilidad para la flota es una exigencia imprescindible para los promotores, ni el Ejecutivo tendrá la obligación de abrir esta fase de diálogo tras la convocatoria de las subastas, según el documento.
Impacto industrial
Las subastas ideadas por el Gobierno tienen como principal característica que otorgarán en un mismo proceso la reserva de la capacidad de acceso a la red y la concesión del dominio público marítimo-terrestre por un máximo de 30 años. Los criterios no económicos pesarán en la valoración de los proyectos hasta un 30%, mientras que el resto de la puntuación estará vinculada, fundamentalmente, al precio por la energía generada, así como a la solvencia técnica y económica de los promotores.
Entre los aspectos a valorar está la «creación de empleo e industria locales», la «participación de pymes» o «el apoyo a otros sectores económicos», pues la vocación del Ejecutivo es generar tejido industrial y puestos de trabajo vinculados al desarrollo de la eólica marina. Hasta 40.000 calculan que creará esta tecnología hasta 2030, según trasladó el Ministerio en un comunicado.
El departamento de Teresa Ribera considera que uno de los grandes beneficiados de la implantación de los parques serán astilleros como Navantia, que ya construye en Fene componentes para eólica marina. «Se dispone de una industria de construcción naval con gran tradición y un sector marítimo-portuario fuerte que pueden encontrar en este mercado nuevas oportunidades de negocio, al complementar su actividad mediante la construcción de estructuras y la fabricación de componentes para la eólica marina flotante», dice la memoria sobre el impacto económico de la normativa.
Añade el documento que los astilleros podrán «ampliar su potencial cartera de pedidos de buques de apoyo para la instalación y operación de las instalaciones». «Todo ello tendría un efecto tractor para el conjunto de la industria auxiliar y los suministradores de equipos y servicios», concluye.
El análisis sobre el impacto normativo del Real Decreto también sitúa como uno de los objetivos de Teresa Ribera la «creación de empleo cualificado, en particular en zonas rurales costeras donde en general no hay una gran prevalencia de industria».
