El candidato electo a presidir el nuevo gobierno, en su primera comparecencia ante la ciudadanía, consecuentemente ante los mercados que aguardan también sus palabras, debe enviar un mensaje inequívoco de comprensión de la realidad y de determinación en afrontar con urgencia los problemas. Su objetivo debe ser por igual trasmitir confianza a los ciudadanos y tranquilidad a los mercados que deberían reflejarse el mismo 21N.
Para ello, debería trasmitir el firme compromiso, al mismo tiempo que tiende a la cooperación con el resto de fuerzas políticas, en que centrará sus actuaciones, por un lado, en mantener las políticas que garanticen la universalidad de la sanidad, la educación, y las pensiones; y por el otro, en desplegar su acción de gobierno en tres ejes: el primero es dinamizar la económica y la creación de empleo; el segundo incrementar la dotación del capital humano; y el tercero ajustar la administración pública y establecer un nuevo modelo de ordenación territorial y gobierno.
En concreto, debería trasmitir su compromiso fehaciente y creíble tanto, en cumplir los objetivos de déficit, como en desarrollar, en los primeros seis meses, las reformas estructurales precisas que permitan dotar al modelo productivo de mayor flexibilidad y adaptabilidad a los ciclos económicos; facilitar los ajustes para adaptarlo a la requerida substitución de la demanda pública por la privada y la interior por la exterior, en un contexto de operaciones con niveles menores apalancamiento.
Aplicar las políticas capaces de dinamizar y potenciar un modelo industrial ajustado a la economía del conocimiento, es decir que combina industrias intensivas en conocimiento e industrias intensivas en mano de obra; e incrementar la dotación del capital humano para recuperar la ocupabilidad de los parados y garantizar la de los activos.
Estas líneas de actuación deberán encuadrase en la disponibilidad/aceptación de un incremento de la cesión de competencias a Bruselas para mejorar la coordinación económica de la Unión, la cual implicaría avanzar en una mayor supervisión de los proyectos de los presupuestos de los Estados miembros, un incremento del control del déficit, y finalmente en una harmonización fiscal.
