No le llamemos fatalidad cuando es incompetencia negligente con resultado de muerte

Si uno escucha al aún ministro Óscar Puente, objetivamente el peor en su materia que España ha tenido en toda su historia, una especie de maldición parece haber caído sobre nuestro sistema ferroviario. Al escucharlo, tanto en Adamuz como ahora en Urda, todo es accidental, inexplicable, incomprensible… y además es prácticamente imposible que se repita, aunque luego la terrible realidad le desmienta.

Lo cierto es que los accidentes ferroviarios no son fruto del azar o de un mal de ojo si no que son el resultado de una gestión nefasta y que las desgracias sucedidas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podrían haber sucedido en cualquier parte de la red.

Tres aspectos han provocado el colapso del servicio ferroviario en España: la corrupción, los gestores inadecuados y la falta de inversión. No son tres bloques aislados si no interconectados entre sí.

En materia de corrupción hay que tener presente que José Luis Ábalos, antecesor en el cargo de Óscar Puente, es el primer ministro de la historia de la democracia encarcelado por acciones delictivas cometidas en ejercicio de su cargo. Una de esas acciones, en este caso, aún bajo investigación es el incremento de coste del soterramiento del tren en Sant Feliu de Llobregat tras una llamada de Koldo a la entonces presidenta de ADIF, Pardo de Vera. El dinero que se distrajo para el bolsillo de los más cercanos colaboradores del presidente del Gobierno, Ábalos, Cerdán y Koldo fue en menoscabo de otras necesidades… ¿Entre ellas la seguridad ferroviaria?

Pero para que haya corrupción debe haber gente sin escrúpulos puesta en lugares clave, uno de ellos fue Koldo que llego a ser miembro del consejo de RENFE Mercancías y de Puertos del estado. Sus méritos fueron custodiar avales de Sánchez y realizar funciones de alcahuete para Ábalos. Una persona incapaz de entender la complejidad del sistema ferroviario y que tiene como función principal amedrentar a cargos de organismos públicos para lograr mordidas está poniendo las bases para que la vía en Adamuz o el sistema de seguridad en Urda no estén en condiciones de soportar un tren de 10 vagones a casi 300 kilómetros por hora. ¿Cuántos puntos más de la red ferroviaria están en la situación de Adamuz o Urda? No lo sabe nadie…

El mensaje es claro: la incompetencia tiene premio.

La ministra que brevemente sucedió a Ábalos, Raquel Sánchez, se hizo celebre por adquirir unos trenes que no cabían en los túneles, al cesar como ministra fue destinada a presidir la red de Paradores y ahora es la cabeza de lista del partido socialista al Senado por la provincia de Barcelona. El mensaje es claro: la incompetencia tiene premio siempre que venga acompañada de lealtad inquebrantable al líder.

En materia de gestión incompetente Cataluña no ha sufrido las fatales consecuencias de Castilla-La Mancha o Andalucía, pero encabeza el listado de incidencias. Desde la muerte en un maquinista en enero de este año aplastado por un muro que se derribó al paso de un tren de Cercanías, a la retirada de los trenes AVLO del corredor Madrid – Barcelona por «deficiencias técnicas», el incendio de una máquina de tren en Zaragoza o las 6.024 incidencias en Cercanías en lo que va de año además de los 669 trenes cancelados.

La Generalitat de Cataluña, tan socialista como el Gobierno central, calla. Solo se limita a solicitar la transferencia de Cercanías como si esto fuera una solución mágica. Su silencio es comprensible, si se quejan podría suceder que Illa fuera devorado por la ira tuitera de Óscar Puente.

Un accidente es un accidente pero cuando en octubre el 63,9% de los trenes de Cercanías en Cataluña han llegado tarde parece obvio que no estamos ante una fatalidad, estamos ante un abandono irresponsable, incapacidad, dejación de funciones, corrupción e incompetencia con resultado de muerte.

Los que hoy están al frente de las infraestructuras de nuestro país nunca fueron dignos de tal responsabilidad pero deben rendir cuentas ante la sociedad en general, las familias en concreto y ante la justicia por su dejación de funciones y su incompetencia.