La coalición del no. El coste de la desconfianza

Toda sociedad avanzada descansa sobre una serie de pactos que a cada cual le cuestan algo y que, aun así, suscribe. Renuncio a tomarme la justicia por mi mano y acato lo que dicte un tribunal. Acepto que suba el precio de tu trabajo y tú aceptas que suba el del mío. Aguanto que me digas algo ofensivo a cambio de poder decírtelo yo. Cargo con el bloque de pisos que me tapa las vistas porque tú cargarás con el que tapa las tuyas. Pago unos impuestos que podría eludir porque doy por hecho que tú también los pagas.

Llamémoslo la coalición del sí. Cada uno de esos pactos supone una pérdida pequeña para quien lo firma. En conjunto, son lo que nos ha permitido pasar del clan a la sociedad compleja: mercados anónimos, bienes públicos, y carreteras y trenes que atraviesan las fincas de miles de desconocidos.

Se ve con nitidez allí donde no existe, donde nadie hace negocios más allá de la familia debido a los altos costes de transacción. La desconfianza no es allí un defecto de carácter: es la respuesta sensata a un entorno hostil.

Lo que quiebra la coalición del sí es siempre la extracción. El caso clásico es la corrupción: alguien se apropia del excedente que genera el pacto y los demás se parapetan. Cada cual defiende lo suyo y el país entero se enreda en un juego de suma negativa.

Existe una segunda extracción, algo más sutil. Las élites de posguerra recibieron un enorme poder discrecional para perseguir fines colectivos con medios que la ciudadanía no habría escogido. El problema surgió cuando algunas emplearon dicha discrecionalidad para imponer sus propios fines ideológicos.

Si sospecho que el programa público acabará costeando la última ocurrencia ideológica del gobierno de turno, prefiero quedarme sin programa y pagar menos impuestos.

España padece las dos a la vez, y de ahí surge la coalición del no. Si sospecho que el programa público acabará costeando la última ocurrencia ideológica del gobierno de turno, prefiero quedarme sin programa y pagar menos impuestos. Si una parte puede insultar impunemente y la otra no, ambas acaban reclamando restricciones en lugar de libertad de expresión. Y si el vecino no va a tragar jamás con un edificio junto a su casa, ¿por qué habría de aceptarlo yo?

Francis Fukuyama bautizó esta realidad como la vetocracia, un sistema, fruto de la desconfianza, en el que sobran actores con capacidad de bloqueo y falta alguno con capacidad de decisión. Una promoción de vivienda necesita el visto bueno del ayuntamiento, de la comunidad autónoma y de media docena de informes sectoriales; con un solo no, decae. Arriba ocurre lo mismo: unos presupuestos de 2023 prorrogados ejercicio tras ejercicio. Ya no negociamos; nos vetamos.

La salida es fácil de enunciar y difícil de aceptar: volver a pactar en positivo y entregar cada bando parte de su espada. Más radares a cambio de límites más altos en autovía. Suelo edificable en mi barrio a cambio de suelo edificable en el tuyo. Menos discrecionalidad administrativa a cambio de reglas generales que se cumplan de verdad. Mientras las élites no entiendan que su oficio consiste en contener sus propios gustos para gobernar para todos, seguiremos descivilizándonos con las mejores intenciones.