Poder y discrecionalidad: por qué la corrupción política es un problema endémico en España 

La supuesta trama de mordidas en obra pública encabezada por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el hasta ahora número tres del PSOE, Santos Cerdán, han vuelto a poner sobre la mesa uno de los problemas endémicos de la política española: la corrupción urbanística. Este fenómeno, que parece haber echado raíces profundas en las estructuras de poder, afecta a todos los niveles de la administración pública. Mientras la Audiencia Nacional sigue investigando casos emblemáticos como ‘Púnica’ y ‘Lezo’ o las presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia, las noticias de los últimos días reafirman que la lacra de la corrupción sigue latente. 

Un estudio realizado por José Abreu en 2022 para el Instituto de Investigación en Economía Aplicada Regional y Pública de la Universidad de Barcelona arroja datos alarmantes. Entre 2000 y 2020, España registró 3.743 casos judiciales relacionados con corrupción, lo que equivale a un caso de corrupción cada dos días. De estos, el 40,5% involucran al Partido Popular (PP) y el 38,3% al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sumando juntos más del 75% de los procedimientos abiertos. 

Aunque la opinión pública tiende a asociar la corrupción con las altas esferas del poder, la mayoría de los casos se localizan en el ámbito municipal, representando el 85% del total. La corrupción urbanística ocupa un lugar destacado, concentrando el 32,3% de los casos. Durante el auge inmobiliario de los años 90 y 2000, la concesión irregular de licencias y las operaciones especulativas proliferaron, generando inmensas plusvalías a través de recalificaciones de terrenos. Esta práctica no solo enriquecía a unos pocos, sino que también encarecía el precio del suelo y, por ende, de las viviendas. 

La tolerancia electoral hacia los políticos corruptos también contribuye a perpetuar el problema. Estudios como el de Fernández-Vázquez et al. (2016) sugieren que, en municipios donde la corrupción genera beneficios económicos a corto plazo, los votantes tienden a castigar menos estos comportamientos. Además, redes clientelares creadas con fondos malversados garantizan el apoyo electoral en muchas ocasiones. 

El poder (urbanístico) corrompe 

Otro factor que alimenta la corrupción es el control y la hiperreglamentación. La complejidad normativa dificulta la transparencia y fomenta el uso discrecional de exenciones, lo que da lugar a oportunidades de abuso de poder. Este círculo vicioso paraliza la administración, aumenta la ineficacia y deteriora aún más la confianza ciudadana, que al mismo tiempo exige más control y reglamentación. 

Como decía Lord Acton, “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe de manera absoluta”. En un medio totalmente intervenido como es el urbanismo, sería ingenuo pensar que no habrá corrupción. Políticos y burócratas se han erigido desde los años cincuenta en amos absolutos de nuestras propiedades inmobiliarias. El mercado del suelo en España no responde a las leyes de la oferta y la demanda, sino a las decisiones arbitrarias de un reducido grupo de personas. El mismo funcionamiento de nuestro Estado hipertrofiado, que reparte discrecionalmente prebendas regulatorias (permisos para construir o no) o cuantiosas partidas presupuestarias (obra pública) induce al político a monetizar el poder en beneficio propio. 

El mercado del suelo en España no responde a las leyes de la oferta y la demanda, sino a las decisiones arbitrarias de un reducido grupo de personas

Diversas propuestas han surgido para combatir la corrupción en España: endurecimiento de penas, reformas judiciales, mayor transparencia y regeneración de los partidos políticos. Sin embargo, una variable clave que pocos analistas consideran es el grado de libertad económica. Simplificar la regulación del suelo podría reducir las oportunidades de abuso y, a la vez, generar beneficios económicos. 

Una medida audaz podría ser la reducción drástica de las decisiones discrecionales de los políticos, especialmente en aspectos como las recalificaciones de terrenos y las adjudicaciones públicas. Esto no solo limitaría las oportunidades de corrupción, sino que también podría aligerar la carga fiscal sobre los ciudadanos. 

La transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho son imprescindibles para erradicar el problema de la corrupción que lastra el desarrollo de nuestro país. Pero reducir el poder discrecional de nuestros dirigentes y su capacidad para regular el suelo a su antojo sería un primer paso en la buena dirección.