Polonia ya nos adelanta y aquí seguimos discutiendo el reparto del pastel

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que este año la renta por habitante de Polonia superará a la española medida en paridad de poder adquisitivo. En 2005 la renta polaca por habitante era la mitad de la española. En Varsovia llevan veinte años creciendo más deprisa.

Ese es el hecho que la política económica española lleva una década esquivando. Aquí se discute cómo repartir la renta —salario mínimo, ingreso mínimo vital, tipos marginales, revalorización de las pensiones— y casi nunca cómo aumentarla.

Tomemos dos países con una renta media de 30.000 euros. El primero apuesta por la redistribución de la renta y consigue que su 10% más pobre ingrese 13.500 euros al año, el 45% de esa media. El segundo se queda en 10.500 euros, el 35%, una brecha mayor que la que hoy separa a Suecia de Estados Unidos. Sin embargo, supongamos que el primer país –más igualitario– crece al 1% anual, frente al 2% del segundo, y en los dos casos el reparto interno se mantiene constante. Diez años después, el pobre del país igualitario gana 14.900 euros y el del país desigual, 12.800. Ambos se cruzan hacia el año veintiséis, en torno a los 17.500 euros. En el año cincuenta, el pobre de la economía desigual ingresará 28.300 euros frente a los 22.200 del país igualitario. Seis mil euros anuales de diferencia a favor de quien vivió donde peor se repartía.

España lleva años en el carril lento de esa aritmética. Su PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo cerró 2025 en el 92% de la media de la UE-27, el mismo nivel que en 2018. No es un problema de crecimiento agregado: entre 2023 y 2025 la economía española avanzó un 9,7%, más del triple que el 3,1% europeo, pero la convergencia sólo mejoró un punto. Hemos crecido añadiendo trabajadores, no haciéndolos más productivos. La productividad por hora trabajada ha subido un 1,9% en siete años y sigue un 14% por debajo de la media comunitaria. Con la productividad plana, el PIB puede correr lo que quiera: la renta por habitante no se mueve.

La respuesta habitual es que un país que converge tan despacio necesita redistribuir más, no menos. La experiencia reciente invita a la prudencia: con el gasto social en máximos históricos, uno de cada cuatro españoles sigue en riesgo de pobreza o exclusión, una de las tasas más altas de la Unión. Las transferencias reparten mejor la renta que existe, pero no generan la que no se ha producido. El coste de crecer un punto menos no figura en ningún presupuesto porque es dinero que nunca llegó a existir.

Tampoco sirve cualquier crecimiento. Añadir ocupados a sectores de bajo valor añadido engorda el PIB y deja plana la renta por habitante: ese ha sido el patrón español de los últimos años. El crecimiento que cuenta es el de la productividad: más capital por trabajador, empresas que puedan superar los cincuenta trabajadores sin que la regulación se lo cobre, energía y normativa que no penalicen a quien invierte, oferta de vivienda allí donde están los buenos empleos y un sistema educativo que no siga dejando a los adultos españoles por debajo de la media de la OCDE en competencias básicas.

Nada de esto se nota en una nómina antes de las próximas elecciones, y por eso pierde siempre frente al debate del reparto. Dentro de veinticinco años nadie recordará qué se aprobó en 2026, pero quien entonces esté en la parte baja de la escala vivirá, sin saberlo, de la productividad de hoy.