Con esperar a que se concretara la operación hubiera bastado, pero la precipitación de Fergo Aisa en comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la firma de un presunto contrato para la construcción de 20.000 viviendas en Colombia ha puesto en evidencia la credibilidad de los responsables de esta inmobiliaria, con su presidente Carlos Fernández a la cabeza.
Las negociaciones existen y hasta es probable que, a partir del 1 de enero, se firme el acuerdo, una vez que el alcalde electo de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez, asuma el cargo. Pero lo que no tiene pase alguno es dar por hecho algo que realmente no ha sucedido, provocando que la cotización bursátil de Fergo Aisa se disparara el 56,25% en la primera sesión posterior al anuncio del supuesto acuerdo.
Toda esta rocambolesca historia se inició el pasado viernes 25 de noviembre, minutos después de una reunión en Barcelona entre Carlos Fernández y Donamaris Ramírez, una más de las mantenidas durante su gira por España por el alcalde electo de Cúcuta en busca de inversiones. A Fernández le bastó.
En un hecho relevante comunicado a la CNMV, ponía su firma al pie de un texto en el que se aseguraba que “el alcalde electo de la ciudad colombiana de Cúcuta (departamento del Norte de Santander), Donamaris Ramírez, ha adjudicado a Fergo Aisa la construcción de 20.000 viviendas de interés social que supondrá unos ingresos aproximados de 450 millones de euros”. Nada más lejos de la realidad.
Bastó que algunos medios de comunicación pusieran en duda la veracidad de esta información para que el pasado 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada, Fergo Aisa tuviera que reconocer que ese acuerdo no existía ante la suspensión de negociación bursátil de sus acciones por parte de la CNMV.
El propio alcalde reiteraba que no había acuerdo alguno firmado con Fergo Aisa para la construcción de vivienda de interés social o vivienda prioritaria en Cúcuta, dado que todavía no estaba en disposición legal de suscribir convenios de esa naturaleza. “Me he reunido con más de 25 empresas constructoras en España y no he firmado nada».
«Me ratifico en eso. Es algo que debe quedar claro. Y si es esta u otra empresa la que quiere llegar o son varias las que quieren invertir, pues bienvenidas, que lleguen”, comentaba Ramírez al volver a Colombia. Sí reconocía, no obstante, que había hablado con la constructora catalana acerca de la importancia de establecer una empresa de kits de vivienda prefabricada.
En esa nota de rectificación, tras reconocer que “de momento no existe acuerdo firmado entre las partes”, Fergo Aisa se ratificaba en todo lo relativo al proyecto de Cúcuta, y que el acto formal de firma del acuerdo se produciría en enero cuando el alcalde de esta ciudad colombiana tome posesión de su cargo.
Todo ello en base a que, según Fergo Aisa, el edil había expresado su compromiso de ofrecer la construcción de las viviendas “en los terrenos que los propietarios aportarán en el primer trimestre de 2012 a una fiducia, tal y como establece el acuerdo marco que Fergo Aisa tiene firmado con la Fundación Funcasol para la construcción de hasta 150.000 viviendas en Colombia”.
Además, en aras a recuperar la credibilidad perdida, ofrecía detalles concretos acerca de la operación. Entre ellos, que el montaje de una fábrica donde producir los paneles modulares de hormigón con los que se edificarán las casas tarda unos seis, que se iniciaría a finales de enero y que su coste asciende a 18 millones de dólares (unos 13,4 millones de euros), financiada al 80% por la financiadora pública colombiana Findeter y el resto con recursos propios.
También recogía la nota de Fergo Aisa el modo en que se financiaría cada vivienda –de unos 55 metros y un precio de unos 60 millones de pesos (aproximadamente 25.000 euros)–, que pasaría por la aportación del 10% por parte de los adjudicatarios, una subvención a fondo perdido del 25% del Fondo Nacional del Ahorro, otro 25% en subsidios respaldados por la Fundación Funcasol y el 40% restante en un crédito hipotecario a un interés preferencial.
