Estados Unidos después de las midterms: Trump pierde el control del Congreso

A partir de ahora, el mandatario tendrá que enfrentarse a una oposición con capacidad efectiva para frenar su agenda

«El mantenimiento de las instituciones democráticas en los Estados Unidos se debe a las circunstancias, a las leyes y a las costumbres».

(Alexis de Tocqueville, La democracia en América)

Las elecciones legislativas de medio mandato celebradas el 3 de noviembre de 2026 han alterado profundamente el panorama político estadounidense. El resultado ha sido mucho más contundente de lo que anticipaban las encuestas: los demócratas han conseguido el control de las dos cámaras del Congreso, imponiendo a Donald Trump una importante derrota política a mitad de su segundo mandato.

La consecuencia fundamental es que Trump deja de disponer de la libertad legislativa de la que disfrutó durante los dos primeros años de su presidencia. Los demócratas han recuperado la Cámara de Representantes y el Senado, con victorias particularmente significativas en estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Kansas, Iowa, Carolina del Sur, Ohio y Carolina del Norte. La dimensión geográfica de estas victorias demuestra que el descontento ha ido más allá de los distritos electorales habitualmente disputados. El coste de la vida, la insatisfacción con la situación económica, la guerra con Irán y el rechazo a la gestión política de la Administración figuran entre los principales factores que explican el cambio electoral.

Un Congreso de oposición y una presidencia condicionada

A partir de enero de 2027, cuando tomen posesión los nuevos representantes y senadores, Trump se enfrentará a una realidad institucional sustancialmente diferente. En la Cámara de Representantes, los demócratas podrán controlar la agenda legislativa, presidir las comisiones parlamentarias, citar a responsables de la Administración, exigir documentación e iniciar investigaciones sobre las decisiones presidenciales. En el Senado, la nueva mayoría tendrá capacidad para bloquear nombramientos judiciales y administrativos, condicionar la confirmación de altos cargos gubernamentales y dificultar la aplicación de las prioridades de la Casa Blanca.

Esto no significa, sin embargo, que Trump haya perdido sus poderes presidenciales ni que esté incapacitado para gobernar. La Constitución estadounidense otorga al presidente importantes competencias ejecutivas, entre ellas la dirección de la política exterior, el mando de las Fuerzas Armadas y el poder de veto sobre la legislación aprobada por el Congreso. Pero, a partir de ahora, tendrá que enfrentarse a una oposición con capacidad efectiva para frenar su agenda. La financiación de la Administración, la aprobación de los presupuestos, la política fiscal y el límite de la deuda federal pueden convertirse en instrumentos de presión y en fuentes recurrentes de confrontación institucional.

No cabe descartar la apertura de investigaciones parlamentarias e incluso nuevas iniciativas de destitución (impeachment), aunque una eventual condena y destitución presidencial exigiría una mayoría de dos tercios en el Senado, un escenario políticamente mucho más difícil. Lo más probable es que los dos últimos años de la presidencia estén marcados por una relación de tensión permanente entre la Casa Blanca y el Congreso.

La economía será uno de los principales terrenos de confrontación. Trump tendrá que demostrar que es capaz de mejorar el poder adquisitivo, controlar los precios y crear condiciones favorables para el crecimiento. La victoria demócrata constituye también una advertencia sobre los límites de la movilización electoral en torno a la personalidad del presidente. Una parte del electorado que le otorgó su confianza en 2024 parece haberle retirado ahora su apoyo, no necesariamente por adhesión a la alternativa demócrata, sino por su insatisfacción con los resultados concretos de la gestión gubernamental.

Israel: una alianza bajo presión

La relación con Israel constituye otra prueba. La cooperación militar, los intereses estratégicos y el intercambio de inteligencia sustentan una alianza que va mucho más allá de la afinidad personal entre Trump y Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la inestabilidad política israelí y la evolución de los conflictos regionales pueden limitar la convergencia entre Washington y Jerusalén.

Las elecciones israelíes del 27 de octubre no produjeron, en el momento de redactar este análisis, una mayoría gubernamental clara. Las proyecciones apuntaban a 53 escaños para el bloque de derecha asociado a Netanyahu, 48 para el bloque opositor y alrededor de 19 para los partidos árabes. Sin alcanzar los 61 diputados necesarios, Netanyahu tendrá que negociar apoyos o buscar una coalición más amplia. De lo contrario, Israel podría afrontar un periodo prolongado de bloqueo político.

Trump tendrá ahora menos margen interno para desarrollar una política exterior sin rendir cuentas al Congreso. La cuestión iraní hace que este equilibrio sea todavía más delicado: una escalada aumentaría los costes militares y económicos para Estados Unidos y proporcionaría a la oposición nuevos argumentos para cuestionar a la Administración. Por el contrario, un acuerdo sostenible permitiría al presidente presentar un resultado diplomático. Ninguno de estos desenlaces depende exclusivamente de Washington. 

La sucesión y el futuro del movimiento

Constitucionalmente impedido para aspirar a un tercer mandato, Trump intentará consolidar su legado e influir en la elección del próximo candidato republicano. Entre los nombres más destacados figuran el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Vance cuenta con la proximidad al núcleo trumpista y podría presentarse como continuador de la agenda de soberanía nacional, control migratorio y revisión de las prioridades exteriores. Tendrá, no obstante, que demostrar que es capaz de movilizar una base electoral propia y, sobre todo, ampliar el electorado más allá del núcleo más fiel al presidente.

Rubio aporta experiencia diplomática y un perfil institucional, pero deberá demostrar que esa posición es compatible con las expectativas del electorado MAGA. Ron DeSantis y Donald Trump Jr. también podrían entrar en la disputa. El respaldo del presidente será importante, pero no garantizará la victoria: cada candidato necesitará autonomía, alianzas internas y capacidad para atraer a los electores que ahora se han distanciado del Partido Republicano.

La derrota en las elecciones de medio mandato complica esa sucesión. Un movimiento político que parecía beneficiarse de la fuerza prácticamente incontestada de su fundador tendrá ahora que demostrar que puede sobrevivir a una derrota electoral de esta magnitud. Vance y Rubio deberán encontrar un equilibrio entre la fidelidad al legado de Trump y la necesidad de construir una identidad política propia.

El trumpismo puede sobrevivir, al menos parcialmente, a su fundador. La identificación personal con Trump será difícil de reproducir, pero algunas de sus ideas —soberanía nacional, restricción de la inmigración, desconfianza hacia las élites tradicionales y prioridad de los intereses estadounidenses— podrían permanecer en el Partido Republicano. La cuestión será determinar si el movimiento consigue institucionalizarse, formar nuevos dirigentes y desarrollar propuestas propias, en lugar de depender de una única personalidad.

«El presidente seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029, pero ha perdido el control político del Congreso»

Las elecciones del 3 de noviembre han sido, por tanto, mucho más que una disputa parlamentaria. Han representado un voto de censura a la gestión política de Trump y han demostrado que, incluso en un sistema profundamente polarizado, el electorado conserva la capacidad de corregir el rumbo del poder. El presidente seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029, pero ha perdido el control político del Congreso. Tendrá que elegir entre la negociación y la confrontación permanente, sabiendo que esta última opción podría agravar la parálisis institucional y comprometer su legado.

La verdadera prueba comienza ahora: comprobar si Trump es capaz de gobernar sin el apoyo del Congreso o si sus dos últimos años estarán dominados por la confrontación con unas instituciones que ya no están bajo su control.

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